Alarma una propuesta de expulsión rápida y sin juez en peticiones de asilo del Departamento de Seguridad Nacional
Los Ángeles — El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una regla propuesta que permitiría a Estados Unidos expulsar más rápidamente a algunos migrantes que buscan asilo y que se consideran” riesgos para la seguridad nacional o pública del país”. Sin embargo, activistas sostienen que esta propuesta va lastimar a más personas inocentes de lo que se propone.
Si se promulga tal como está escrita, la propuesta crearía una estructura para que algunos solicitantes de asilo vean rechazados sus casos a las pocas horas o días de ingresar al país, mientras aún se encuentran bajo custodia de la patrulla fronteriza y sin siquiera tener la oportunidad de hablar con un abogado o ver a un juez de inmigración.
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La nueva regla impediría que muchas personas que buscan asilo reciban una audiencia completa y justa sobre sus solicitudes, dijeron activistas. Esto permitiría a los funcionarios de asilo tomar determinaciones legales complicadas en la etapa inicial de detección de temor creíble y excluir rápidamente la protección en los casos en los que sospechan que pueden ser aplicables ciertas prohibiciones legales, en lugar de otorgarle a los jueces de inmigración esa tarea.
Si bien la administración promociona esta propuesta como un medio para “asegurar” la frontera, la norma no haría que nadie estuviera más seguro, aseguran los activistas pro inmigrantes. En resumen, sostiene que la práctica equivaldría a un desastre del debido proceso, acelerando las deportaciones injustas de refugiados a países donde enfrentan graves daños.
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Blaine Bookey, directora jurídica del Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS), dijo que la última propuesta de la administración marca otra traición vergonzosa a las promesas del presidente Biden en busca de beneficios políticos a corto plazo.
“Esta norma pondría en peligro las vidas de personas vulnerables que huyen de la persecución, sin hacer nada para abordar los verdaderos desafíos humanitarios y operativos en nuestra frontera sur. Hemos trabajado con muchos solicitantes de asilo que la nueva norma habría excluido”, sostuvo la activista.
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Recientemente Cifuentes pudo obtener el asilo político en Estados Unidos, lo que le hace acreedor a la residencia en un año.
Un ejemplo de la falla que esta propuesta puede tener, son aquellos casos que deben ser estudiados y confirmados, por ejemplo, el caso de Ángela, una mujer que fue asistida por CGRS. Su abusador aprovechó sus conexiones con la policía salvadoreña para intimidarla, lo que llevó a la emisión de cargos penales falsos y una Notificación Roja de Interpol. Con la ayuda de un abogado, pudo contratar a un perito, anular la notificación de Interpol y, finalmente, ganar su caso de asilo.
“Pero según la nueva norma, a Ángela se le podría haber prohibido el asilo antes incluso de tener la oportunidad de consultar con un abogado”, dijo Bookey.
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La entrevista de detección de miedo creíble fue diseñada para garantizar que el gobierno no deporte ilegalmente a personas que tienen posibilidades de calificar para protección de asilo. Las personas que buscan asilo son examinadas a los pocos días de su llegada, a menudo mientras están detenidas y casi siempre solas, sin representación legal, y exhaustas y traumatizadas por su viaje a la frontera de Estados Unidos.
Apenas hay tiempo para que un solicitante prepare las pruebas extensas y los argumentos legales sofisticados necesarios en una audiencia de asilo completa, incluidos los argumentos relacionados con la aplicabilidad de las prohibiciones legales. Por esa razón, la entrevista de miedo creíble se concibió como una evaluación de bajo umbral, reservando las cuestiones legales más complicadas para una audiencia completa. La Agencia de la ONU para los Refugiados ha aconsejado a los gobiernos que no consideren prohibiciones legales en las evaluaciones iniciales, dadas las “graves consecuencias” que podrían ocurrirle a un solicitante al que se le excluye prematuramente de la protección.
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Si bien el actual proceso de miedo creíble es profundamente defectuoso, la regla propuesta por la administración Biden sólo agravaría las deficiencias del debido proceso y aumentaría la probabilidad de deportaciones injustas, sostienen activistas.
“Nos oponemos a la norma propuesta por el DHS, que sin duda hará más difícil para las personas presentar su solicitud de asilo y potencialmente conducirá a una elaboración de perfiles dañinos de aquellos percibidos como ‘amenazas a la seguridad’”, dijo Nicole Melaku, directora ejecutiva de la Asociación Nacional para Nuevos Americanos (NPNA).
“Este enfoque draconiano, basado únicamente en la aplicación de la ley, está lejos de ser las soluciones dignas, eficientes y efectivas que el electorado ha estado pidiendo. Necesitamos un sistema de asilo e inmigración que trabaje a favor, no en contra, de las familias, los trabajadores y las personas que necesitan refugio”, dijo.
Otro problema que ensiente la alarta de los activistas es que probablemente la regla también aumentaría el riesgo de discriminación racial durante el proceso, permitiendo a los funcionarios de asilo, aparentemente sin restricciones, aplicar las prohibiciones a cualquier individuo que perciban como una “amenaza a la seguridad”, como por ejemplo descalificar a la gente por la forma en que se ven, por tatuajes, por vestidura e inclusive color y raza.
Angélica Salas, directora ejecutiva de La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y copresidenta de NPNA, se opone a la nueva regla propuesta por el DHS
“Esta regla obstaculiza nuestra capacidad como país para recibir a personas que buscan seguridad con dignidad, socava el debido proceso y no hace nada para abordar los desafíos en la frontera, en lugar de proponer una norma que proporciona menos daño”, dijo Salas.
A juicio de Salas, la Administración Biden debería mejorar las contribuciones indiscutibles realizadas tanto por los recién llegados como por los inmigrantes de largo plazo. Luego debe buscar aumentar las vías para obtener un estatus legal y garantizar que los solicitantes de asilo tengan la oportunidad de ser escuchados.
Buscar asilo es un derecho legal otorgado a todas las personas según el derecho estadounidense e internacional, y encuesta tras encuesta muestra que los votantes de todo el país quieren vías legales viables para los inmigrantes y un sistema de asilo que permita a las personas que huyen de la violencia y la persecución buscar seguridad en los Estados Unidos, dijeron activistas.
Los activistas ahora instan a Biden a abandonar el plan y, en cambio, adoptar las soluciones de inmigración dignas que la nación –incluidos 3.5 millones de nuevos votantes estadounidenses que se han naturalizado desde las últimas elecciones presidenciales– han estado pidiendo en este año electoral.
La regla propuesta está abierta a comentarios públicos durante el período de comentarios públicos de 30 días desde el 13 de mayo de 2024 hasta el 12 de junio de 2024, lo que permitirá al público la oportunidad de revisar y brindar comentarios para que la agencia los considere al finalizar la regla.
Karen Tumlin, fundadora y directora del Justice Action Center, dijo que el “nuevo orden del presidente Biden se basa mucho en generar miedo político y carece de soluciones reales”.
“El pueblo estadounidense –y aquellos que buscan seguridad en nuestra frontera sur– merecen debates reales sobre cómo garantizar un proceso ordenado que proteja el derecho al debido proceso para todos”, dijo Tumlin.
Tumlin enfatiza que si se promulga tal como está escrita, esta regla tendría la consecuencia de cerrar “nuestras puertas a las personas que buscan seguridad al negarles el acceso a una oportunidad significativa de defender sus casos o tener acceso a un abogado”.
“No se equivoquen: cualquier negación del debido proceso que la administración Biden proponga hoy podría fácilmente convertirse en el modelo para medidas aún más excluyentes por parte de una futura administración”, dijo.
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