Editorial:  Millones de californianos son elegibles para borrar sus antecedentes penales

Uno de los principios fundamentales del sistema de justicia penal es que, con limitadas excepciones, los delincuentes regresan a la sociedad con plenos derechos una vez cumplida la pena.

Y uno de los factores básicos para el movimiento de reforma de la justicia penal es el hecho de que la promesa de un nuevo comienzo a menudo está vacía. Algunas formas de castigo continúan para siempre.

Para entender por qué, no busque más allá de la gran cantidad de compañías de verificación de antecedentes que, por un precio, buscan registros de condenas o arrestos de posibles empleados o inquilinos. No importa que los estudios sobre la reincidencia muestren que después de unos años los individuos con delitos de bajo nivel en sus expedientes no son más propensos a cometer nuevos delitos que cualquier otra persona.

Tener antecedentes penales, incluso si se limitan a delitos de bajo nivel, puede impedir que un ex delincuente alquile un apartamento, consiga un trabajo, obtenga una licencia profesional o sea admitido en una universidad. Podría separar a los niños y a los padres, por ejemplo, en los procedimientos de custodia de los menores. Sería posible que resultara en la deportación de personas que no son ciudadanas. También impedir que un padre participe plenamente en la vida de un hijo o hija, por ejemplo, entrenando a un equipo de fútbol o haciendo de acompañante en una excursión.

La pérdida de productividad y la interrupción de la trayectoria profesional le cuestan a la economía, pero también se sabe que los numerosos impedimentos para el reingreso total a la sociedad fomentan la reincidencia, lo que conduce a un aumento de la delincuencia.

La ley actual ofrece a las personas condenadas por delitos de bajo nivel una forma de evitar esta trampa: pueden solicitar que sus antecedentes sean borrados. A menos que un fiscal o una agencia de libertad condicional le presente al juez una buena razón para mantener los antecedentes penales de una persona a disposición de los propietarios, empleadores y similares, los registros son suprimidos para la mayoría de los propósitos.

El ex delincuente de esta manera puede seguir adelante con su vida sin la carga de los antecedentes penales. Así es como se supone que debe ser para todos los que han cumplido su condena por ese tipo de crímenes y están listos para proseguir.

Pero muy pocas personas realmente limpian sus registros. Muchos no saben que es posible hacerlo, y otros que si lo saben, no cuentan con los varios miles de dólares que se necesitan para contratar a un abogado, o no pueden tomarse el tiempo fuera del trabajo o de la familia para comparecer ante el tribunal.

La eliminación de los antecedentes es costosa. Cada solicitud cuesta casi $4.000 para procesarla.

Cuando California puso fin a la prohibición estatal de la marihuana recreativa, las personas que habían sido condenadas por leyes que los votantes acababan de derogar podían solicitar a la corte que limpiara sus registros, pero el proceso requería mucho tiempo y era costoso para ellos y para las cortes. Los legisladores llegaron a la conclusión de que tenía más sentido limpiar automáticamente esos registros, sin peticiones, audiencias ni plazos. Un proyecto de ley para lograr esto se convirtió en ley el año pasado.

Ahora los legisladores tienen frente a ellos el AB 1076, que automáticamente borraría los registros de todos los delitos de bajo nivel para las personas que ya son elegibles en virtud de la ley vigente. Los hechos que establecen la elegibilidad serán determinados por el fiscal general y referidos a la corte para llevar a cabo la acción.

Es un buen proyecto de ley y merece ser aprobado. Su alcance es modesto. Sellaría la mayoría de los registros de condenas de bajo nivel y los mantendría fuera de las verificaciones de antecedentes que las compañías privadas proporcionan a los empleadores y a los propietarios. Los fiscales y oficiales de libertad condicional que se opongan en el caso de un delincuente en particular pueden presentar sus argumentos ante el tribunal e impedir la eliminación de los antecedentes si el juez está de acuerdo. Las personas reicidentes no serán elegibles.

La policía, los fiscales y los tribunales, el FBI y el Departamento de Justicia retendrían el acceso a todos los registros de antecedentes penales, incluyendo el total de arrestos y condenas borradas.

El proyecto de ley continúa la tendencia inteligente de alejarse de la criminalización de por vida. Por ejemplo, en los últimos años, California finalmente se deshizo de la absurda y contraproducente regla que hacía que las personas con antecedentes criminales no fueran elegibles para recibir cupones de alimentos y varias otras formas de asistencia pública. El obligar a algunos que salían de la cárcel a seguir viviendo al margen, sólo sirvió para promover la reincidencia.

Ese es el tipo de cosas que deberíamos evitar, y no perpetuar el castigo. Millones de californianos tienen antecedentes penales que limitan su capacidad para mejorar sus propias vidas y las de su familia.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí