Más reclusos de California están recibiendo una segunda oportunidad

Since the passage of Prop 57 the State Board of Parole Hearings work load has increased to up to 400 hearings a month.

Hoy Los Angeles

Jul. 27, 2017 2:27 PM PT

Un informe de libertad condicional del condado de Alameda detalla hechos que Kao Saelee no puede cambiar: Tenía 17 años y estaba armado con una escopeta recortada cuando él y tres amigos abrieron fuego contra un grupo de adolescentes que creían pertenecían a una pandilla rival de Oakland.

La lluvia de balas golpeó a Tsee Yorn y San Fou Saechao, ambos de 13 años. Estas balas mataron a Sausio Saephan, de 7 años de edad, un estudiante de segundo grado de Garfield Elementary School, que se encontraba junto con su hermano mayor.

Durante años, los miembros de la Junta Estatal de Audiencias de Libertad Condicional negaban la libertad condicional basados en su pasado, concentrándose únicamente en la ofensa criminal en lugar de analizar si representan un riesgo de seguridad en el futuro.

Para los reclusos, parecía una regla tácita: No van a dejar salir a nadie.

Ahora, la junta ha entrado en una nueva era, facultada para otorgar a más delincuentes la posibilidad de libertad condicional después de una década de decisiones judiciales y leyes estatales que han ampliado su discrecionalidad. Con mayor flexibilidad legal, el gobernador Jerry Brown ha colocado la comisión de 14 hombres y mujeres en la primera línea de su esfuerzo por reducir la población carcelaria y centrarse más en la rehabilitación en lugar de confiar únicamente en el castigo.

Los comisionados de libertad condicional se mantienen alejados de la política. Jennifer Shaffer, el director ejecutivo de la junta directiva, dice que su único papel es la aplicación neutral de las leyes, y que han cambiado la forma de evaluar si los delincuentes son tan peligrosos como para dejarlos salir. El foco ya no está tanto en la severidad del crimen, como en si los delincuentes han llegado a entender que lo que hicieron estuvo mal.

Una pregunta, dijo Shaffer, se ha convertido en el eje central para evaluar si alguien es apto para la libertad condicional: “¿Quién eres tu ahora, eres un riesgo para la seguridad pública?”

Ese enfoque, dicen los expertos en justicia penal, es parte de un cambio en las políticas de California, después de décadas de políticas sumamente duras que llevaron a sobrepoblar las cárceles.

Durante su primer mandato como gobernador en 1977, dijeron, Brown cambió el poder de sentencia de los jueces y de los consejos de libertad condicional a los fiscales, cuando firmó una ley que fijaba penas de prisión rígidas e inflexibles para algunos delitos. La Proposición 57, que los votantes aprobaron abrumadoramente el año pasado, devuelve parte de la discrecionalidad al consejo, permitiendo que más delincuentes puedan cumplir penas reducidas, aumentando sus audiencias de libertad condicional y ampliando la autoridad del consejo sobre un mayor número de prisioneros.

Brown ha dicho que permite que los delincuentes condenados tengan la oportunidad de salir una vez que hayan cambiado sus vidas.

Vanessa Sloan, fundadora y directora de Life Support Alliance, que defiende a los reclusos condenados a muerte, dijo que la Comisión “no usando una receta”.

A lo largo de las décadas, los comisarios de libertad condicional de California han sido acusados de ser demasiado indulgentes con los castigos o de ser demasiado estrictos.

Pero antes del regreso de Brown como gobernador en 2011, dijeron abogados y expertos legales, los consejos de libertad condicional tendían a ser sumamente estrictas, y estaban compuestos principalmente por ex oficiales de la ley, funcionarios electos y defensores de víctimas de delitos. Muchos comisionados, si no la mayoría, eran hombres blancos, lo que se suma a la falta de diversidad.

Brown designó a Shaffer como ejecutivo de la Junta Estatal de Audiencias de Libertad Condicional en junio de 2011 con el objetivo de “profesionalizar la junta y convertirla en un cuerpo fuerte e independiente”, dijo.

Bajo su dirección, la composición de los comisionados se ha diversificado por género, raza y formación profesional. Shaffer también ha estado al frente de iniciativas importantes, impulsadas por casos judiciales, demandas y leyes estatales, que han desarrollado nuevos procesos para acelerar y aumentar las audiencias de libertad condicional, así como para liberar a los delincuentes jóvenes y ancianos.

La junta directiva ahora toma hasta 400 audiencias de libertad condicional al mes, y ahora es más probable que los presos reciban recomendaciones para su liberación. Casi 820 presos, o 16% de los presos que tuvieron audiencias en 2016, fueron vistos como aptos para la libertad condicional ese año, en comparación con 119, o menos del 2%, en 2007. Sólo 16 presos, o menos del 1% de los que tuvieron audiencias, fueron considerados aptos para la libertad condicional hace dos décadas.

La carga de trabajo de los comisionados de libertad condicional ha aumentado con la Proposición 57, que se espera recorte las condenas de 11.500 presos durante los próximos cuatro años.

Nuevas directrices para la aplicación de la iniciativa, que tomó efecto este mes, permiten a la mayoría de los reclusos ganar tiempo adicional para completar su condena, y subir sus audiencias de libertad condicional ganando créditos por buen comportamiento y la inscripción en programas de carrera, rehabilitación y educación.

También amplían la consideración de la libertad condicional a los prisioneros cuyas sentencias principales son por delitos no designados como “violentos” bajo la ley de California, y que han cumplido el término completo por esos delitos.

Los funcionarios de correcciones ofrecieron previamente la elegibilidad para la libertad condicional solamente para los presos no violentos que habían sido acusados de una segunda reicidencia bajo la ley del estado de tres strikes, y sirvieron el 50% de sus sentencias. De las casi 6,200 referencias, el 28% ha sido aprobado para su liberación.

Los abogados y los expertos legales comenzaron primero a señalar el ejercicio de una mayor

discreción de la junta directiva cuando se trataba de las audiencias de libertad condicional para los delincuentes sentenciados a prisión con la posibilidad de libertad condicional.

El preso Kao Saelee, a la derecha, llega para su audiencia de idoneidad en junio ante un panel de tres miembros de la Junta de Audiencias de Libertad Condicional de California. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Los comisarios atribuyen el cambio a una decisión de 2008 en el caso de Sandra Davis Lawrence, quien fue declarada apta para la libertad condicional a pesar de las objeciones del ex gobernador Arnold Schwarzenegger, casi 24 años después de que disparó y apuñaló a la esposa de su amante con un pelador de papas.

En la sentencia 4-3, la Corte Suprema de California encontró que a los reclusos no se les podía negar la libertad condicional únicamente en base a la perversidad o la letalidad del crimen. Shaffer dijo que las juntas de libertad condicional deben tener en cuenta si el acusado plantearía un riesgo para la seguridad del público si es liberado.

“Eso realmente cambió el enfoque de nuestras audiencias. Pasamos de: ‘¿Hiciste qué? a ¿Quién eres hoy y cuál es la diferencia?’”

Pero los abogados, ex miembros del consejo y defensores de reclusos dicen que el cambio de cultura va más allá de las decisiones. Ellos dan crédito a Brown por nombrar a personas como Shaffer que han honrado los cambios en las leyes, y apuntan a Shaffer por traer una nueva era de transparencia.

En una audiencia de confirmación del Senado a finales de junio, el comisionado de la Junta de Libertad Condicional Randolph Grounds, un alcaide en varias cárceles durante cinco años, parecía reflejar la nueva actitud del consejo.

“Sí, como guardián uno tiene que mantener a la gente dentro, pero la nueva mentalidad se trata de mover a la gente hacia adelante”, dijo, enfatizando la necesidad de colocar a los reclusos en los programas y prepararlos para reingresar a la comunidad.

Dos semanas después, Grounds hacía las preguntas en la prisión estatal de California en Folsom. En una habitación estrecha, él y otros dos comisionados se sentaron frente a Saelee, que había cumplido 10 años de prisión por el tiroteo que arrebató la vida de Saephan.

Saelee, un refugiado de Tailandia que ahora tiene 31 años, le dijo al panel que creció con un padre abusivo. Dijo que había sido intimidado en la escuela por su pobre inglés y por usar ropa donada hasta que empezó a pelearse. Él admitió que había robado casas y se había asociado con pandillas en su adolescencia pero que no había sido detenido antes.

El día del asesinato, había estado jugando videojuegos en una lavandería, cuando un amigo le pidió ayuda para tomar represalias contra un pandillero rival. Salieron en busca del joven y dispararon contra un grupo de adolescentes, aunque no estaban seguros si su objetivo estaba entre ellos. Ellos celebraron después de que se escaparon, dijo Saelee.

“Era despiadado -dijo, secándose las lágrimas. Pero dijo que no se daba cuenta del peso de sus acciones hasta que estuvo tras las rejas, donde dejó de consumir drogas, se sometió a terapia y se convirtió en consejero juvenil.

Al final de la audiencia de dos horas, y sin oposición de un fiscal del condado de Alameda en el caso, el panel de tres comisionados recomendó que se le concediera libertad condicional. Moons instó a Saelee a recordar las lecciones que había aprendido.

“No queremos ninguna otra víctima”, dijo Grounds. “No queremos ninguna otra lluvia de balas. Lo que queremos es que hayas sanado”.

Las decisiones sobre las condenas de los presos deben ir a toda la Comision para la aprobación, a una oficina legal para la revisión y entonces al gobernador que puede invertirla y enviarla de nuevo para el examen adicional - una práctica que Brown utilizó menos que otros gobernadores.

Pero el proceso de revisión para los delincuentes no violentos bajo la Propuesta 57, que no incluye una revisión del gobernador, aunque puede ser apelado, está enfrentando oposición de todas las partes. Los reclusos que fueron remitidos a la junta son examinados primero por los peligros que representan si son puestos en libertad, y la revisión abarca los antecedentes penales del delincuente, el comportamiento institucional, los esfuerzos de rehabilitación y las declaraciones escritas recibidas por el preso, las víctimas y los fiscales.

Delincuentes condenados por delitos sexuales en la que no hubo contacto físico con la víctima, como la indecencia pública o la distribución de fotos desnudas, y aquellos con una “tercera reicidencia” por un delito no violento, argumentan que también deberían ser elegibles. Mientras tanto, los oficiales de la ley, fiscales y legisladores que se han opuesto a la Proposición 57 desde el principio, argumentan que sus reglamentos tienen lagunas que podrían hacer que algunos criminales violentos o serios sean elegibles para libertad condicional.

Ellos advierten que el proceso de revisión para estos reclusos no es tan completo como las audiencias para delincuentes juveniles y ancianos, y otros que cumplen condenas a cadena perpetua, porque los procedimientos son conducidos principalmente por sub comisionados con menos experiencia y cantidad solamente para analizar el papeleo. No incluir una audiencia.

El senador. Jim Nielsen(R-Gerber), un defensor de las duras sentencias que sirvió como presidente de la junta de libertad condicional a principios de los 90, dijo que los nuevos procesos de elegibilidad condicionan la capacidad de las víctimas para objetar y ponen en riesgo los barrios.

“Soy uno de los que más cree en la rehabilitación, pero también sé que en la cárcel, la capacidad de rehabilitación no se ha expandido mucho”, dijo Nielsen. “También sé que en la comunidad las oportunidades de rehabilitación no se han expandido mucho.”

Otros afirman que es demasiado pronto para saber si la Junta de Libertad Condicional tiene demasiada discreción.

“No sé si alguien va a estar convencido de que hemos alcanzado el medio perfecto”, dijo Laurie Levenson, profesora de Loyola Law School.

Miembros de la junta de libertad condicional dicen que no importa el caso, la era o el gobernador siempre hay un fuerte incentivo para hacerlo bien, tanto para el preso como para la sociedad. En su audiencia de confirmación en junio, Patricia Cassady, comisionada del tribunal de libertad condicional, dijo que no querría dejar en libertad a nadie que no quisiera que viviera junto a su casa.

“Es una decisión importante que tomamos todos los días”, dijo.

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