ICE está deportando a las mujeres que aseguran haber sufrido abuso médico en un centro de detención en Georgia

WASHINGTON — Hace cuatro meses, una inmigrante hondureña llamada Jackelin fue sacada del Centro de Detención del Condado de Irwin en Georgia para ver a un ginecólogo local.

Luego, hace unas semanas, los abogados de Jackelin y otras 16 mujeres detenidas por el Servicio de Inmigración y Aduanas informaron a los investigadores que las mujeres querían testificar contra el doctor, quien ahora está en el centro de una investigación criminal en medio de acusaciones de que presionó a las pacientes de Irwin para que se sometieran a procedimientos médicos innecesarios, incluyendo histerectomías.

Desde entonces, los funcionarios de inmigración deportaron a la madre de cinco hijos, de 33 años, que está casada con un ciudadano estadounidense y ha vivido aquí durante más de cinco años. Jackelin tenía programado un vuelo de deportación para el miércoles, hasta que llegó una orden de último momento para que se quedara en el centro de detención ubicado en una zona rural de Georgia.

Las mujeres -la mayoría de las cuales son negras o latinas, del Caribe, África y América Latina- alegan que Amin les realizó cirugías ginecológicas demasiado agresivas o innecesarias sin su consentimiento, incluida la extirpación de sus órganos reproductivos. Sus relatos están respaldados por nuevas demandas, declaraciones juradas, abogados y expertos médicos externos que han presentado sus análisis de miles de páginas de expedientes médicos a los legisladores, así como a los investigadores.

“El dolor que nos infringió el médico fue algo horrible”, dijo Jackelin, que pidió que se le identificara por su segundo nombre por temor a sufrir represalias. Sus abogados presentaron una demanda el lunes.

Los presuntos abusos provocaron una protesta nacional en septiembre después de que una enfermera de la instalación presentara una denuncia de 27 páginas al inspector general de Seguridad Nacional, lo que llevó a más de 170 legisladores a exigir una investigación.

Las mujeres, así como los abogados, defensores y miembros del Congreso, alegan que ICE está tomando represalias contra el grupo por hablar en contra de Amin y los tratamientos que realiza bajo la custodia de la agencia, e intentar obstruir la investigación ocultando los registros médicos y eliminando físicamente las pruebas: las propias mujeres.

La portavoz de ICE Danielle Bennett dijo que ICE está “cooperando completamente” con la investigación del inspector general de Seguridad Nacional, incluyendo las entrevistas realizadas por el Departamento de Justicia. Bennett aseguró que ICE ha estado notificando a la oficina del inspector general “sobre cualquier transferencia o traslado planeado de los detenidos de Irwin que fueron pacientes del Dr. Amin”.

“Cualquier implicación de que ICE está intentando impedir la investigación llevando a cabo traslados de las entrevistadas es completamente falsa”, manifestó Bennett en una declaración a The Times.

Ni la oficina central de Seguridad Nacional ni la oficina del inspector general de Seguridad Nacional respondieron a las solicitudes de comentarios. El FBI y el Departamento de Justicia se negaron a hacer comentarios.

El abogado de Amin, Scott Grubman, no hizo comentarios sobre la investigación, pero dijo en una declaración que “el Dr. Amin no está involucrado de ninguna manera o forma en las decisiones de ICE sobre deportar o no a un detenido... simplemente trató a las detenidas de ICE como médico externo”.

Otra mujer que habló en contra de Amin, Yanira, fue sacada de un vuelo de deportación a México la semana pasada después de un pedido de emergencia de su abogado. Los abuelos de la mujer de 36 años la trajeron a Estados Unidos cuando tenía 3 años, y tiene una hija propia de 11 años, ciudadana estadounidense.

“Solían tomarse su tiempo para deportar a las mujeres, dejándonos aquí más tiempo para que aprendiéramos la lección”, dijo Yanira, que ha estado detenida por ICE durante aproximadamente un año. “Luego [casi] todas empezaron a ser deportadas muy rápidamente, aquellas que habían sido sometidas a cirugías o algo así. Solo quedamos unas pocas aquí”.

Yanira había solicitado tratamiento para la sensación de bochornos. En cambio, dijo, cuando vio a Amin por primera vez en febrero, él le hizo un ultrasonido transvaginal - a pesar de que no tenía órganos reproductivos que examinar porque previamente se había sometido a una histerectomía completa, de acuerdo con un informe de un equipo de expertos médicos que habían revisado los registros médicos de Yanira junto con los de otras 19 mujeres, reportados por primera vez por The Times y presentados al Congreso el mes pasado.

Al menos seis mujeres que declararon en contra del ginecólogo ya han sido deportadas de Irwin, cuatro casi inmediatamente después de haber sido entrevistadas en las últimas semanas por los investigadores, según los abogados y los archivos legales.

ICE ha intentado eliminar al menos seis mujeres más de la lista enviada a los investigadores. Pero los oficiales las retiraron de la lista en el último momento después de una intervención de emergencia de abogados o legisladores. Varias de las mujeres han sido liberadas de la detención, pero con las órdenes de expulsión definitivas. ICE podría deportarlas en cualquier momento.

Amelia Wilson, abogada supervisora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de Columbia, que representa a varias de las mujeres, dijo que los fiscales deberían querer hablar con todos los posibles testigos.

“Si supiera que su deportación equivaldría a la eliminación de las pruebas físicas que necesito para hacer mi caso - información clave y crítica literalmente dentro de sus propios cuerpos - querría mantener esas pruebas cerca de mí y en Estados Unidos”, expuso Wilson.

Solo quedan dos mujeres en Irwin que alegan abuso y que han sido entrevistadas por los investigadores sobre su experiencia con Amin. Una de ellas es Mbeti Ndonga, de 37 años, nacida en Kenya.

A diferencia de muchas otras mujeres de Irwin, Ndonga no tiene hijos, pero quiere tenerlos. “Estoy esperando a que llegue la persona adecuada”, dijo. Bromeó con Amin diciendo que quería tener cuatro hijos, llamados Hot, Caramel, Peaches y Cream. “Así es como he querido llamar a mis hijos desde que era niña”.

Relató que Amin le respondió fríamente que su útero era del tamaño de un “melón” y que probablemente habría que quitarlo, y le dijo que “sería un milagro si pudiera tener hijos”.

Más tarde, cuando Ndonga y otra mujer fueron llevadas al hospital con grilletes, firmó unos formularios que pensó que eran papeles rutinarios de admisión, relató. Una enfermera le preguntó: “¿Le van a hacer una histerectomía?” y ella respondió que no. “Recuerdo haber pensado: Esta señora me ha preguntado lo mismo muchas veces... si me despierto sin la regla, voy a estar en problemas”.

Solo más adelante, después de que los abogados intervinieran en su caso y obtuvieran los registros médicos de Ndonga, que fueron analizados como parte del informe del congreso de octubre, se enteró de los procedimientos que Amin le había realizado: dilatación y legrado, para raspar el tejido del interior de su útero, y una laparoscopia, en la que se hacen incisiones en el estómago. Ninguno de los dos procedimientos era necesario, concluyeron los médicos externos.

“Es completamente impactante”, subrayó, “porque no tuve elección”.

Horas después de que hablara con los investigadores, relató, los agentes de ICE le dijeron que se había suspendido su traslado; habían pasado más de 500 días desde de que fue detenida por primera vez en Irwin, tras un arresto derivado de una “enfermedad mental medicada incorrectamente”, según sus archivos legales e historiales médicos. Los oficiales de deportación del ICE le informaron entonces a sus abogados que sus peticiones de liberación basadas en su diagnóstico de salud mental y el aumento del riesgo de COVID-19 habían sido denegadas, y que la expulsión de Ndonga estaba programada para la primera semana de diciembre.

“Tienes que defenderte y hablar por ti misma, pero no sabes lo que te va a pasar cuando lo hagas”, manifestó Ndonga.

La semana pasada los abogados presentaron la primera de varias demandas solicitando órdenes de restricción temporal contra las expulsiones.

Los equipos legales de las demandantes y los miembros del Congreso, que han lanzado investigaciones independientes, argumentan que la administración Trump está violando la primera enmienda de las mujeres y los derechos del debido proceso, así como las políticas de larga data que protegen a los que cooperan en las investigaciones criminales.

“Va en contra de la política de ICE iniciar procedimientos de expulsión contra un individuo que se sabe que es la víctima o testigo inmediato de un crimen”, afirma un memorándum de 2011.

El lunes, cuando Yanira fue llevada del aeropuerto a Irwin, relató, los oficiales de transporte se rieron de la investigación relacionada con Amin, diciendo de ella y de las otras mujeres, “Todas están mintiendo”.

“Pensé... ¿por qué mentiríamos sobre eso? ¡De todas maneras nos están deportando!”

La sede del Departamento de Justicia en Washington encaminó al Times a la oficina del Fiscal General de Estados Unidos en Atlanta. La oficina del fiscal del Distrito Medio de Georgia se ha recusado de la investigación criminal, que se está llevando a cabo fuera del Distrito Sur de Georgia. Barry Paschal, un portavoz de la oficina del fiscal del Distrito Sur, se negó a hacer comentarios. Los investigadores también incluyen a los abogados de la división de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

El Departamento de Seguridad Nacional paga a médicos independientes como Amin, que practica la ginecología en la cercana ciudad de Douglas, Georgia, por los procedimientos que realizan a los pacientes detenidos por inmigración. La Correccional LaSalle, que dirige la instalación, también opera otras 25 instalaciones de detención, centros correccionales y cárceles.

Hace cinco años, el Departamento de Justicia, incluyendo el fiscal del Distrito Medio de Georgia, investigó a Amin, junto con otros ocho médicos y la Autoridad Hospitalaria del Condado de Irwin, por acusaciones de fraude a Medicaid. Finalmente llegaron a un acuerdo por 520.000 dólares.

Wilson dijo que ella es escéptica sobre el resultado de la investigación actual.

“El gobierno probablemente se preocupa más por el fraude financiero que por el asalto y la agresión a las mujeres de color”, manifestó. “Muchas de estas mujeres son inmigrantes pobres… En la historia de nuestro país nunca ha habido mucha justicia para las mujeres en esta situación”.

Los informes de inspección del órgano de supervisión de la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE muestran que Irwin está constantemente en violación de las normas nacionales de detención que “afectan directamente la vida, la salud, la seguridad y/o el bienestar de los detenidos”.

El año pasado, el inspector general de Seguridad Nacional encontró que ICE “no responsabiliza adecuadamente a los contratistas de las instalaciones de detención”.

Cuando los abogados de las mujeres en Irwin han preguntado al Departamento de Justicia sobre el desarrollo de la investigación, dijeron que los investigadores citaron “la confidencialidad de la indagación en curso”.

A pesar de que muchos países han cerrado sus fronteras en medio de la pandemia mundial, ICE ha aumentado drásticamente las deportaciones en las últimas semanas, especialmente después de las elecciones. El mes pasado, hubo casi 500 vuelos de ICE Air, un incremento de más del 10% desde septiembre, según Witness at the Border, un grupo de defensa de los inmigrantes que hace un seguimiento de los vuelos.

Ha habido 44 casos confirmados de COVID-19 entre los detenidos en Irwin hasta el martes, según ICE.

El actual riesgo de COVID-19 es parte de la base de la solicitud de liberación de Jackelin, porque sufre de asma.

En septiembre, habló con miembros del Congreso que visitaron Irwin en respuesta a los informes sobre el supuesto abuso médico de Amin. Reveló que los guardias armados de Irwin le dijeron que debía “acostarse” y “guardar silencio”, según su declaración.

El 10 de noviembre, los abogados solicitaron su liberación de la detención, que comenzó con un arresto por conducir sin licencia. Ella huyó de un excompañero abusivo en Honduras, y teme que él cumpla con las amenazas de matarla si es trasladada a ese país.

El lunes pasado, cuando los agentes de ICE llegaron a sacar a Yanira de su celda, se asustó y pensó: “¿Cómo voy a decírselo a mi hija?”. Después de un año de separación, dijo, la niña de 11 años sufre ataques de pánico y está viendo a un psiquiatra.

Su traslado a México sigue siendo inminente. No se acuerda del país y no tiene parientes vivos, salvo su madre biológica, que la abandonó a los 3 años, lo que significa que se quedaría sin hogar.

“Cometimos errores”, dijo Yanira, que fue detenida por un cargo menor de posesión de drogas, según sus registros, “pero seguimos siendo humanos. No somos animales que vagan por las calles y que merecen estar enjaulados para siempre”.

El escritor del Times, Del Quentin Wilber, contribuyó desde Washington.

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