Trump promulga ley de detención migratoria y dice que enviará a ‘los peores’ a Guantánamo

WASHINGTON —  El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó el miércoles la Ley Laken Riley, que otorga mayores poderes a las autoridades federales para deportar a migrantes que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal y que han sido acusados de delitos. Durante la ceremonia, también anunció que su gobierno planeaba enviar a los “peores delincuentes extranjeros” a un centro de detención en la Bahía de Guantánamo, en Cuba.

La ley bipartidista, la primera aprobada durante el segundo mandato de Trump, lleva el nombre de Riley, una estudiante de enfermería de Georgia de 22 años que fue asesinada el año pasado por un venezolano que vivía en Estados Unidos de manera ilegal.

“Ella era un faro de calidez y amabilidad”, señaló Trump durante la ceremonia de promulgación, en la que estuvieron presentes los padres y la hermana de Riley. “Es un enorme homenaje a su hija lo que está sucediendo hoy, eso es todo lo que puedo decir. Es tan triste que tengamos que hacerlo”.

Trump ha prometido aumentar drásticamente las deportaciones, pero también dijo en la ceremonia que no confiaban en que algunas de las personas enviadas de vuelta a sus países de origen se quedaran allí.

“Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los vayan a retener porque no queremos que vuelvan, así que los vamos a enviar a Guantánamo”, dijo Trump. Afirmó que instruirá a los funcionarios federales para que preparen las instalaciones en Cuba para recibir a criminales migrantes.

“Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores delincuentes extranjeros que amenazan al pueblo estadounidense”, señaló el presidente.

La Casa Blanca anunció poco después que Trump había firmado un memorando presidencial sobre Guantánamo. Los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes no tardaron en expresar su consternación.

“La historia de abusos de la Bahía de Guantánamo habla por sí misma y sin lugar a dudas pondrá en peligro la salud física y mental de las personas”, dijo Stacy Suh, directora de programas de Detention Watch Network, en un comunicado.

Trump dijo que la medida duplicaría las capacidades de detención de Estados Unidos, dijo Trump en la ceremonia de promulgación, y añadió que Guantánamo es “un lugar difícil de salir”.

La instalación de Guantánamo podría albergar a “criminales peligrosos” y personas que son “difíciles de deportar”, señaló un funcionario del gobierno federal que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para discutir públicamente el asunto.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que el gobierno buscará financiamiento a través de los proyectos de ley de gastos que el Congreso debatirá eventualmente. El “zar fronterizo”, Tom Homan, indicó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés) administraría la instalación en Cuba y que “los peores de los peores” podrían ir allí.

La base militar ha sido utilizada para albergar a detenidos de la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo durante años. Pero las autoridades también han detenido a migrantes en el mar en una instalación conocida como el Centro de Operaciones Migratorias en Guantánamo, un lugar que Estados Unidos ha alquilado durante mucho tiempo al gobierno cubano. Muchos de los alojados allí han sido migrantes de Haití y Cuba.

Estados Unidos lleva más de un siglo arrendando terrenos de Guantánamo a Cuba. Cuba se opone al arrendamiento y suele rechazar los pagos nominales del alquiler estadounidense. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, señaló que era un “acto de brutalidad” que Trump quiera enviar migrantes a la isla.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, también arremetió contra el anuncio.

“La decisión del gobierno de Estados Unidos de encarcelar en la Base Naval de Guantánamo a migrantes, en un enclave donde creó centros de tortura y detención indefinida, muestra desprecio hacia la condición humana y el derecho internacional”, publicó Rodríguez en la red social X.

La Corte Suprema dictaminó en 2008 que los combatientes enemigos en la guerra contra el terrorismo que sean detenidos sin cargos en la prisión militar de Guantánamo tenían derecho a impugnar su detención ante un tribunal federal. Sin embargo, los jueces no decidieron si el presidente tenía la autoridad para detener a personas en absoluto.

Antes de que Trump asumiera el cargo, los gobiernos demócratas de los expresidentes Barack Obama y Joe Biden trabajaron para reducir el número de sospechosos de terrorismo detenidos en Guantánamo.

Laken Riley salió a correr en febrero de 2024 cuando fue asesinada por José Antonio Ibarra, un venezolano que se encontraba en el país de manera ilegal. Ibarra fue declarado culpable en noviembre y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional.

Ibarra había sido arrestado por entrada ilegal en septiembre de 2022 cerca de El Paso, Texas, y fue liberado para que continuara con su caso en el tribunal de inmigración. Funcionarios federales dijeron que fue arrestado por la policía de Nueva York en agosto de 2023 por poner en peligro a un niño y posteriormente fue liberado. La policía añadió que también recibió una orden de comparecencia por robo en tiendas en Georgia en octubre de 2023.

La ley fue rápidamente aprobada por el Congreso recién controlado por los republicanos con un poco de apoyo demócrata, aunque los defensores de los derechos de los inmigrantes dijeron que podría provocar grandes redadas de personas por delitos tan menores como el robo en tiendas.

La rápida aprobación y la promulgación de Trump nueve días después de asumir el cargo añaden un potente simbolismo para los conservadores. Para los críticos, la medida ha sacado provecho de una tragedia y podría llevar al caos y la crueldad mientras hace poco para combatir el crimen o reformar el sistema de inmigración.

La madre de Riley agradeció a Trump mientras contenía las lágrimas.

“Dijo que aseguraría nuestras fronteras y que nunca olvidaría a Laken y no lo ha hecho”, comentó.

Varios legisladores republicanos de alto rango y Noem asistieron a la ceremonia, así como el senador demócrata John Fetterman de Pensilvania, un copatrocinador.

En virtud de la nueva ley, los funcionarios federales tendrían que detener a cualquier inmigrante arrestado o acusado de delitos como robo o agresión a un agente de policía, o delitos que lesionen o maten a alguien. Los fiscales generales estatales podrían demandar al gobierno de Estados Unidos por daños causados por decisiones de inmigración federal, lo que potencialmente permitiría a los dirigentes de los estados conservadores ayudar a dictar la política de inmigración establecida por Washington.

Algunos demócratas han cuestionado si es constitucional. La ACLU señaló que la ley puede permitir que las personas sean “encerradas obligatoriamente, potencialmente durante años, porque en algún momento de sus vidas, quizás hace décadas, fueron acusadas de delitos no violentos”.

Hannah Flamm, directora interina de políticas del Proyecto de Asistencia al Refugiado Internacional, comentó que la medida viola los derechos básicos de los inmigrantes al permitir la detención de personas que no han sido acusadas de delitos, mucho menos condenadas.

“El miedo latente del ciclo electoral de parecer débil en el tema del crimen se ha convertido en ayudar y fomentar la total confusión de Trump de la inmigración con el crimen”, explicó Flamm.

“Creo que es fundamental entender que: Este proyecto de ley, enmarcado como relacionado con una muerte trágica, es un pretexto para fortalecer un sistema de deportación masiva”, puntualizó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.