La investigación del FBI sobre la campaña de Trump enfrentó problemas desde el principio

WASHINGTON — Cuando Michael Horowitz, el inspector general de control interno del Departamento de Justicia, publicó un informe que criticaba la vigilancia secreta del FBI sobre un ex asesor de campaña de Trump en 2016 y 2017, los informes iniciales sugirieron que el FBI había sido demasiado agresivo.

Pero una lectura atenta del informe de 434 páginas y entrevistas con agentes actuales y anteriores sugieren que el FBI pudo haber sido demasiado cauteloso, especialmente en las primeras etapas de la investigación.

¿La razón? El FBI estaba tratando de mantenerse fuera de la política.

Preocupado por las filtraciones, la oficina mantuvo al equipo de investigación reducido. Prohibió el uso de citaciones y otras herramientas agresivas. Y dirigió la investigación desde Washington, no en una de sus 56 oficinas de campo.

En parte como resultado, el informe de un ex espía británico tardó más de dos meses en llegar a los investigadores correctos del FBI. Y una reorganización constante de los agentes y el personal condujo a lapsos de comunicación y pérdida de conocimiento institucional.

“La investigación no tenía precedentes, y la oficina estaba tratando de hacer lo posible para mantenerse al margen de las elecciones”, dijo un ex funcionario del FBI. “La indagación estaba maniatada por algo de eso. Hubo rotación y cierta confusión. Pero no estoy seguro de cómo podría haber sido manejado de manera diferente”.

James B. Comey, quien encabezó el FBI en ese momento, le dijo al inspector general que le aconsejó a los agentes y analistas que se anduvieran con cuidado en “Croosfire Hurricane”, el nombre clave del FBI para la investigación.

“Vemos humo”, dijo Comey, según el informe. “Y no sabemos si hay fuego allí”.

Pero Comey había sufrido críticas fulminantes por su decisión, anunciada el 5 de julio de 2016, de no acusar a Hillary Clinton, la esperada candidata presidencial demócrata, por usar un servidor de computadora privado cuando era secretaria de Estado. El FBI abrió de nuevo esa investigación en octubre y nuevamente decidió no acusarla.

Hasta donde se sabe, el FBI nunca había investigado a un candidato de un partido importante durante una campaña presidencial. En 2016, realizó indagaciones que tuvieron serias implicaciones para ambos candidatos, un desarrollo extraordinario que requirió una atención inusual.

La mayoría de las investigaciones del FBI se realizan fuera de las oficinas de campo, donde los agentes tienen acceso a personal de apoyo, equipos de vigilancia y otros activos.

Pero altos funcionarios del FBI temieron que “Crossfire Hurricane” fuera demasiado sensible, por lo que se quedaron sin sede. Trajeron agentes de campo a Washington en turnos de servicio temporales de 90 días, lo que causó dolores de cabeza.

Luego, en enero de 2017, el FBI transfirió las operaciones diarias a las oficinas de campo de Nueva York, Chicago y Washington. Pero cambió de rumbo cuatro meses después y llevó el sondeo de regreso a la sede.

Un analista de alto nivel creía que “la composición cambiante de los equipos y el liderazgo creaban una división entre los analistas y los agentes, lo que resultaba en una menor interacción entre los dos grupos”, informó el inspector general.

En los primeros meses de la investigación, el FBI no parecía avanzar mucho. Un fiscal del Departamento de Justicia que asistió a las sesiones informativas periódicas sobre la indagación manifestó que “parecía bastante lenta”. La fiscal general adjunta interina, Dana Boente, le dijo al inspector general que la investigación parecía carecer de sentido de urgencia.

“Crossfire Hurricane” se lanzó oficialmente el 31 de julio de 2016, cinco días después de que un diplomático australiano en Londres le dijera al Departamento de Estado que la campaña de Trump podría estar coludida con el gobierno ruso.

El diplomático dijo a los funcionarios estadounidenses que George Papadopoulos, un asesor de campaña de Trump, le había informado en mayo que el equipo del ahora mandatario “había recibido algún tipo de sugerencia de Rusia de que podría ayudar a este proceso con la divulgación anónima de información durante la campaña que sería perjudicial” para Clinton, según el inspector general.

WikiLeaks ya había comenzado a publicar correos electrónicos pirateados del Comité Nacional Demócrata, y el FBI sospechaba que los operativos rusos eran responsables.

La investigación de contrainteligencia se centró en Papadopoulos y otras tres personas asociadas con la campaña de Trump. Los tres ya estaban en el radar del FBI.

Paul Manafort, entonces presidente de la campaña de Trump, tenía amplios vínculos con políticos pro-rusos en Ucrania y ya era el objetivo de una investigación del FBI sobre lavado de dinero y evasión de impuestos. Manafort renunció a la campaña en agosto y fue sentenciado a 7 años y medio de prisión a mediados de 2018 después de ser declarado culpable de múltiples delitos financieros.

El general retirado Michael Flynn, asesor de campaña de Trump, había viajado a Rusia y tenía vínculos con organizaciones afiliadas a esa nación. Flynn fue expulsado en 2017 después de menos de un mes como asesor de seguridad nacional de Trump y luego se declaró culpable de mentirle al FBI. No ha sido sentenciado.

Papadopoulos fue sentenciado a 14 días de cárcel por mentirle al FBI. Carter Page, asesor de política exterior de Trump hasta septiembre de 2016, estaba vinculado a entidades de propiedad de Rusia y había visitado ese país en julio. No fue acusado de ningún delito.

En julio de 2016, el FBI sospechaba que Page, un consultor de energía, trabajaba para la inteligencia rusa. Ese octubre, el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera acordó permitir que el FBI recopilara en secreto los correos electrónicos, llamadas telefónicas y otras comunicaciones de Page. La corte renovaría la orden tres veces, hasta mediados de 2017.

Pero el FBI hizo 17 “inexactitudes y omisiones significativas” en las cuatro solicitudes de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, o FISA, y no proporcionó explicaciones satisfactorias de los errores, encontró el inspector general.

El martes, la jueza presidenta del tribunal de la FISA, Rosemary M. Collyer, ordenó a la oficina que explicara cómo mejoraría sus aplicaciones. Agregó una rara crítica pública, diciendo que el informe del inspector general “cuestiona si la información contenida en otras solicitudes del FBI es confiable”.

A mediados de septiembre de 2016, el FBI envió informantes para hablar con Papadopoulos y Page, así como con un oficial de campaña de alto rango no identificado, y grabarlos en secreto. No pusieron agentes encubiertos o informantes en la campaña de Trump.

Pero los informantes no encontraron pruebas de cooperación con Rusia. En cambio, dijo el inspector general, Page y Papadopoulos ofrecieron información que atenta contra las teorías del FBI.

Había otro problema.

El 5 de julio, un ex espía británico y antiguo informante del FBI, Christopher Steele, dio a un agente del FBI en Europa el primero de lo que se convertiría en una serie de informes de inteligencia sobre los supuestos tratos de Trump con Rusia y la posible colusión entre sus asociados y Moscú.

Una firma de investigación política en Washington había contratado a Steele, originalmente para una campaña republicana. El trabajo finalmente fue financiado por los demócratas.

El agente contactó a oficiales de contrainteligencia en Nueva York para preguntar dónde enviar el material. Un mes después, volvió a mandar un correo electrónico a la oficina de Nueva York, preguntando qué debía hacer.

“El material está que arde”, escribió el agente.

Los informes de Steele no llegaron al equipo de “Crossfire Hurricane” durante dos semanas más, hasta el 19 de septiembre. Un agente calificó el retraso como excesivo y dijo que obstaculizaba la capacidad del FBI de examinar la información de Steele y evaluar su valor.

El expediente inclinaría la balanza a favor de obtener la primera orden sobre Page del tribunal de FISA. La dependencia del FBI del material de Steele se convertiría en una parte controvertida de la investigación.

Ex funcionarios del FBI dijeron que la larga demora probablemente se debió al bajo perfil del equipo “Crossfire Hurricane”: nadie fuera de un círculo selecto sabía lo que estaban haciendo o lo importante que era el trabajo.

Eso se debió a la forma en que fue planeado. El inspector general descubrió que Andrew McCabe, entonces subdirector del FBI, le había dicho al equipo que “llegara al fondo de esto lo más rápido posible, pero de manera discreta”.

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