Legisladores de Texas recomiendan juicio político contra el fiscal general del estado, Ken Paxton

AUSTIN, Texas, EE.UU. —  El fiscal general de Texas Ken Paxton se hallaba el jueves al borde de un juicio político luego de años de escándalos, cargos penales y acusaciones de corrupción ante los que la mayoría republicana del estado había guardado silencio, hasta ahora.

En una decisión unánime, una comisión investigadora de la Cámara de Representantes estatal de mayoría republicana que había estado indagando discretamente a Paxton durante meses recomendó llevar a juicio político al fiscal de mayor rango de Texas. El pleno de la cámara baja del estado podría votar sobre la recomendación a partir de mañana. Si se aprueba la medida, Paxton se vería obligado a dejar el cargo de inmediato.

La medida significaría una caída notablemente repentina para uno de los combatientes judiciales más reconocidos del Partido Republicano, quien en 2020 solicitó a la Corte Suprema que revirtiera el triunfo del presidente Joe Biden. En sus casi 200 años de historia, Texas sólo ha abierto juicios políticos contra dos funcionarios.

Paxton ha sido investigado por el FBI durante años debido a acusaciones de que utilizó su cargo para ayudar a un donante, y fue imputado en otra ocasión por cargos de fraude de valores en 2015, pero aún no ha enfrentado un juicio.

Desde que la investigación de la comisión de la cámara baja salió a la luz esta semana, Paxton ha insinuado que es un ataque con motivaciones políticas por parte del presidente “liberal” de la Cámara de Representantes, el republicano Dade Phelan. Paxton exigió la renuncia de Phelan y lo acusó de presentarse a trabajar ebrio a una maratónica sesión el viernes pasado. La oficina de Phelan calificó la acusación de Paxton como un intento del fiscal de “salvar las apariencias”.

“Es un día triste para Texas mientras somos testigos de cómo la clase política corrupta se une en este intento ilegítimo de anular la voluntad del pueblo y privar de sus derechos a los votantes de nuestro estado”, dijo Paxton en un comunicado dado a conocer el jueves, en el que se refirió a los hallazgos de la comisión como “rumores y chismes que sólo repiten afirmaciones desmentidas desde hace tiempo”.

Al actuar en su contra, afirmó, “los republicanos sólo de nombre en la legislatura de Texas ahora están en el mismo bando que Joe Biden”.

El juicio político requiere de la mayoría de los 150 integrantes de la cámara baja, en donde los republicanos tienen un claro control de 85-64. De momento se desconoce el número de simpatizantes que Paxton tendría entre los representantes. Desde que salió a la luz la posibilidad de llevar a Paxton a juicio político el miércoles, ninguno de los otros republicanos de alto rango en el estado ha expresado su apoyo al fiscal.

También se desconoce cuándo se llevará a cabo una votación. El representante republicano Andrew Murr, presidente de la comisión de investigación, dijo que aún no ha establecido un plazo, mientras que la oficina de Phelan se negó a comentar al respecto.

A diferencia del Congreso federal, un juicio político en Texas requiere la salida inmediata del cargo hasta que se lleve a cabo un juicio en el Senado. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, podría designar a un reemplazo interino. La destitución definitiva requeriría el apoyo de dos tercios en el Senado estatal. La esposa de Paxton, Angela, es senadora en Texas.

Eso significa que Paxton enfrenta un despido a manos de legisladores republicanos apenas siete meses después de que ganó por amplio margen una elección para un tercer periodo superando a otros aspirantes — entre ellos a George P. Bush —, quienes habían exhortado a los votantes a rechazar al funcionario pero que descubrieron que buena parte del electorado no estaba al tanto de la larga lista de presuntos delitos de Paxton o simplemente desestimaron las acusaciones, considerándolas como ataques políticos.

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Este despacho fue corregido para aclarar que para iniciar un proceso de juicio político se requiere de la mayoría de los votos en la cámara baja del estado, y no de dos terceras partes como se había establecido en un despacho previo.