Trump promete imponer aranceles debido al flujo de inmigrantes. ¿Qué dicen los datos?
WASHINGTON — El virtual presidente electo Donald Trump arremetió el lunes en contra de México y Canadá, acusándolos de permitir la entrada de miles de personas a Estados Unidos.
Retomando uno de los principales temas de su campaña electoral y su primer mandato, Trump dijo que las fronteras del país son inseguras y afirmó que los inmigrantes contribuyen a la delincuencia y a la crisis de fentanilo que azota a Estados Unidos. Durante un anuncio que podría tener graves repercusiones, amenazó con imponer aranceles del 25% a todo lo que entre al país procedente de esas dos naciones.
El discurso antiinmigración de Trump ha resonado entre los votantes preocupados por la situación de la inmigración y los índices delictivos en el país. Sin embargo, la breve declaración del republicano no pinta un panorama completo.
A continuación, un vistazo a lo que indican las cifras y estudios sobre los cruces fronterizos, el tráfico de fentanilo y si existe una conexión entre la inmigración y el crimen:
El virtual presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el lunes con imponer nuevos aranceles a México, Canadá y China tan pronto como asuma el cargo, como parte de sus planes para combatir la inmigración ilegal y el tráfico de drogas.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés), que pertenece al Departamento de Seguridad Nacional, publica mes con mes estadísticas que abarcan todos los aspectos, desde las incautaciones de drogas hasta el comercio transfronterizo. Una de las métricas es el número de arrestos o encuentros que la Patrulla Fronteriza tiene cada mes con personas que ingresan al país fuera de los cruces fronterizos oficiales.
La gran mayoría de esos arrestos ocurren en la frontera sur.
Estas cifras han ido a la baja este año durante el gobierno del presidente Joe Biden. La Patrulla Fronteriza realizó 56.530 arrestos en octubre, cerca del nivel más bajo en cuatro años.
No siempre ha sido así. El gobierno de Biden tuvo problemas para reducir el creciente número de migrantes que llegaban a la frontera sur. Hace poco menos de un año, en diciembre de 2023, la Patrulla Fronteriza realizó alrededor de un cuarto de millón de detenciones a lo largo de la frontera sur, un máximo histórico. El comercio transfronterizo se vio afectado debido a la reasignación de agentes fronterizos para ayudar a procesar a migrantes, además de que el tráfico ferroviario se suspendió temporalmente.
Desde entonces, el número de encuentros en la frontera sur ha disminuido y ha permanecido en un nivel bajo gracias en parte a las mayores restricciones impuestas en México, y en parte a las medidas que limitan las solicitudes de asilo que el gobierno de Biden impuso a principios de este año.
Los republicanos tienen sus reservas en cuanto a esas cifras.
El gobierno del próximo presidente Donald Trump se perfila a tener mucha menor diversidad en comparación con el de la actual presidencia de Joe Biden, aunque incluye a varias mujeres y personas de color que parecen destinadas a ocupar algunos de los principales cargos.
Han acusado frecuentemente al gobierno de Biden de utilizar una aplicación llamada CBP One para permitir la entrada al país de cientos de miles de personas que de otro modo no podrían ingresar. Han dicho que el programa —el cual permite que unas 1.450 personas al día puedan programar una cita para ingresar al país— es básicamente una manera para mantener un bajo número de encuentros en la frontera de forma artificial.
En la frontera norte, las cifras son mucho menores. La Patrulla Fronteriza realizó 23.721 arrestos entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, en comparación con 10.021 en los 12 meses anteriores.
Trump también atravesó problemas para controlar los cruces fronterizos ilegales. En 2019 se realizaron más de 850.000 arrestos, casi el triple que dos años atrás, aunque aún muy por debajo del total de más de 2 millones durante dos años diferentes de la presidencia de Biden.
Buena parte del fentanilo de Estados Unidos llega al país procedente de México.
La plaga del fentanilo comenzó mucho antes de que Biden asumiera la presidencia. Las incautaciones fronterizas han tenido un aumento significativo durante su gobierno, lo que en parte podría reflejar una mejora en los métodos de detección. Durante el ejercicio fiscal 2023, las autoridades federales incautaron alrededor de 12.247 kilos (27.000 libras) de fentanilo, frente a los 1.154 kilos (2.545 libras) en 2019, cuando Trump era presidente.
Cuba atraviesa uno de sus peores momentos desde la revolución de 1959, con una escasez que ha alentado una emigración récord y protestas.
La cooperación entre los gobiernos de México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico sin lugar a dudas sufrió durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, quien dejó el cargo a finales de septiembre.
Antes de que López Obrador llegara a la presidencia en diciembre de 2018, Estados Unidos trabajó estrechamente con el Ejército mexicano para capturar a algunos de los cabecillas más importantes del narcotráfico.
Pero López Obrador, un nacionalista y populista, arremetió constantemente contra la violencia que provocó la guerra contra el narcotráfico que libraron sus predecesores y los gobiernos de Estados Unidos. Propuso abordar las causas sociales de la violencia como la pobreza y la falta de oportunidades para los jóvenes, una política que llamó “abrazos, no balazos”.
López Obrador negó durante años que México era productor de fentanilo, a pesar de la evidencia de lo contrario, incluidas declaraciones de sus propios funcionarios de seguridad. Culpó a la sociedad estadounidense —donde dijo que los hijos se van de casa demasiado jóvenes— de cultivar adictos.
La presidenta Claudia Sheinbaum apenas lleva dos meses en el cargo, pero hay indicios de que parece más dispuesta a permitir que las fuerzas armadas vayan detrás de los cárteles, en comparación con su predecesor.
Pero mientras que la mayoría del fentanilo proviene de México, las estadísticas demuestran que son los estadounidenses los que contrabandean esta sustancia a través de la frontera. Según la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, el 86,4% de las personas que fueron declaradas culpables por delitos de tráfico de fentanilo durante el período de 12 meses que terminó en septiembre de 2023 eran ciudadanos estadounidenses.
Texas es el único estado que rastrea el crimen de acuerdo al estatus migratorio. La Academia Nacional de Ciencias publicó un estudio basado en datos del Departamento de Seguridad Pública de Texas de 2012 a 2016, el cual reveló que aquellas personas que se encontraban sin autorización en el país tenían “tasas delictivas sustancialmente más bajas que los ciudadanos nacidos en el país y los inmigrantes legales en una amplia gama de delitos graves”.
California podría ofrecer rebajas fiscales para la compra de vehículos eléctricos si la próxima administración de Donald Trump elimina el crédito fiscal federal para vehículos eléctricos, dijo el lunes el gobernador Gavin Newsom.
Si bien las estadísticas del FBI no dividen los crímenes por el estatus migratorio del perpetrador, no existe evidencia de un aumento en los delitos realizados migrantes, ya sea a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México o en ciudades que reciben a la mayor afluencia de migrantes, como Nueva York. Los estudios han revelado que las personas que viven sin autorización en Estados Unidos tienen menos probabilidades a ser detenidos por delitos violentos, o relacionados con drogas e invasión de propiedad, en comparación con los estadounidenses nacidos en el país.
Algunos crímenes son inevitables, debido a la gran población de inmigrantes. Se calcula que en enero de 2022 había 11 millones de personas que estaban sin autorización en Estados Unidos, según la última estimación del Departamento de Seguridad Nacional. Ese año, la Oficina del Censo estimó que la población nacida en el extranjero era de 46,2 millones de personas, o casi el 14% del total, y la mayoría d elos estados registraron aumentos porcentuales en doble dígito en los últimos 12 años.
Los republicanos han destacado crímenes de alto perfil cometidos por inmigrantes, como la muerte de Laken Riley, una estudiante de 22 años que fue asesinada en febrero pasado en Georgia, y han argumentado que cualquier crimen cometido por una persona que está sin permiso en el país es un delito que no debió ocurrir.
Un hombre venezolano que ingresó al país ilegalmente fue condenado y sentenciado a cadena perpetua este mes por el asesinato de Riley.
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