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E-Verify fue creado para detectar trabajadores sin estatus legal; ¿cómo sortean el control los inmigrantes?

Food Plant Raids in Mississippi
Dos personas son detenidas en una planta de Koch Foods Inc. en Morton, Mississippi, el 7 de agosto pasado.
(Rogelio V. Solis / Associated Press)
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Para un inmigrante que viaja al sur profundo para trabajar duramente en las fábricas de pollos, no toma mucho tiempo descubrir cómo conseguir un empleo, incluso sin estatus legal para trabajar en Estados Unidos.

Al llegar a Mississippi el año pasado, Beatriz, una guatemalteca de 22 años de edad aprendió rápidamente que todo lo que debía hacer era comprar documentos fraudulentos y presentarse en una de las muchas plantas, donde las revisiones superficiales y las pocas preguntas son la norma.

Entonces le pagó a un hombre $1.500 por una tarjeta de Seguridad Social falsa, una identificación a juego con su foto, y un nuevo nombre: Brandy.

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En cuestión de días tenía un empleo, cortando y pesando pollo en Pearl River Foods, en la ciudad de Carthage.

“No es un secreto. Casi todos trabajan con otro nombre”, comentó. “Todo lo que hacen es verificar su número de Seguro Social y su identificación con otro nombre, y listo”.

La relación del presidente Donald Trump con la verdad ha sido motivo de mucha discusión.

Una de las 680 trabajadoras detenidas este mes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en redadas masivas en plantas avícolas en todo Mississippi, Beatriz, habló con la condición de ser identificada sólo por su segundo nombre porque no quiere perjudicar su caso de inmigración.

Mississippi Food Plant Raids
Los trabajadores salen de la planta de procesamiento de Koch Foods en Morton, allanada por las autoridades de inmigración.
(Rogelio V. Solis / Associated Press)

La operación expuso el empleo generalizado en la industria avícola de trabajadores no autorizados, a pesar del sistema federal conocido como E-Verify, que surgió hace más de una década para garantizar que los posibles contratados estén habilitados para laborar legalmente en el país.

Mississippi exige que todos los empleadores privados utilicen E-Verify, pero esto no se cumple de manera uniforme. Un estudio reciente de Pew Charitable Trusts encontró que menos de la mitad de los contratados en el estado en los últimos años fueron examinados.

Los datos muestran que las tasas de denegación de las visas H-1B para trabajadores se han más que cuadruplicado en los últimos años.

E incluso cuando los empleadores utilizan el sistema, este tiene una gran debilidad bien conocida por quienes trabajan en las fábricas de pollos: no detecta cuándo un solicitante de empleo utiliza la identidad de otra persona.

“Sería difícil diseñar un sistema más ineficaz que E-Verify”, consideró Alex Nowrasteh, director de estudios de inmigración en el Cato Institute, un grupo de expertos libertario con sede en Washington. “El sistema sólo verifica los documentos que uno le indica. No verifica al trabajador. Ese es el defecto fatal”.

Las horas serían largas, el sol ardería, la comida sabría fatal.

Algunos empleados sin estatus legal toman prestadas las identidades de sus amigos. Otros pagan por la identificación robada de ciudadanos desconocidos o muertos. Mientras tanto, algunas compañías usan E-Verify de manera inadecuada, y otras sin escrúpulos pueden aceptar documentos sospechosos mientras afirman que usan el sistema.

Ningún ejecutivo ni gerente de las empresas que fueron blanco de las redadas de Mississippi -Koch Foods, Peco Foods, PH Food, A&B y Pearl River Foods- han sido acusados. Sin embargo, en las declaraciones juradas, los funcionarios federales de inmigración indicaron que tenían motivos probables para creer que, durante años, los cinco establecimientos habían contratado indocumentados en el país. Desde 2002, señalaron, arrestaron o encontraron a más de 360 inmigrantes sin estatus legal que afirmaron trabajar en las plantas procesadoras de pollo de Peco Foods o Koch Foods.

La nómina de PH Food externalizó a una empresa que “no cumplió” con el memorando de entendimiento de E-Verify, precisaron los investigadores en las declaraciones juradas.

Peco Foods contrató a una mujer dos veces con dos identidades diferentes, y uno de los empleados de recursos humanos de la compañía señaló en una conversación grabada en video que “a la gerencia no le importa” emplear a personas con documentos fraudulentos.

Workers leave the Koch Foods plant on the day of the immigration raids.
Los trabajadores abandonan la planta de Koch Foods el día de las redadas de inmigración.
(Rogelio V. Solis / Associated Press)

Una mujer guatemalteca, Ana Santizo-Tapia, declaró a las autoridades de inmigración en mayo que cuando inicialmente solicitó un trabajo en Koch Foods, un empleado de Recursos Humanos le dijo que sus documentos no eran “buenos” y rechazó su solicitud. Entonces se convirtió en María Gómez, pagando un total de $950 por un certificado de nacimiento falso, una tarjeta de Seguro Social e identificación con foto. Tres semanas después, según la declaración jurada, el mismo empleado de recursos humanos de Koch le dio el trabajo.

Santizo-Tapia también afirmó a las autoridades que un supervisor de la planta de Koch le preguntó si llevaba un brazalete de control electrónico en el tobillo, como es común entre los inmigrantes que han sido atrapados sin papeles y están a la espera de los procedimientos judiciales. Cuando ella respondió afirmativamente, el supervisor le dijo que debía mantenerlo cargado. Agregó que “él sabía que ‘ellos’ eran pobres y que venían a Estados Unidos a trabajar”.

Jim Gilliland, portavoz de Koch Foods, aseveró que la compañía había cumplido atentamente con E-Verify y que, a través del sistema, había descartado para empleos a unas 400 personas desde 2016. El problema, dijo, no es sólo que el programa no detecta el fraude, sino que también existe una tensión entre las leyes de inmigración para verificar la elegibilidad de empleo, y las leyes federales sobre discriminación por origen nacional. “Si solicitamos más documentos de los que se supone que debemos, o nos negamos a contratar a un trabajador sobre la base de que proviene de otro país, incurrimos en la cláusula de exceso de documentación, que forma parte de la ley federal de discriminación”, afirmó Gilliland. “No podemos hacer eso. Tenemos que tomar una decisión a conciencia, y eso es usar el sistema E-Verify”.

Family, friends and co-workers watch as immigration officials raid the Koch Foods plant.
Familiares, amigos y compañeros de trabajo observan cómo los funcionarios de inmigración allanan la planta de Koch Foods.
(Rogelio V. Solis / Associated Press)

El vocero añadió que un dispositivo de tobillo en un posible empleado no es una razón para negar el empleo. “Si uno ve algo que crea sospechas, o que cree que podría ser cuestionable, y responde a eso después de que la persona ha presentado dos formas de identificación que claramente la autorizan para el empleo, eso constituiría una discriminación”, dijo. “Así es este tema”.

Durante décadas, la ley federal no prohibió la contratación de personas en el país sin estatus legal.

Las primeras sanciones para los empleadores se establecieron en 1986 como parte de una ley de reforma de inmigración y amnistía que fue firmada por el presidente Reagan. Como concesión a los poderosos grupos de presión empresariales, las multas fueron bajas y era difícil procesar a los empleadores porque la ley exigía que el gobierno demostrara que habían “empleado a sabiendas” a personas indocumentadas.

E-Verify se lanzó formalmente en 2007, después de un programa piloto de una década. Este toma los nombres, números de Seguro Social y otra información de identificación que los candidatos envían a los empleadores, y verifica esa información con los registros de la Administración del Seguro Social y el Departamento de Seguridad Nacional. Una respuesta vuelve dentro de las 24 horas. Pero el sistema no ha cumplido su promesa.

Aunque todos los contratistas federales deben usar E-Verify, sólo nueve estados lo exigen para la mayoría o todos los empleadores privados. Y una auditoría de 2012 encargada por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU detectó que las personas indocumentadas en el país lo evadían habitualmente.

Mark Reed, ex jefe superior del Servicio de Inmigración y Naturalización -predecesor del ICE- cree que el gobierno federal es consciente de que el sistema es vulnerable al fraude de identidad. En 2003, casi 1.300 trabajadores que fueron arrestados en redadas en las plantas empacadoras de carne de Swift & Co., en la zona del medio oeste, habían pasado un chequeo de E-Verify.

Hace aproximadamente una década, dijo Reed, fue invitado a Koch Foods para explicar lo que su empresa de consultoría con sede en Tucson -que aconseja a las empresas sobre cómo evitar contratar a personas no autorizadas para trabajar- podría hacer para ellos.

Después de recomendarle a Koch incorporar un programa para bloquear el empleo de trabajadores no autorizados, capacitar a los empleados sobre la mejor manera de detectar el fraude de documentos y realizar auditorías frecuentes, nunca recibió una respuesta. “No fuimos invitados una segunda vez”, expresó Reed. “Los empleadores sabían que, si nos contrataban, perdían el acceso a un gran grupo de trabajadores”.

No todas las empresas fueron tan reacias. Tyson Foods, que fue acusada en 2001 de conspirar para contrabandear personas desde México para que trabajaran en sus plantas, en un caso que el gobierno federal finalmente perdió, ha convocado a Reed en los últimos 15 años para fortalecer su proceso de elegibilidad de empleo.

Hoy, en Mississippi, es de conocimiento común entre las personas indocumentadas que no deben siquiera molestarse en presentar una postulación para trabajar en Tyson.

Además de usar E-Verify, la compañía realiza auditorías periódicas para asegurarse de que su fuerza laboral esté libre de trabajadores no autorizados y requiere que los gerentes de contratación completen una sesión de capacitación de cuatro horas sobre cómo detectar documentos fraudulentos con lupas y retroiluminación.

El gobierno federal ha intentado mejorar el sistema agregando un programa conocido como RIDE, que vincula la identificación con foto de la licencia de conducir a las bases de datos federales a las que accede E-Verify.

Los expertos afirmaron que el sistema podría mejorarse con más información biométrica, como fotografías faciales y huellas digitales. Pero eso probablemente requeriría la creación de un registro nacional como los que se usaron durante mucho tiempo en gran parte de Europa.

Todos los ciudadanos estadounidenses y residentes legales en Estados Unidos deberían registrarse y recibir una tarjeta de identidad nacional, una medida que sería costosa y que, casi con seguridad, enfrentaría una feroz oposición de una gama de grupos preocupados por la privacidad y las libertades civiles.

Nowrasteh sugirió que el sistema era defectuoso por diseño. “Lo más extraño es que los defensores de E-Verify han dicho que era el santo remedio”, afirmó. “Quienes buscan restringir la inmigración lo apoyan, creo, porque los hace lucir como duros con el tema y saben que no perjudicará a la economía, porque no funciona. Entonces obtienen todos los beneficios, sin ninguna de las desventajas”.

Según los expertos, una aceleración importante de controles de inmigración en lugares de trabajo probablemente no tendría el apoyo popular generalizado si perjudicara las economías locales, colaborara con la ruptura de las comunidades y la división de familias.

Algunos sugirieron combinar controles más estrictos con un camino hacia la legalización, ya sea en forma de permisos de residencia y trabajo temporales renovables, o con tarjetas de residencia y una eventual ciudadanía naturalizada para los trabajadores que han vivido en EE.UU durante un cierto tiempo.

“Hay muchas repercusiones económicas y sociales que dificultan la aplicación de una política aislada”, señaló Madeline Zavodny, economista de la Universidad del Norte de Florida. “Cuando hay una población de entre 10 y 11 millones de personas que se verían perjudicadas por controles serios, [implementarlo] sería muy draconiano si no lo combinamos con un programa de legalización”.

Pero lo más probable, dijo, es que cambiará poco en el futuro cercano. “La memoria pública es corta”, afirmó. “Una incursión única en Mississippi no va a tener un gran efecto, dados todos los otros cambios en la frontera, que desvían la atención generalizada”.

Unas semanas después de que Beatriz fue liberada de la detención, con un dispositivo de monitoreo electrónico en el tobillo, la mujer luchaba por mantener a dos hijos pequeños, a quienes cría sola. Muchas plantas no aceptan empleados con tobilleras, explicó, pero espera que eso cambie pronto. “Ahora estoy esperando que todo se calme”, señaló. “Si las cosas vuelven a la normalidad, ¿tal vez alguna empresa me acepte?”.

Carcamo reportó desde Santa Ana y Jarvie desde Atlanta.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí

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