“Soñadores” de Arizona ya preparan el plan para salvar colegiaturas reducidas

Phoenix (AZ) —  Estudiantes indocumentados de Arizona amparados por la Acción Diferida (DACA) preparan una intensa movilización en las próximas semanas para mantener viva la posibilidad de seguir teniendo colegiaturas como residentes del estado.

Una de estas medidas es una campaña de concienciación para explicar a los votantes su situación para posteriormente llevar a las urnas una iniciativa que elimine la ley estatal 300 que les niega el derecho a matrículas universitarias reducidas.

“Este cáncer que es la ley 300 afecta todos los días a estudiantes indocumentados, tenemos la oportunidad ahora de decirles a los votantes ‘Hace 10 años ustedes votaron por esta ley, por favor ahora conózcanos, estamos en sus comunidades’”, dijo hoy a Efe Karina Ruiz, presidenta de la Coalición del Acta Sueño de Arizona (ADAC).

En opinión de esta “soñadora”, tras conocer su realidad, buena parte del electorado de Arizona “ahora votaría diferente”.

Estos jóvenes obtuvieron una importante victoria anoche cuando la junta directiva de los Colegios Comunitarios del Condado Maricopa (MCCCD) aprobó recurrir ante la Corte Suprema estatal el fallo de la pasada semana de la Corte de Apelaciones que establecía que los “soñadores” no tienen derecho a colegiaturas como residentes.

En opinión de la Corte de Apelaciones, DACA no les otorga la residencia legal en Estados Unidos, por lo que les afecta directamente la ley 300, aprobada en 2006 en votación popular y que niega este beneficio a estudiantes sin “papeles” sin importar si viven en el estado o se graduaron en escuelas secundarias locales.

Durante la reunión de anoche, varios miembros de la junta directiva fueron muy claros al advertir a los “soñadores” que esta apelación solo les da “tiempo” para buscar nuevas soluciones, pues, en su opinión, será muy difícil ganar en la Corte Suprema estatal, de corte conservador.

Mientras tanto, los estudiantes tienen la esperanza de que otros colegios comunitarios y universidades del estado mantengan las tarifas de residentes para los jóvenes con DACA mientras dura el caso legal, que calculan podrías ser uno a dos años más.

Ruiz reconoce que deben de buscar diferentes opciones y una de ellas es buscar el apoyo de los votantes y revocar la ley 300.

Esta idea es compartida por Dulce Matuz, activista “soñadora” de Arizona, quien considera que en este estado se ha demostrado que cuando existe una movilización de los votantes se pueden lograr cambios.

Puso como ejemplo la destitución de legislador estatal Russell Pearce, quien impulsó la aprobación de la polémica ley estatal SB1070, o la derrota del alguacil del Condado de Maricopa Joe Arpaio en las pasadas elecciones de noviembre.

“Existe una gran posibilidad. No va a ser fácil, va a requerir mucho esfuerzo, muchos sacrificios, pero la ley 300 es uno de los obstáculos más grandes que tenemos en la educación de los jóvenes inmigrantes”, enfatizó Matuz.

Ruiz, quien en carne propia vivió los efectos de la ley 300, dijo que otra opción es ejercer una fuerte presión a los colegios comunitarios y universidades estatales para que también se unan a esta demanda legal.

“Todos estos colegios tienen estudiantes con DACA, es el momento que sean valientes como los Colegios Comunitarios de Maricopa y den la cara y se pongan en el lado correcto de la historia”, dijo Ruiz, a quien le tomó 12 años terminar su licenciatura por verse forzada a pagar colegiaturas como estudiante extranjero.

La activista también responsabiliza de esta situación al gobernador de Arizona, Doug Ducey, quien decidió continuar con este proceso, al igual que otra demanda legal donde los “soñadores” pudieron obtener licencias de conducir en un caso que ahora se encuentra en la Corte Suprema federal.

ADAC estima que solamente en los Colegios Comunitarios de Maricopa hay 2.500 estudiantes con DACA, otros 500 en universidades estatales y cientos más en los diversos colegios comunitarios a través del estado.

Las organizaciones están haciendo un llamado para que los soñadores continúen inscribiéndose en los colegios comunitarios y universidades, tomen el mayor número de cursos posibles mientras puedan seguir pagando colegiaturas como residentes.

“Creo que este es un llamado de intención, no podemos dormirnos, debemos unirnos, trabajar y seguir luchando por nuestra educación”, dijo a Efe la estudiante de la Universidad de Arizona María Soto, uno de los 28.000 jóvenes amparados por DACA en Arizona, según cifras del Gobierno federal.