Florida ejecuta a reo por múltiple asesinato y reactiva la pena capital

MIAMI/EFE —  El estado de Florida ejecutó hoy al reo Jerry Correll, condenado por matar a cuchilladas a su hija de 5 años de edad y a otros tres familiares en 1985, y cuya muerte acaba con nueve meses de suspensión temporal de la pena capital en este estado.

El recluso, de 59 años, fue declarado muerto a las 7.36 pm hora local, tras recibir una inyección letal en la prisión estatal Starke, localizada en el poblado de Raiford, en el norte de Florida (EE.UU.), informó hoy el Departamento de Correccionales de Florida.

La última comida de Correll consistió en una hamburguesa con patatas fritas y un refresco, que ingirió cerca de las 10 de la mañana, y a lo largo del día el reo habló por teléfono con su hija y mantuvo un encuentro con un guía espiritual.

Poco antes de su muerte, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó, sin emitir comentarios, posponer la ejecución del reo.

Autoridades eclesiásticas y activistas en contra de la pena capital protestaron días atrás contra el gobernador del estado, Rick Scott, que con Correll completó 22 ejecuciones en menos de cinco años de gobierno.

Con esta ejecución, Scott se erige como el gobernador de este estado con mayor números de ejecuciones, al superar al exgobernador de Florida Jeb Bush (1999-2007), actual precandidato republicano presidencial, que registró 21 ejecuciones en sus ocho años de mandato.

Desde 1979, cuando se restableció la pena capital en este estado, se han registrado un total 91 ejecutados en Florida, contabilizando la muerte de Correl.

La Conferencia de Obispos Católicos de Florida había instado esta semana al gobernador Scott a atender “el llamado del papa Francisco de poner fin a la pena de muerte”, tal como hizo en su reciente visita al país, y conmutar así la pena capital a Correll.

Correll fue sentenciado en 1986 por el asesinato de su exesposa, su hija de 5 años, su exsuegra y la hermana de su exmujer, en la ciudad de Orlando, en el centro de Florida.

La ejecución del reo supone la reactivación por parte de las autoridades del estado de la pena de muerte, tras nueve meses de suspensión temporal desde que el pasado 15 de enero, Johny Shane Kormody, condenado por matar a un banquero en 1993, fue ejecutado con inyección letal.

La ejecución de Correll, prevista inicialmente para febrero, estuvo ocho meses en suspenso a la espera de un fallo de la Corte Suprema respecto a la legalidad del sedante midazolam, una de las sustancias que forman parte del compuesto químico de la inyección letal y que el año pasado fue el causante de causar sufrimientos en tres ejecuciones.

El caso que más conmoción generó fue el de Clayton Lockett, en Oklahoma, un condenado que sufrió durante 43 minutos antes de morir.

La demanda había sido interpuesta por cuatro presos de Oklahoma bajo el argumento de que el midazolam viola la Octava Enmienda de la Constitución, que protege a los ciudadanos de “castigos inusuales o crueles”.

En junio pasado, los cinco magistrados del Tribunal Supremo federal se unieron para avalar la legalidad del uso del polémico sedante, y tras ello Florida se convirtió en uno de los primeros estados que restablece la pena capital tras la polémica suscitada por la droga.

Por otro lado, ese estado renunció el pasado 16 de octubre a ejecutar a sus presos condenados a muerte al menos hasta 2016, cuando espera concluir la investigación sobre el uso de un fármaco erróneo (acetato de potasio y no cloruro de potasio) en una inyección letal en enero pasado.

Desde que el Tribunal Supremo federal restableció la pena de muerte en 1976, el país ha ejecutado a 1.419 personas, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Según esa organización, 118 hispanos han sido ejecutados (8,3 %), mientras que 491 han sido negros (34,6 %) y 785 blancos (55,4 %).

El pasado 1 de octubre, el estado de Virginia ejecutó al salvadoreño Alfredo Prieto, acusado de tres asesinatos, en la que supuso la primera aplicación de la pena de muerte en ese estado desde hacía por lo menos tres años, y la primera por inyección letal desde 2011.

En Florida, tras la polémica por el sedante midazolam, el reo Wayne Doty, de 42 años, ha pedido morir en la silla eléctrica y no mediante inyección letal, como han muerto los 47 prisioneros ejecutados en este estado desde 2000.

El reo, condenado por el asesinato de otro preso, temería no morir de inmediato, además de argumentar, en parte, que es para alcanzar la “libertad espiritual”.

Desde 1979, cuando se restableció la pena capital en Florida, 44 prisioneros han sido ejecutados mediante la silla eléctrica, el último de ellos Allen Lee Davis, en 1999, por el asesinato a puñaladas y golpes de la esposa de un ejecutivo de Westinghouse y de sus hijas, en 1982. EFE