La Corte Suprema decidirá si las declaraciones de impuestos de Trump deben ser entregadas a la Cámara de Representantes
Los jueces conocerán de tres casos en los que el presidente Trump reclama inmunidad de las investigaciones que buscan sus registros financieros, estableciendo un fallo sobre la cuestión fundamental de la separación de poderes
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WASHINGTON — La Corte Suprema quedó el viernes en medio de un enfrentamiento entre el Congreso y el presidente, diciendo que considerará tres casos en los que Trump argumenta que la Constitución le da una amplia inmunidad para proteger sus declaraciones de impuestos y sus registros de negocios de ser divulgados a los demócratas de la Cámara o a los fiscales.
La acción de la corte prepara el escenario para una decisión política el próximo año, al mismo tiempo en que Trump se encuentre en plena campaña para la reelección.
En dos de los casos, que involucran citaciones de la Cámara de Representantes y de los fiscales de Nueva York, se trata de una cuestión fundamental que implica la separación de poderes: ¿Tiene el Congreso un amplio poder para investigar y exigir información del poder ejecutivo, incluso del presidente, o el jefe del ejecutivo está protegido contra la intromisión del Congreso en sus asuntos personales?
Trump ha reclamado una inmunidad casi absoluta de tener que revelar tales registros personales mientras es presidente - una afirmación que, hasta ahora, ha sido rechazada por los jueces de los tribunales federales de distrito y de apelaciones en los tres casos.
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Si los jueces confirman las citaciones - dos de las comisiones de la Cámara y una de un gran jurado de Nueva York - las declaraciones de impuestos de Trump y otros registros financieros podrían ser entregados este verano. Sin embargo, si la corte suprema decide a favor del primer mandatario, podría continuar su campaña de reelección sin tener que revelar detalles financieros privados que la mayoría de los demás aspirantes a la presidencia han expuesto, incluyendo el monto y las fuentes de sus ingresos, los impuestos que han pagado y las transacciones comerciales de la Organización Trump.
Los abogados de la Cámara de Representantes dicen que el Congreso tiene una larga y honrosa historia en la realización de investigaciones, y argumentan que las “citaciones válidas” para los contadores y banqueros de Trump tienen fuerza de ley. Ganaron ante los jueces federales de distrito y el tribunal de apelaciones de Estados Unidos en Washington en octubre y el Tribunal de Apelaciones del 2º Circuito de Estados Unidos en Nueva York este mes.
Trump ha confiado en que prevalecerá ante la Corte Suprema porque cinco de los nueve jueces son nombrados por los republicanos.
En el pasado, sin embargo, el tribunal ha estado unido en torno a importantes cuestiones de poder presidencial. En 1974, un tribunal unánime que incluía a personas designadas por el presidente Nixon se negó a proteger sus cintas de Watergate. Y en 1997, un tribunal unánime rechazó proteger al presidente Clinton de responder a una demanda civil que alegaba que había acosado sexualmente a una empleada del estado de Arkansas.
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En sus apelaciones, los abogados de Trump dijeron que las demandas de la Cámara para obtener los registros personales y comerciales del presidente no tienen precedentes en su objetivo y alcance. “Es la primera vez que el Congreso ha pedido los registros personales de un primer mandatario en ejercicio”, señalaron al tribunal. También es “la primera vez que el Congreso ha emitido una citación, bajo el disfraz de sus poderes legislativos, para investigar al presidente por conducta ilegal”.
La Constitución no dice específicamente que el Congreso tiene el poder de supervisar o investigar, pero se ha entendido que sus “poderes legislativos” incluyen la autoridad para indagar el funcionamiento del gobierno. Los abogados de Trump insisten en que esta autoridad general del Congreso no incluye investigar la “violación de la ley” o la “conducta ilegal”.
La disputa sobre las citaciones tributarias se presenta ante el tribunal al mismo tiempo que los demócratas de la Cámara de Representantes se dirigen a impugnar a Trump y a solicitar su destitución del cargo. Mientras que las dos batallas están separadas y operan en diferentes horarios, los demócratas ven un tema común. En ambos casos, dicen que el presidente se ha negado a cooperar y ha bloqueado sus investigaciones.
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Tres comités de la Cámara de Representantes -sobre Supervisión, Servicios Financieros e Inteligencia- enviaron citaciones a principios de este año a Mazars USA, los contadores de Trump, y a Deutsche Bank y Capitol One, que se encargaron de la financiación de la organización Trump. Las citaciones buscan una cantidad masiva de información, incluyendo ocho años de declaraciones de impuestos del presidente. Los legisladores manifestaron que estaban investigando los potenciales conflictos de intereses del mandatario y silenciando los pagos de dinero a dos mujeres que dijeron que tenían relaciones con Trump, así como las acusaciones de que la Organización Trump se beneficiaba del “lavado de dinero” de los oligarcas rusos.
Los abogados de Trump demandaron tanto en la corte federal en Washington para bloquear la citación del Comité de Supervisión como en Nueva York para bloquear las citaciones al Deutsche Bank y a Capital One de los Comités de Servicios Financieros e Inteligencia. Dijeron que las citaciones eran “extraordinarias” y “arrolladoras” en su alcance.
En el caso de Deutsche Bank, dijeron que la citación del comité “exige información sobre siete entidades comerciales, así como las cuentas personales no sólo del presidente, sino también de Donald Trump Jr., Eric Trump e Ivanka Trump”, además de “todos los familiares inmediatos de las personas nombradas, es decir, sus cónyuges e hijos menores de edad, y en el caso del presidente, sus nietos....”. Buscan documentos que se remontan a más de una década [y] cubren a individuos que nunca han ocupado cargos públicos”.
Por otra parte, un gran jurado de Nueva York a instancias del fiscal de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., citó las declaraciones de impuestos y los registros financieros de Trump como parte de una investigación de los supuestos pagos de dinero por silencio a dos mujeres. Los abogados del primer mandatario dijeron que el presidente tenía “inmunidad absoluta” de una investigación criminal, pero que perdieron ante un juez federal y el Tribunal de Apelaciones del 2º Circuito. El mes pasado, los abogados de Trump le pidieron al tribunal que también revocara ese fallo.
Hasta ahora, los abogados de ambos bandos han tomado posiciones que pueden no funcionar bien ante los jueces. Los abogados de la Cámara de Representantes han argumentado que los legisladores tienen una autoridad casi ilimitada para exigir documentos y registros personales porque podrían afectar a alguna legislación futura. Los abogados de Trump han afirmado que el jefe del ejecutivo tiene un escudo casi absoluto para no ser forzado a revelar información al Congreso.
El famoso precedente en esta área es el fallo de 1974 en el caso Estados Unidos contra Nixon cuando la Corte Suprema confirmó una orden que requería que el presidente Nixon entregara las cintas de su Oficina Oval al gran jurado que investigaba el allanamiento de Watergate. No es de extrañar que los abogados de la competencia lo vean de manera diferente. Para los legistas de la Cámara, el fallo demuestra que el presidente no está por encima de la ley y que se le puede exigir que revele incluso sus conversaciones privadas en el Despacho Oval. Pero los abogados de Trump señalan que la citación provino de un gran jurado penal, no del Congreso, y que buscaba información que era crucial para un caso penal pendiente.
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