Editorial: ¿Cómo poner fin al círculo vicioso de la prisión a las calles? Aprobando una ley para brindar vivienda

Los californianos que son liberados de la prisión estatal obtienen “dinero de salida”, como una ayuda para reinsertarse. “No desperdicie el dinero”, aconseja el manual oficial de libertad condicional. “Úsela para necesidades como comida, habitación y transporte”.

Pero en materia de alojamiento, esa cantidad no es tan rendidora como antes. En 1973, los $200 que proporcionaba el estado eran suficientes para un boleto de autobús de San Quentin a Los Ángeles y un par de meses en un apartamento digno. Con suerte y ayuda externa, ese era tiempo suficiente para encontrar un trabajo que pagara por un alojamiento estable para el exprisionero. No obstante, el estado no ha aumentado su pago en casi medio siglo, y los mismos $200 hoy significan un viaje en autobús, un sándwich y, como mucho, una noche o dos en un motel barato. Después de eso, muchas personas terminan sin hogar. El sistema del estado equivale a un conducto de la prisión a la calle.

Es un sistema que ha funcionado mal. Los investigadores hallaron un fuerte vínculo entre salir de prisión y vivir en tiendas de campaña o refugios de cartón improvisados. La cuestión es especialmente cierta en lugares como Los Ángeles, donde los precios de la vivienda se han disparado en el transcurso de una pena de prisión típica. Tales costos inaccesibles aumentan las posibilidades de que una persona que sale de prisión regrese, porque en lugar de un hogar seguro con una cama caliente y una puerta que se cierra con llave, las calles miserables ofrecen poco más que desesperación y el peligro de volver a caer en malos hábitos, como las drogas y el robo.

Una acción inteligente es ayudar a las miles de personas que salen de las prisiones de California cada mes a encontrar alojamiento estable, para que no terminen en la calle. La vivienda es una parte integral de cualquier estrategia inteligente para individuos sin hogar. Aumentar el monto del dinero de salida no alcanzará para ello.

Mientras tanto, después de décadas de alzas, la población encarcelada de California comienza a disminuir, lentamente. El gobernador Gavin Newsom ordenó el cierre de la Institución Vocacional Deuel, en Tracy, y del Centro Correccional de California, en Susanville. Los considerables ahorros obtenidos por ello deben reasignarse a programas de reinserción, que albergan a las personas que recuperan la libertad. El año pasado, el asambleísta David Chiu, demócrata de San Francisco, presentó el proyecto AB 328 para crear el Programa de desarrollo de la fuerza laboral y vivienda de reinserción, que proporcionaría subvenciones, incentivos y más apoyos para quienes salen de prisión.

Pero el cierre de Susanville fue suspendido en espera de una demanda, por lo cual los ahorros también están suspendidos. Chiu dejó la Legislatura el año pasado para convertirse en fiscal de la ciudad de San Francisco.

Sin embargo, la necesidad de viviendas de reinserción no ha disminuido, mientras que California tiene un superávit inusual y enorme; no hay razón para retrasar un programa que mantenga a las personas fuera de la calle y reduzca la reincidencia criminal. El asambleísta Isaac Bryan, demócrata de Los Ángeles, y varios de sus colegas están reelaborando el proyecto de ley para lanzar un piloto financiado con $200 millones del superávit del estado. Si no logra salir del Comité de Asignaciones esta semana, presentarán uno nuevo. Cualquier ruta es correcta; es hora de crear y financiar el programa.

Los fondos estarán disponibles cada año una vez que el Centro Correccional de California cierre, y a ello deberían seguirle otras clausuras bien consideradas (y sus consiguientes ahorros de costos), a medida que la población carcelaria disminuye y gran parte del complejo penitenciario sobreconstruido del estado llega al final de su vida útil. Es posible que eso sea insuficiente para financiar por completo los muchos programas de reinserción que tanto necesitan quienes recuperan la libertad, pero al menos es un paso para reinvertir en programas que nos protegen a todos, al mantener a las personas fuera de prisión cuando no necesitan estar allí.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.