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Análisis: Efemérides de una infamia

ARCHIVO- Insurrectos leales al presidente Donald Trump asaltan el Capitolio, Washington, 6 de enero de 2021.
Insurrectos leales al presidente Donald Trump asaltan el Capitolio, Washington, 6 de enero de 2021.
(ASSOCIATED PRESS)

Como manadas de fieras se abalanzaron con furia ciega sobre el Capitolio. En la jauría trituraron puertas y ventanas. Abatieron a los policías que, impotentes, trataban de mantener el orden. Correteaban por salones y pasillos dando alaridos. Semejante desmán jamás fue visto en la historia norteamericana. Sólo el enemigo británico en plena Guerra del 1812 invadió y dio fuego a la capital. El ataque al Capitolio hace un año, intento golpista, fue actividad sediciosa norteamericana. Más de 700 insurrectos han sido encausados, sólo 71 han recibido condenas. La Casa de Representantes investiga a fondo los detalles e implicados.

Nos engañaron. La constitución norteamericana delegó a los distintos estados la potestad de establecer las normas del voto. En líneas generales, tal derecho se otorgaba a hombres blancos con propiedades o liquidez tributables al fisco. El concepto se llamó “stake in society” o apuesta en la sociedad. La historia se ha encauzado, a través de la lucha por los derechos civiles, a una mayor inclusión ciudadana al voto. De poco ha servido. La “gran mentira” y la insurrección del 6 de enero se alzan en burla.

Lucha en vano

En las elecciones presidenciales, poco más de la mitad de la población con facultad participativa se presentó a las urnas. En los últimos años los estudiosos se han sorprendido al alcanzar cifras que sobrepasan al 60%. Tras la lucha de Rosa Park, Martin Luther King y el valiente juez Thurgood Marshall, la participación de los afroamericanos no ha sobrepasado el 67 por ciento.

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Los hispanos, testigos de la xenofobia latente hecha explícita por Donald Trump nunca han llegado a cifras por encima del 55%. En lo que se pudiera llamarse autodesprecio, un 32% dieron su voto a Trump en el 2020. Eso, por supuesto, incluye a los cubanos de la Florida. Ha de tenerse en cuenta sin embargo que el condado Miami-Dade donde reside esa población votó en elecciones presidenciales dos veces por Obama, por Hillary Clinton y por Biden en el 2020.

Votantes incultos

La crisis en el sistema educativo estadounidense se lleva a las urnas electorales. Una encuesta de Annenberg reveló que menos de un tercio de la población puede enumerar las tres ramas del gobierno federal. La mayoría no parece entender cómo funciona el gobierno ni cómo se promulgan las leyes. Un estudio de la Woodrow Wilson National Fellowship Foundation dio a conocer que sólo un tercio de los estadounidenses pueden aprobar el examen básico de ciudadanía. La mayoría de los estadounidenses desconocen contra quién luchó su país en la Segunda Guerra Mundial.

Causa alarma el estudio de la American Council of Trustees. Muchos graduados universitarios no están preparados para una ciudadanía informada. Sólo el 18% de las universidades requieren que sus estudiantes tomen cursos básicos sobre el gobierno o la historia de su país. Las consecuencias de esta tendencia son alarmantes. Sólo el 12% sabe que fue la Decimotercera Enmienda la que liberó a los esclavos. El 18% eligió a la joven neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez como autora del New Deal, grupo de programas públicos promulgados por el presidente Franklin Roosevelt en la década de 1930. Más del 60% no pudo identificar la duración de los mandatos de los miembros del Congreso.

Cabe entonces preguntar: ¿saben usar su deber ciudadano?

Votantes volubles, manipulables

La propaganda es el elemento central de las nuevas estrategias de comunicación. Su meta, la manipulación de las masas, sobre todo aquellas aquéllas sin formación. Fijan y matizan los temas del debate público, crean estereotipos y categorías fáciles de comprender. Los medios de comunicación crean los mensajes políticos que se convierten en opinión pública. Aquí hay que hacer hincapié en el poder de la televisión y los medios sociales así como la falta de reacción crítica ante los estímulos que allí encuentran. ¿Cuántas personas comprueban la veracidad de la información constatándola con varias fuentes? ¿Cuántas personas toman el tiempo en comparar la inclinación editorial y confiabilidad histórica del medio? ¿Cuántas personas comparan el elemento visual (colores fuertes, fotos chocantes) en que se basa o complementa la información? ¿Cuántas personas comparan el estilo lingüístico: alarmista o equilibrado?

Para mayor efectividad del mensaje se comprime la misiva, se hace más breve, se incrementa la frecuencia y la uniformidad de la fuente. Las fuentes establecidas son conglomerados, cada vez con menor número de dueños (megaempresas) cuyos filtros editoriales (salvo algunas excepciones) responden a las afiliaciones políticas de los accionistas y anunciantes. Muchos medios sin el poderío económico de tener corresponsales y fotógrafos en la escena de los hechos seleccionan de los servicios cablegráficos aquello que sintoniza con su política editorial.

Propaganda

Apuntan los analistas que los medios sociales y la televisión plantean una seria crisis en la producción, circulación y consumo de la desinformación, herramienta geoestratégica en la formación de la opinión y por ende la acción pública. He aquí que se produce una ruptura en la esfera pública cuando se trata de ciudadanos desinformados y sin aptitud o tendencia crítica. Ángel Badillo ha estudiado con profundidad el tema. La creación del estado de “post-truth” donde los hechos verificables tienen menos influencia en moldear la opinión pública que los llamados a la emoción. Fue Kellyanne Conway, vocera del Presidente Trump quien articulara la frase “alternative facts” o “hechos alternativos”. En este estado el espacio público para la discusión razonable en los asuntos públicos (Habermas) con el fin de llegar a acuerdos conjuntos se ha llenado de histeria y desinformación. Nótese también la falta del “intelectual público” en los medios. En Francia estas figuras colocan el debate en parámetros históricos y filosóficos, proceso desmitificador.

La propaganda es la técnica que da a conocer e intenta propagar doctrinas y opiniones con el fin de atraer adeptos o compradores. Comienza concretamente en el 1622 con el Papa Gregorio XV y la Sagrada Congregación para la Propagación de la Fe. En nuestra actualidad se asocia a la difusión de “fake news” con fines políticos. Las redes digitales, los teléfonos celulares, “influencers” en YouTube , han redefinido e incluso minimizado el impacto de los medios tradicionales. Es ahora cuando las megaempresas Facebook y Twitter se plantean la interrogante entre libertad de expresión y la desinformación rusa o el discurso de los discípulos de Donald Trump. Es en esa población donde encontramos la “Gran Mentira” que provocara la insurrección del 6 de enero y las dudas sobre la efectividad de las vacunas anti-COVID.

Seguidores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tratan de desmontar una barrera
Seguidores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tratan de desmontar una barrera policial, el 6 de enero de 2021, en el Capitolio, en Washington.
(ASSOCIATED PRESS)

Adictos

Aquí presentamos estadísticas alarmantes. Según cálculos la cifra de usuarios de teléfonos inteligentes en Estados Unidos sobrepasa los 294 millones. Los estudios apuntan que la mayoría de estas personas revisan sus celulares hasta 63 veces al día. Los estadounidenses promedian 5,4 horas al día en sus teléfonos móviles. Small Buz Trends calcula que los estadounidenses pasan un promedio de 6.31 horas en Internet al día. De ese tiempo, los norteamericanos pasan entre 2 horas y 10 minutos hasta 2 horas y 24 minutos de tiempo de Internet en las redes sociales. El adulto promedio pasa alrededor de 4 horas y 30 minutos, los jóvenes tres horas y 17 minutos al día viendo programas y películas en la televisión.

Aún cuando las empresas de tecnología y redes sociales se enfrentan a críticas por no detener el flujo de desinformación en sus plataformas, un segmento considerable de los estadounidenses continúa recurriendo a estos sitios en busca de noticias. Según el Pew Research Center, un poco menos de la mitad (48%) de los adultos norteamericanos dice recibir sus noticias en las redes sociales “a menudo” con Facebook a la cabeza (31%). Al sondear los hábitos de consumo de noticias por televisión, en general, el 43% de los adultos dicen, según Pew, haber recibido noticias políticas de Fox News, cuatro veces más que de Newsmax (10%) y seis veces el porcentaje de OneAmericaNews (7%).

Desigualdad económica

La pobreza explica, por la ubicación de los barrios, el limitado acceso a escuelas con rigor para formar conciencias cívicas y conocimiento histórico. La disparidad económica crea dos factores: la falta de hábitos de lectura y de tiempo para la reflexión. La institucionalización elitista de las artes en Norteamérica excluye sistemáticamente a los pobres de los foros de educación humanística (bellas artes, música y conferencias). Todos estos factores contribuyen a la condición enajenada. Aún los canales de radio y televisión públicas no ofrecen programación en español y con mínima ayuda federal, dedican gran parte de su tiempo a solicitar contribuciones que vienen de un sector pudiente. No construyen puentes a otro tipo de población. Si existe un deseo de información balanceada – más allá de los periódicos sin obvias agendas políticas en sus reportajes noticiosos, las revistas de información y análisis alcanzan precios inasequibles El trabajador no tiene el tiempo ni la costumbre de leer estas publicaciones.La desigualdad se extiende hasta el acceso a la trayectoria y plataforma política que presentan los candidatos políticos, las propuestas legislativas que se debaten en el Congreso ni sus consecuencias prácticas. Es por ello que se hacen vulnerables a la desinformación.

Tipos de democracia y crisis estadounidense

La constitución norteamericana es de índole representativa y otorga el poder legislativo al Congreso bicameral compuesto de delegados electos por los ciudadanos. Esta estructura se repite en cada uno de los cincuenta estados para ventilar los temas de su incumbencia.

Existe en la actualidad una crisis. Los legisladores pasan más tiempo recaudando fondos y asegurando su permanencia en el poder. Los temas de índole nacional pasan a un lugar secundario. Desde antes de la decisión Citizens Untied versus FEC las elecciones están viciadas por las contribuciones de millonarios y grupos con intereses especiales a los que deben lealtad. En Washington se vienen desarrollando organismos de presión y cabilderos que mediante donaciones llevan a los legisladores a adoptar políticas contrarias al bien público pero afines a ciertas industrias, ideologías, grupos religiosos o naciones extranjeras. Es ésta una gran amenaza al proceso democrático.

Existe, sin embargo, otra opción a la democracia representativa. Los Estados Unidos no es una democracia parlamentaria. La democracia directa se ejerce en Suiza y en algunos estados de Norteamérica como California. Puede invocar asambleas de ciudadanos, llamar a un referéndum, plebiscitos, iniciativas populares, peticiones revocatorias y advocaciones. El costo que involucra este tipo de opción y la inversión de tiempo hacen la democracia directa algo casi quimérico, más aún si se cuenta con un electorado letárgico e indiferente.

Una democracia en crisis existe cuando los votos no cuentan por igual. Desde hace años ambos partidos vienen utilizando una estratagema que divide la geografía en distritos en forma favorable a sus candidatos. En los últimos años, esta treta ha llegado a crear demarcaciones con formas geométricas inverosímiles y así asegurar mayorías Republicanas y aminorar el efecto del voto hispano e hispano y afroamericano.

La lucha por extender el voto democrático se ve en aprietos. Las legislaturas de muchos estados imponen restricciones para obstaculizar la participación política de grupos minoritarios. Se calcula que los Republicanos en 43 estados han presentado 253 propuestas para restringir el acceso al voto. El partido controla 36 de esas legislaturas. Ya han adoptado medidas que garantizan el conteo, supervisión y certificación de las elecciones por parte de los legisladores. La misión recaía en comisiones independientes y bipartidistas.

El mitin de seguidores de Donald Trump en Washington el 6 de enero del 2021,
El mitin de seguidores de Donald Trump en Washington el 6 de enero del 2021, justo antes del asalto al Capitolio.
(ASSOCIATED PRESS)

Anocracia, la actualidad

La catedrática californiana Barbara Walter (University California San Diego), ex analista en la CIA e investigadora para el Instituto de Paz en Estocolmo, califica la nación americana como una anocracia en peligro de otra guerra civil. La anocracia es un gobierno que mezcla características democráticas y autocráticas. Se caracteriza por la incoherencia e inestabilidad, susceptible al estallido de un conflicto armado, guerrillas, repetidos cambios de liderazgo y elementos autoritarios. Es un sistema que limita la posibilidad de participación y agencia. Estas naciones exponen una menor capacidad para mantener el orden y la dinámica política. Los mecanismos para la corrección de injusticias están poco desarrollados.

Un pueblo amorfo, aislado entre sí, desinformado, enajenado no es un pueblo emancipado. Sin conciencia crítica cae víctima a la propaganda y al caudillismo. Viven la anocracia. En el paso del tiempo y en el propio partido Republicano ya se siente revisionismo histórico sobre los hechos y los culpables de la insurrección. La memoria del norteamericano es a corto plazo. Otro factor a considerar: los medios de comunicación se enfocan ahora en la pandemia obviando a los grupos como Proud Boys, Oath Keepers, QAnon, Three Percenters, extremistas aliados con Trump a propagar la “Gran Mentira”. El catedrático Laurence Tribe llama la atención a la “insurrección en cámara lenta”. Asegura que dadas ciertas condiciones puede repetirse otro coup. El Buró Federal de Investigaciones no ha tomado medidas directas para controlar la subversión armada ultraderechista.

Aún cuando el Comité del 6 de enero en la Cámara de Representates investigue las causas de la insurrección e identifique a los cabecillas, muchos se han negado a prestar testimonio o a suministrar evidencia. Donald Trump y sus aliados han utilizado tácticas dilatorias esperando un cambio en la mayoría y la disolución del comité.

Si bien el comité prosigue indagando, poco se logrará más que un informe que pronto caerá en el olvido. Por más que declare lo contrario, el pusilánime Departamento de Justicia bajo Merrick Garland, sus filas todavía contaminadas con los aliados de Trump, poco hará por llevar a los tribunales a los cabecillas insurrectos. La desidia en la Fiscalía General es evidente, no ha comenzado una investigación a fondo sobre los actos criminales ocurridos el 6 de enero. Ni aquí ni en los tribunales federales se ha utilizado el estatuto 18 US Code 115 secciones 2383 y 2384 aplicables a la sedición e insurrección.

¿Qué hacer?

La crisis que afecta la democracia norteamericana puede encontrar una mejoría con la aprobación en el Senado de la ley John Lewis (John Lewis Voting Rights Advancement Act) que pone fin a la discriminación producto de esquemas de restricción al voto impuestas por algunos estados. La ley tiene como objetivo viabilizar el poder participativo minoritario en el proceso electoral. El futuro del proyecto es aún incierto en el Senado.

Una segunda opción es el poder judicial. Muchas organizaciones como la Unión de Libertades Civiles y el Centro Sureño Sobre la Pobreza pueden retar en los tribunales todas las medidas que violen los derechos constitucionales de las minorías y grupos protegidos.

El activismo político por aquellos que en las minorías están al tanto de los mecanismos políticos puede comenzar a sanear el debate y praxis logrando así diálogos fructíferos y negociaciones productivas que beneficien a las distintas comunidades. Siendo los hispanos aproximadamente el 18% de la población y el 13% de los votantes, se tiene que lograr otros 19 escaños en la Cámara de Representantes. En las más recientes elecciones la comunidad sufrió una pérdida sustancial en las legislaturas estatales. Esto se logra infiltrándose en las maquinarias políticas, logrando visibilidad en los medios de mayor alcance, activismo comunitario y una presencia constante, sin pedir contribuciones, antes del período electoral.

Otra alternativa a utilizar: el activismo, la acción directa. Enarbolar cartelones, marchar, llamar a la demostración pacífica. Los legisladores hacen caso omiso a los telefaxes, correos electrónicos y cartas. Las visitas en grupo a sus oficinas obtienen resultados en algunas ocasiones. La batalla por lograr el control de cierto tipo de armamentos en territorio nacional, a pesar de todas las pesquisas, no ha dado resultado. Las donaciones e influencia de la National Rifle Association han sido más poderosas. Los grupos que puedan amenazar la permanencia política del ejecutivo o el legislativo pueden surtir cierto efecto, no siempre. Salvo algunos movimientos laborales y los valerosos esfuerzos de la comunidad afroamericana, los Estados Unidos no han tenido un historial de manifestaciones en el reclamo por la pulcritud gubernamental o la defensa de otros derechos constitucionales.

La democracia norteamericana, ahora anocracia, se halla minada por muchos factores: “la Gran Mentira”, los intereses creados, legisladores ineptos, caducos, preocupados por mantener su poder, un electorado indolente y desinformado, víctima de la propaganda, el caudillismo, restricciones al voto, maniobras para crear dudas en la exactitud del conteo de votos y el peligro de una nueva inresurrección. Los remedios posibles pueden llegar con un proyecto de ley que peligra en el Senado, la acción política directa y una mayor participación. No serán soluciones a corto plazo.

Justo J. Sánchez, SPJ, AICA-USA, analista cultural, se desenvolvió como periodista en Nueva York. Ha sido docente en universidades estadounidenses y en Italia.

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