Mis padres inmigrantes perdieron sus trabajos, pero la Ley CARES no ayuda a las familias de estatus mixto como la mía
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A las pocas semanas del brote de COVID-19, mis padres, ambos trabajadores indocumentados en la industria de la confección de Los Ángeles, perdieron sus empleos. Durante semanas fui la única persona remunerada en mi familia.
Los ingresos de mi pasantía en Washington, D.C., debieron mantenerme a mí, a mis padres desempleados y a mi hermana menor, que está en la universidad. Yo tengo 22 años.
Si bien millones de ciudadanos estadounidenses perdieron la seguridad financiera debido al brote de coronavirus, muchos son elegibles para una licencia por enfermedad pagada o los beneficios de desempleo, y tienen acceso a las pruebas para COVID-19. Pero eso no ocurre para muchos inmigrantes indocumentados en Estados Unidos que, como mis padres, son trabajadores de bajos salarios y no califican para beneficios públicos debido a su estado migratorio.
Durante años, mis padres trabajaron en talleres de confección de prendas de vestir, en condiciones insalubres y bajo un sistema de explotación a destajo. Como muchos otros, cosían, cortaban, planchaban y empacaban trajes, vestidos y blusas.
Afortunadamente, mi padre fue llamado a trabajar la semana pasada para confeccionar mascarillas faciales, que ahora tienen una enorme demanda.
La pandemia de COVID-19 obligó a mis padres a hacer uso de los ahorros de emergencia, que se agotarán en menos de un mes. Mi padre tiene diabetes y mi mamá es hipertensa; afecciones crónicas que los hacen aún más susceptibles a las graves consecuencias para la salud del coronavirus.
Como hija latina de inmigrantes nacida en Estados Unidos, estoy viendo de primera mano cómo el virus afecta desproporcionadamente a familias de estatus mixto como la mía, cuyos miembros tienen situaciones legales variables. Esto ha exacerbado nuestra inestabilidad financiera e inseguridad alimenticia.
Como resultado directo de la pandemia, según una encuesta del Pew Research Center, el 49% de los hogares latinos en EE.UU sufrieron la reducción de sus salarios o perdieron sus empleos. Mientras tanto, se estima que seis millones de inmigrantes han sido designados como “trabajadores esenciales”, que están exentos de la cuarentena y pueden trabajar.
El frenesí por el equipo para combatir el coronavirus ha llevado a un mercado caótico en el que los estados, ciudades y hospitales han tenido que depender de intermediarios.
Alrededor de 200,000 de estos trabajadores están legalmente aquí como beneficiarios del programa DACA, para quienes llegaron al país sin autorización cuando eran niños pero calificaron para un alivio de la deportación en el marco de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.
Otros 130,000 trabajadores tienen un estado de protección temporal, lo cual les permite vivir legalmente, aunque de forma temporal, en Estados Unidos; muchos son trabajadores sanitarios en la primera línea de defensa contra la pandemia.
Estos inmigrantes que están aquí con autorización también merecen todo el alivio ante la crisis del COVID-19 emitido por el gobierno federal, incluida la ampliación de sus permisos de empleo para evitar que los deporten.
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Muchas personas indocumentadas se ganan la vida como trabajadores agrícolas, empleados de supermercados u obreros de obras de construcción, sin beneficios de desempleo, licencia por enfermedad remunerada o acceso a pruebas de COVID-19. A menudo son mal remunerados.
Sin embargo, a pesar de su papel crítico a nivel laboral, estos inmigrantes no se benefician de la reciente legislación aprobada por el Congreso para abordar las consecuencias económicas de la pandemia.
La Ley federal CARES, recientemente aprobada, ofrece $1,200 a los estadounidenses que ganen hasta $75.000 en ingresos brutos ajustados y posean un número de Seguro Social. También proporciona $500 por cada niño en la familia. Sin embargo, excluye a millones de trabajadores indocumentados y familias de estatus mixto porque los cheques están disponibles sólo para aquellos que poseen número de Seguro Social.
Muchos inmigrantes, incluidos mis padres, pagan impuestos todos los años utilizando un Número de Identificación de Contribuyente individual, emitido a personas que trabajan en Estados Unidos sin permiso pero que aún así deben pagar impuestos.
Las pequeñas empresas pueden haber obtenido el alivio del coronavirus del Programa de Protección de Cheques basado en el banco que eligieron, no en la fecha en que lo solicitaron.
No obstante, mis padres no recibirán el cheque de estímulo por $1.200, y tampoco mi hermana, quien es estadounidense. Si un miembro de una familia es indocumentado, toda la familia -incluidos los ciudadanos estadounidenses- están excluidos del beneficio de la Ley CARES. La semana pasada se presentaron dos demandas que desafían esta exclusión a las familias de estatus mixto.
La Ley de Primera Respuesta al Coronavirus para las Familias, también aprobada por el Congreso en marzo pasado, exige que ciertos empleadores brinden beneficios a los trabajadores afectados por la pandemia e incluye una disposición para cubrir el 100% de los costos de evaluar a las personas que no tienen seguro médico.
Sin embargo, la medida excluye a los inmigrantes sin seguro, que no califican para la cobertura completa de Medicaid.
Los inmigrantes que entran en esta categoría, como mis padres, confían en el Medicaid de emergencia que los empleados de bajos ingresos pueden usar para temas de salud inmediatos pero no para enfermedades crónicas. Para proteger la salud de los inmigrantes, todos los estados deben extender el Medicaid de emergencia e incluir en él pruebas, diagnóstico y tratamiento de COVID-19.
A nivel estatal y local, los responsables políticos intentan ofrecer protecciones a los inmigrantes, más allá de su estatus. La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, firmó una orden ejecutiva que extiende los beneficios del gobierno a todos los refugiados e inmigrantes e incluye una subvención única de asistencia de vivienda de $1,000.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció un programa de ayuda de emergencia para inmigrantes -financiado con fondos privados- que proporcionaría hasta $1,000 dólares a 20,000 inmigrantes, independientemente de la documentación que posean.
El coronavirus está dando un duro golpe al tráfico ilegal de drogas, interrumpiendo las cadenas de suministro en China de productos químicos utilizados para fabricar drogas como el fentanilo.
Y en California, el gobernador Gavin Newsom anunció recientemente un Fondo de Ayuda por Desastre por un total de $125 millones, que brindará asistencia a los inmigrantes que no son elegibles para los beneficios de desempleo.
Unos 150,000 inmigrantes recibirán un pago único en efectivo: $500 por persona y $1,000 por hogar.
Las medidas implementadas en Chicago, Nueva York y California no sólo son justas, sino humanitarias. El próximo paquete de estímulo federal debería reflejar esas iniciativas. Nadie debería poner en peligro su salud por falta de medios.
El apoyo financiero provisto por California les da a mis padres algo de esperanza, pero millones de inmigrantes en Estados Unidos no pueden esperar tal ayuda. La mayoría de los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país -unos 15 millones- no reciben la asistencia financiera o médica inmediata que necesitan durante esta pandemia.
Esto aumenta su vulnerabilidad, pero también perjudica a la sociedad en general. No proporcionar el apoyo necesario a los inmigrantes podría obstaculizar los intentos de derrotar la pandemia. En una crisis de salud pública, una respuesta nacional efectiva debería extender el alivio a todos, independientemente de su estatus migratorio.
Rocío Pérez es pasante en el Center for American Progress, un grupo de expertos de Washington.
Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.
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