OPINIÓN: ¿Remain in Mexico? La vergüenza mexicana
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El nombre con el que en Estados Unidos se conoce el programa que obliga a los solicitantes de asilo a esperar el trámite en México es el de Remain in Mexico (Permanecer en México), el cual consiste en que una vez que un solicitante de asilo presenta su caso a las autoridades estadounidenses, se le envía a México donde espera las diferentes etapas del proceso. Incluso, cuando tiene que asistir a alguna de las audiencias, es escoltado y se le regresa.
Según el New York Times, actualmente, hay cerca de 60 mil solicitantes en esas condiciones. La autoridades mexicanas ni siquiera se han tomado la molestia de proporcionar datos básicos. No se trata de migrantes comunes, sino de personas que solicitan, por razones humanitarias ser asiladas en Estados Unidos, que temen por sus vidas y huyen de la violencia. Muchos de ellos ya vivieron esa violencia de manera directa y sufrieron, en sus lugares de origen, la pérdida de familiares directos. La mayoría son centroamericanos.
Desde que la administración del presidente Trump lanzó la iniciativa de la que se derivaría el programa, diversos grupos que protegen y ven por los migrantes han cuestionado su legalidad y presentado recursos y apelaciones en consecuencia. El argumento central de la administración Trump, sin datos que lo sustenten, es que una vez que presentan sus solicitudes son “liberados” y entonces independientemente del trámite, se pierden entre los indocumentados y nunca regresan a continuar con su gestión.
En realidad no hay datos que sustenten ese argumento y lo que se sabe más bien es lo contrario. La mayoría continúa con sus trámites y los números tampoco ayudan en la argumentación de Trump. La población indocumentada decrece y aún suponiendo que estos 60 mil solicitantes se transformaran en indocumentados después de presentar su solicitud, apenas representarían el .5% de ese grupo. Es decir, no incrementan el problema. De entrada, parece ridículo que se solicite asilo en un país y se espere la resolución en otro.
La realidad es otra, Donald Trump usa este programa como instrumento de propaganda para demostrar que hace algo para evitar que entren migrantes centroamericanos a Estados Unidos. Además, lo que hace no le cuesta al contribuyente estadounidense sino a los mexicanos, y somete a México, que no recibe de EE.UU absolutamente nada por este “trabajo”, aunque usted no lo crea.
Recientemente, respondiendo a un recurso interpuesto por la organización El Buen Samaritano que opera en la región de Ciudad Juárez-El Paso, la Corte del noveno Circuito de Apelaciones en San Francisco, acordó que este programa es ilegal. Horas después, en medio de una gran confusión, se otorgó al gobierno estadounidense un plazo para contraargumentar y en consecuencia, las cosas permanecerán como estaban antes de la decisión de la corte.
Y México, ¿qué dice o hace al respecto? La respuesta es muy sencilla, nada. La aceptación mexicana se deriva de un acuerdo que fue suscrito por un funcionario menor y no fue sometido, como manda la constitución, a la aprobación del senado mexicano. Nadie lo dice porque para como están las cosas en México, no se puede cuestionar las acciones del gobierno, pero es ilegal. Es, de facto, la instrumentación de un programa de Estados Unidos -cuya legalidad en ese país está en duda-, en territorio mexicano.
En la práctica, México recibe a estas personas en alguna de las ciudades fronterizas, los lleva a un campamento y ahí los deja a su libre albedrío. Si el trámite durara unos cuantos días, quizá el problema no sería muy grave, pero los trámites tienen varias etapas y la decisión final puede tomar meses o años. Por si eso fuera poco, solamente una de cada diez solicitudes es aprobada, ¿qué pasará con los 54 mil solicitantes de asilo que hoy están en las ciudades fronterizas mexicanas a quienes no se les otorgará el asilo? ¿México tiene algo pensado para abordar este tema? ¿Les dará empleo, vivienda, salud, educación, seguridad?
Entenderá usted porqué en los campamentos de estos solicitantes en las ciudades fronterizas mexicanas como Ciudad Juárez o Tijuana, al conocer el fallo inicial de la Corte de San Francisco, tomaron inmediatamente sus pocas pertenencias y se dirigieron a los puentes internacionales para ingresar a Estados Unidos. Obviamente nadie los recibió ni les abrió la puerta y tuvieron que regresar a dormir a sus campamentos.
La responsabilidad mexicana con respecto a estos 60 mil solicitantes de asilo, -que podrían ser muchos más porque en el citado “acuerdo” ni siquiera se establece un número-, es enorme. México no está en condiciones de garantizar la seguridad y el acceso a servicios básicos de su población, particularmente en las ciudades mencionadas, menos aún a estos solicitantes a quienes está poniendo en riesgo.
La operación del programa es uno de los mayores actos de subordinación a Estados Unidos y de la cesión de principios que históricamente se habían sostenido. Por donde se le vea, el papel de México en esta iniciativa debería avergonzarnos.
*Jorge Santibáñez es presidente de Mexa Institute
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