Editorial: El plan de Trump para recolectar ADN de los migrantes es una pesadilla para las libertades civiles
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La 4ta Enmienda de la Constitución protege a todos en Estados Unidos, independientemente de su estado legal, contra registros e incautaciones excesivas por parte del gobierno. En un mundo razonable, eso significaría que las autoridades no podrían obligarlo a proporcionar una muestra de ADN a menos que tengan una orden judicial o causa probable para creer que ha cometido un delito. Y no se les permitirá mantener la muestra en una base de datos permanente a menos que haya sido condenado.
Pero en una expansión atroz de la extralimitación del gobierno, se informa que la Administración Trump está elaborando políticas bajo las cuales reunirá y conservará muestras de ADN de decenas de miles de migrantes detenidos en centros de detención que no han sido acusados o condenados por delitos. Esa es una violación constitucional escandalosa que socava el compromiso fundamental de nuestra nación con la libertad personal.
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La decisión de incluir inmigrantes detenidos entre aquellos que tendrían que proporcionar su ADN parece derivarse de la noción probablemente falsa del presidente Trump de que los inmigrantes incluyen un número desproporcionadamente alto de personas que cometen delitos. Los estudios muestran que los inmigrantes, tanto los que están aquí con permiso como los que no, cometen delitos a tasas más bajas que los estadounidenses nativos. Las reglas propuestas incluso permitirían la recolección de ADN de niños y de personas que buscan asilo en los puertos de entrada legales, entre otros.
Bajo la administración de Obama, los inmigrantes detenidos habían estado exentos de los requisitos de huellas digitales de la Ley de huellas digitales de ADN de 2005 porque el costo de cumplirlo se consideró excesivo. Estas nuevas reglas terminarían con esa exención.
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Aparentemente, el objetivo de la Administración Trump es tomar el ADN de los detenidos para encontrar vínculos entre ellos y crímenes sin resolver, así como construir una base de datos para usar en la investigación de futuros delitos. Esto no sólo afectará a los no ciudadanos que el gobierno está tratando de deportar. Los operativos de inmigración han atrapado por error a cientos de ciudadanos estadounidenses y personas que viven aquí con permiso, lo que significa que bajo esta política el gobierno probablemente recolectará muestras de ADN de ciudadanos estadounidenses. Todo sin la supervisión judicial necesaria y sin que se haya alegado ningún delito. Es la pesadilla de un partidario de las libertades civiles.
En términos generales, el gobierno tiene un interés válido en tomar muestras de ADN de individuos arrestados por delitos y mantener ese ADN en el archivo si esas personas son condenadas; eso es parte de las consecuencias de violar la ley: una pérdida de ciertas libertades y privilegios civiles. Pero no debe mantener el ADN de la gente que no ha sido condenada. Desafortunadamente, la Corte Suprema de Estados Unidos no lo ve así. En 2013 confirmó una ley de Maryland que exige que la policía recolecte muestras de ADN de personas acusadas, pero no necesariamente condenadas, de delitos graves, que posiblemente se guardarían en una base de datos que podría usarse para resolver delitos no relacionados.
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California adoptó un enfoque similar y lamentable en la Propuesta 69 de 2004 que, entre otras cosas, permite al gobierno recolectar y conservar muestras de ADN de adultos arrestados, pero no condenados, por ciertos delitos graves, incluidos delitos sexuales, asesinatos y homicidios voluntarios. Los que no sean declarados culpables pueden solicitar que se destruya la muestra, pero eso no es un remedio suficiente para violar la privacidad de las personas que, a los ojos de la ley, son inocentes.
El gobierno federal tiene un interés legítimo en mantener muestras de ADN de personas condenadas por delitos graves. Pero no debe permitirse conservar muestras de ADN de migrantes u otras personas que no hayan sido condenadas como recurso para investigar delitos que puedan ocurrir en el futuro.
Es irónico que la administración quiera tomar acciones antiamericanas contra las personas que luchan por el derecho a vivir legalmente en este país. El juez Antonin Scalia estaría indignado; el resto de nosotros debería estarlo también.
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