Sobrino reprocha a Junta misiva sobre reembolso contribuciones a funcionarios

San Juan — El representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de Puerto Rico, Christian Sobrino, reprochó a la entidad de control federal una misiva sobre la resolución conjunta de la Cámara baja para reembolso en contribuciones de los funcionarios.

“La Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico publicó una carta enviada el 2 de julio de 2019 aproximadamente a las 12:50 a.m. al Gobernador de Puerto Rico, al presidente del Senado de Puerto Rico y al presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico en donde expresa su preocupación por la Resolución Conjunta de la Cámara 513, recientemente aprobada en la Legislatura de Puerto Rico”, indicó Sobrino hoy en un comunicado.

“Consideramos que esta comunicación es desafortunada tanto en sus declaraciones como en su aparente falta de apoyo para reembolsar alrededor de 1.400 millones de dólares en contribuciones de los empleados públicos en el marco del programa de jubilación del Sistema 2000”, indicó.

Indicó que la RCC 513 es una ley simple que autoriza el depósito de 1.400 millones de dólares de fondos no asignados en la tesorería del estado en una cuenta fiduciaria, requiere que dichos fondos estén separados de todos los demás fondos del Gobierno de Puerto Rico u otras cuentas de fideicomiso de jubilación y requiere que dichos fondos se mantengan en dicha cuenta de fideicomiso hasta que los términos y condiciones para su transferencia a participantes elegibles se establezcan de acuerdo con la ley aplicable.

El Gobierno de Puerto Rico no tiene la intención de “gastar” o disponer de dichos fondos de otra manera que no sea como se indica a continuación, subraya.

Además, el depósito de estas cuentas fiduciarias en las condiciones establecidas por la Junta de Retiro de Puerto Rico en virtud de la Ley 106-2017 garantizará la disponibilidad y protección de dichos fondos, así como una mayor tasa de rendimiento una vez que se invierta de manera responsable en los bonos del Tesoro emitidos por el Gobierno de los Estados Unidos.

La RCC 513 también requiere que el director ejecutivo de la Junta de Retiro de Puerto Rico comience las operaciones necesarias de registro y auditoría para determinar y certificar los montos específicos aportados y adeudados a cada beneficiario del Sistema 2000, así como autoriza la contratación de personal y asesores para tal fin.

“Como hemos explicado anteriormente, este proceso requiere meses de trabajo y debe iniciarse lo antes posible”, subrayó.

El ejercicio de los poderes legislativos a través de la aprobación de proyectos de ley “es un sello distintivo de la forma republicana de gobierno y nos oponemos a que la Junta de Supervisión enturbie lo mismo como un mero enfoque ‘ad hoc’”, sostuvo.

“Si bien es cierto que Promesa establece en su lenguaje que la Junta de Supervisión puede prevenir una legislación estatal inconsistente, la Junta de Supervisión no debe presumir que todas sus cartas o comunicados de prensa tengan el mismo efecto legal”, recordó.

Como cuestión de hecho, el Gobierno de Puerto Rico ha expresado su rechazo a cualquier potencial acuerdo que directa o indirectamente apoye un plan de ajuste que pudiera perjudicar las pensiones públicas, indicó.

De igual forma, el Gobierno de Puerto Rico también considera que es altamente inapropiado que la Junta de Supervisión pretenda tener el poder de negociar acuerdos de negociación colectiva cuando es el Gobierno electo el que es reconocido como el patrono de empleados públicos y funcionarios bajo Puerto Rico y ley federal.

No obstante lo anterior, el Gobierno de Puerto Rico siempre ha apoyado el reembolso de las contribuciones de los empleados públicos en el marco del programa de jubilación Sistema 2000.

Por esa razón, el Gobierno de Puerto Rico “está ejerciendo, a través de la RCC 513, su autoridad gubernamental legítima para corregir la mala gestión gubernamental anterior de esos fondos sin ninguna condición adicional”.

“Si la Junta de Supervisión desea apoyar sinceramente a los beneficiarios del Sistema 2000, debería revisar la RCC 513, reconocer que no hay incoherencia y respaldar el compromiso del Gobierno con este objetivo común”, concluyó.