Incertidumbre en funcionarios de P.Rico ante la reducción de jornada laboral
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San Juan — Los empleados públicos de Puerto Rico viven con incertidumbre la reducción de jornada laboral que exige la entidad federal de control al Ejecutivo de la isla para equilibrar las cuentas estatales, medida prevista para comenzar hoy rechazada por el Gobierno local.
El secretario de Asuntos Públicos del Gobierno de Puerto Rico, Ramón Rosario, pidió públicamente a los funcionarios afectados, unos 130.000, que hagan caso omiso a la exigencia de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entidad establecida tras la aprobación por parte del Congreso en Washington de normativa para abordar el problema de la deuda.
“Se reportan a trabajar”, dijo Rosario, ante la supuesta entrada en vigor de la medida, que implicaría, de hacerse efectiva, una reducción de 2 días de trabajo por mes, medida, según la JSF, indispensable para contar con unas cuentas públicas saneadas sin déficit.
“Que acudan a trabajar en su horario normal. A rendirle servicio al pueblo de Puerto Rico de forma completa”, indicó, tras asegurar que no es cierto que el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, esté valorando retirar la paga de Navidad como medida para satisfacer a la JSF.
La entidad de control federal surge de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), legislación que establece la JSF, enfrentada con el Ejecutivo, que se niega a implementar una medida que entiende dañará el bolsillo de los funcionarios y tendrá un efecto negativo para toda la economía de la isla.
La reducción de jornada laboral exigida por la entidad federal de control al Ejecutivo busca conseguir un ahorro de 218 millones de dólares, indispensable, apuntan, para no presentar déficit.
La directora de la JSF, Natalie Jaresko, dijo durante la novena reunión de la entidad celebrada el pasado 4 de agosto que el Plan Fiscal certificado -documento guía para los presupuestos de los próximos años- para las finanzas de Puerto Rico establece en el año fiscal 2018 un ahorro de 880 millones de dólares.
Aclaró que al haber conseguido el Gobierno unos ahorros de 662 millones de dólares la matemática marca que se deben obtener otros 218, razón por la que la JSF aprobó que el Ejecutivo ponga en marcha a partir de hoy un programa de reducción de jornada laboral.
El representante del Gobierno ante la JSF, Christian Sobrino, señaló que el Ejecutivo valora varias alternativas para evitar la implementación de la reducción y cumplir con el presupuesto, aunque sin dar detalles.
La prensa local señala que el Gobierno valora eliminar la paga navideña -medida desmentida por el Ejecutivo- o reducir el gasto de las agencias gubernamentales
Aunque Rosselló ha dicho en numerosas ocasiones que se niega a implementar la medida, el jueves matizó en una intervención pública que en caso de una situación “tétrica” de falta de liquidez se ha recurrido a este tipo de medidas, aunque sin referirse específicamente a Puerto Rico.
La negativa del Gobierno provocó que la JSF llevara a los tribunales al Ejecutivo con una demanda para que se reconozca la autoridad de la entidad de control y sus decisiones, lo que está en estos momentos en manos de la jueza federal Laura Taylor.
Sobrino indicó que a pesar del frente que se ha abierto en los tribunales el Gobierno, a través de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), trabaja para la implementación de las medidas incluidas en el Plan Fiscal con la JSF.
El presidente de la JSF, José Carrión, dijo que a pesar de la presentación de la demanda espera que Rosselló rectifique y acepte, finalmente, la reducción de jornada, que como recordó estaba prevista para 4 días por mes pero que gracias a los avances del Ejecutivo quedó limitada a 2 días.
Elías Sánchez, ex representante del gobernador Nevares ante la JSF, desmintió hoy a Carrión al señalar que en ningún momento hubo un acuerdo para la reducción de jornada aceptado por el Ejecutivo durante la negociación del Plan Fiscal que se aprobó en marzo.
