Denver cancela contrato con dirigente que protestó por problemas en cárceles

Denver (CO) — La ciudad de Denver decidió cancelar el contrato que desde hace un década tenía con una organización no lucrativa dirigida por Lisa Calderón, quien en su capacidad de copresidente del Foro Latino de Colorado (CLF), protestó esta semana públicamente por problemas en las cárceles locales, informó hoy el CLF.

Según declaraciones enviadas a Efe por Verónica Barela, miembro del CLF y presidente de la organización comunitaria NEWSED, el contrato que Denver tenía con Community Reentry Project vencerá mañana y no será renovado, algo que consideró como una “represalia planificada”.

El contrato más reciente entre Denver y Community Reentry Project abarcaba el período de enero de 2016 a junio de 2017, por un monto de 803.358 dólares previstos para ofrecer “servicios de transición” a exreclusos de las cárceles de Denver con el fin de reintegrarlos a la sociedad.

Esos servicios incluyen planificación de metas, desarrollo laboral, educación individualizada, y, de ser necesario, alojamiento de emergencia, ropa, comida, y gestión de documentos de identidad.

Los beneficiados son mayores de 18 años que quedaron libres tras cumplir sentencias por infracciones o delitos menores (con algunas excepciones para otros tipos de delitos) y que están en libertad desde hace menos de un año.

El contrato hasta ahora vigente incluía unos 600.000 dólares en salarios para el personal del Community Reentry Project (por 18 meses) y unos 200.000 dólares para servicios a los clientes y costos de operaciones.

La semana pasada, Calderón, en nombre del CLF, y el pastor Terrence Hughes, presidente de la Alianza Ministerial de Metro Denver (GMDMA), que agrupa a iglesias afroamericanas, enviaron una carta manifestando su desagrado por la decisión del alguacil local, Patrick Firman, de no recibir a representantes de esas organizaciones.

Este marte, Calderón reiteró la preocupación del CLF por la superpoblación carcelaria y aumento de agresiones a reclusos latinos y afroamericanos en Denver, por falta de representación de minorías entre los más altos mandos del Departamento del alguacil de Denver, y por la dispar aplicación de sanciones disciplinarias según la etnicidad de los alguaciles.

Barela indicó que “CLF y GMDMA ven esta decisión (de cancelar el contrato) como represalia por un discurso político que presentó importantes preguntas sobre las condiciones que dentro de las cárceles impactan tanto a reclusos como al personal”.

La cancelación del contrato, agregó, significa que “desde mañana siete personas se quedarán sin empleo” (Calderón, su secretaria, la directora de educación, y cuatro trabajadoras sociales).

Aseguró que CLF “no será intimidado por los políticos en el poder”. “Esperemos a ver qué sucede mañana antes de tomar acciones”, expresó la dirigente.

Según estadísticas oficiales, uno de cada tres de los 2500 presos en Denver es de origen hispano.