Una segunda madre indocumentada pide santuario en Carolina del Norte

Charlotte (NC) — La mexicana Minerva Cisneros se convirtió en la segunda madre indocumentada de Carolina del Norte que se refugia en un templo religioso para protegerse de la deportación, informó hoy la Iglesia Congregacional Unida de Cristo de Greensboro.

La inmigrante, de 41 años y que reside en Winston-Salem desde hace 17 años, ingresó a la Iglesia este miércoles junto con dos de sus hijos, Antonio, de 6 años, y Mateo, de 3, ambos ciudadanos estadounidenses.

“Tengo muchas emociones encontradas, pero me siento tranquila y segura en esta casa, en la que me siento arropada”, expresó hoy Cisneros García, durante una conferencia de prensa junto con sus tres hijos, representantes de la iglesia que le dio refugio y de las organizaciones que han abogado para que no se separe a esta familia.

La mujer, que también es madre de un hijo invidente, Eduardo, de 21 años, que está amparado por la Acción Diferida (DACA), tenía orden de salir este viernes de Estados Unidos y ya había comprado un boleto de autobús para regresar a México.

Con su decisión, Cisneros se sumó a la guatemalteca Juana Luz Tobar Ortega, que fue la primera indocumentada de Carolina del Norte en acogerse a refugio y se halla en la Iglesia Episcopal St. Barnabas localizada de Greensboro desde finales de mayo.

La mexicana y guatemalteca son dos de los diez casos de personas que se encuentran en santuario en todo el país Estados Unidos para evitar sus órdenes de deportación.

“Estamos haciendo lo que el Congreso, hasta ahora, se ha negado a hacer, proteger a las familias inmigrantes del sistema de inmigración que está separando familias y deportando a personas de nuestras comunidades y congregaciones”, dijo Julie Peeples, religiosa del templo le dio albergue Cisneros.

Cisneros fue detenida en 2001 por la Patrulla Fronteriza al tratar de ingresar al país, junto con su hijo mayor, afectado por un tumor en los ojos, retinoblastoma.

La mujer, que optó por salir de México después del fallecimiento de su esposo, trabajó durante 11 años en una factoría en la operó maquinaria pesada.

En 2007 murió uno de sus hijos, Diego, y en 2009 fue arrestada en un retén, que hizo que fuera procesada por el programa de deportaciones 287g, que activó su proceso de expulsión, pero finalmente pudo extender su estancia en el país.

En 2013, en razón de la condición de su hijo, que ha sido ciego desde que tenía 6 meses, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) suspendió de forma provisional su deportación.

Cada año, la madre renovaba su estancia en el país en sus visitas periódicas a las oficinas de ICE en Charlotte, pero el pasado 25 de mayo, bajo las nuevas directrices migratorias de la administración del presidente Donald Trump, le ordenaron abandonar el país.

Helen Parsonage, la abogada de Cisneros, informó de que seguirá buscando opciones legales para que la madre continúe en Estados Unidos.

El caso de la madre captó atención de la comunidad en Winston-Salem, incluyendo la Coalición de Santuario de esa ciudad, que encabezó una campaña para solicitar la paralización de la deportación de Cisneros García.

Los activistas recolectaron 12.000 firmas, colocaron una petición en la red virtual en Change.org, hicieron llamadas telefónicas masivas a ICE y efectuaron varias vigilias.

“Logramos el respaldo de diez políticos, entre estos senadores estatales y concejales locales. También le pedimos al senador Thom Tillis que intercediera por Minerva”, dijo Kim Porter, de Coalición de Santuario de Winston-Salem.

Según Porter, el caso de Cisneros García no es un asunto partidista, sino una situación de derechos humanos.