Controversia en Puerto Rico por retirada a municipios de gestión de residenciales
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San Juan — La decisión del Gobierno de Puerto Rico de quitar a varios municipios la gestión de los residenciales públicos por ineficacia en el cobro de los alquileres provoca el rechazo de los ayuntamientos y pone de relieve los problemas de estas viviendas subvencionadas.
El anuncio del secretario del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, Fernando Gil Enseñat, de que no se renovarán los contratos a los municipios para la administración de residenciales públicos por incumplir con reglamentación federal continúa hoy siendo centro de la atención mediática y causa de controversia.
Gil Enseñat justificó la medida tomada por la Administración de Vivienda Pública (AVP) por no cumplir los ayuntamientos, explicó, con los servicios de calidad ni con los estándares que exige el Gobierno federal, lo que incluye no haber gestionado de forma eficiente el cobro de los alquileres a los residentes en estas viviendas sociales.
Uno de los principales argumentos esgrimidos por Gil Enseñat para retirar la gestión de ese servicio a los municipios es el de que estos incumplieron con el requisito de una efectividad del 98 % en el cobro de los alquileres a los residentes.
Los municipios afectados por esta medida son los de Comerío, Coamo, San Germán, Cayey, Guaynabo, Hormigueros, Sabana Grande y Villalba.
Las deudas por concepto de alquileres en los municipios se elevan a cerca de 850.000 dólares, con morosidad que en algunos casos supera los tres meses.
Gil Enseñat justificó además la iniciativa por no completarse los planes de conservación de energía ni de mantenimiento preventivo y demoras injustificadas en la atención a los residentes.
El alcalde del Municipio de Comerío, Josian Santiago, señaló que la medida es injustificada y apeló a Gil Enseñat a que demuestre con hechos sus afirmaciones.
Santiago indicó además que trató de ponerse en contacto con el secretario del Departamento de la Vivienda para intentar acercar posturas pero que el esfuerzo fue infructuoso.
El alcalde de Coamo, Juan Carlos García, señaló por su parte que es falso que en su ayuntamiento se hayan cometido fallos en el servicio que se presta a las personas que viven en los residenciales públicos.
García indicó que en algunos municipios en los que la gestión del cobro de los alquileres en los residenciales está privatizada la morosidad es más alta que, por ejemplo, en Coamo, lo que no justifica la iniciativa tomada.
En Puerto Rico hay actualmente 326 residenciales públicos que no son suficientes para satisfacer la demanda de vivienda subvencionada, lo provoca que cerca de 27.000 estén a la espera de obtener un hogar.
Los problemas sociales que golpean a estos residenciales son múltiples debido a la falta de recursos económicos de mucha de su población.
En 2016 se hizo público que las deudas con la eléctrica estatal de Puerto Rico en residenciales públicos se redujo en más de 28 millones de dólares tras la puesta en marcha de un plan de pago para este colectivo tradicionalmente moroso, aunque el problema no se ha erradicado.
La deuda se redujo con la empresa pública en concreto de 42,4 millones a 14,10 millones entre la población de los residenciales públicos.
Otros de los problemas en estos residenciales es la droga, ya que como hizo público el pasado mes de diciembre la jefa de la Fiscalía federal en la isla caribeña, Rosa Emilia Rodríguez, la práctica totalidad de estas áreas cuentan en su interior con un punto de venta de drogas.
Rodríguez indicó que el hecho de que los puntos de venta de droga se sitúen en el interior de los residenciales públicos dificultad la tarea de las fuerzas del orden en la lucha contra el narcotráfico.
