LULAC pide el bloqueo temporal de la ley contra “ciudades santuario” en Texas

Austin (TX) — La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) reclamó hoy a una corte federal de San Antonio (Texas) que bloquee de manera temporal la ley que prohíbe las “ciudades santuario” en ese estado sureño hasta que se celebre un juicio sobre su constitucionalidad.

LULAC, conjuntamente con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), y en representación de El Cenizo, pueblo fronterizo con México, y del también limítrofe condado de Maverick, pidieron medidas cautelares a la Justicia estadounidense “para evitar un mal mayor”, según indicó a Efe el asesor general de la Liga de Ciudadanos a nivel nacional, Luis Vilar.

A principios de mayo, esta coalición interpuso una demanda contra el estado de Texas el día después de la ratificación de una ley que “complicará el día a día de las personas con acento o piel diferente” que residen en territorio texano, dijo el propio activista.

“A través del proceso habitual, el juicio sobre esta causa hubiera tenido lugar dentro de un año, como mínimo”, explicó el abogado, que indicó que “es necesario” poner un alto a esta ley antes de que entre en efecto el próximo 1 de septiembre.

En el mandato judicial preliminar, las organizaciones pro derechos civiles alertaron del “enorme” peligro que corre el interés público de la sociedad de Texas en caso de que esta polémica ley entre finalmente en vigor.

Conocida como SB4, la legislación penaliza a los agentes e instituciones que no colaboren con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) con posibles multas -entre 1.000 y 25.000 dólares-, despidos y cárcel.

“La SB4 es una intrusión extraordinaria en la capacidad de los demandantes para gobernar el municipio -de El Cenizo- y el condado -de Maverick- de la manera que ellos consideren mejor para sus residentes”, denuncia el requerimiento judicial.

En este sentido, Vilar lamentó que esta legislación “obligue” a las autoridades locales a hacer cumplir la ley federal de inmigración, “forzándolas a hacerlo independientemente de si tal aplicación desviará recursos de las necesidades más apremiantes de la policía”.

La nueva ley autoriza además a los policías a preguntar el estatus migratorio de cualquier persona detenida, ya sea por un crimen como por un delito menor, como saltarse un semáforo o cruzar una calle por donde no está permitido.

“Esto pone en riesgo la relación de confianza que existe entre las comunidad y la policía, provocará menos cooperación de los habitantes y fomentará la creencia de que las personas indocumentadas no pueden buscar ayuda de la policía por temor a ser sometidos a una investigación de inmigración”, aseveró el miembro de LULAC.

Después de presentar esta petición de bloqueo temporal, el estado de Texas tiene catorce días para responder a la corte y, tras esta acción, el tribunal podría situar la fecha del juicio al respecto a mediados de julio, según previsiones del propio Vilar.