El Partido Independentista de P.Rico critica el proyecto ley de transparencia
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San Juan — Como un “peligroso engaño y cortina de humo” calificó hoy el portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, el proyecto de Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública.
“Se trata de un estatuto inspirado por el Freedom of Information Act (FOIA) que ha sido duramente criticado por los organismos internacionales de supervisión para la protección de los derechos humanos. Es una cortina de humo para perpetrar un monumental engaño: hacer creer que se facilita el acceso a la información cuando en el fondo se dificulta el acceso a la misma mediante un complejo proceso burocrático”, opinó el portavoz del PIP en el Senado.
En un comunicado, el senador independentista advirtió que el proyecto de administración “no dice nada sobre las razones que una agencia gubernamental puede aducir para establecer que la información requerida es confidencial”.
“Por el contrario, el proyecto delega un amplio poder de reglamentación a las agencias, las que en la práctica, adoptarán aquellos principios arbitrarios para establecer la supuesta “privacidad” de la información bajo su control”, agregó.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, presentó ayer una medida para “garantizar el acceso fácil, gratuito y expedito de información pública”.
En un comunicado, el gobierno de la isla aseguró ayer que la propuesta Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública garantizará y promoverá la transparencia en la gestión gubernamental y regulará el derecho de acceso a la información pública.
La medida obligará a los tres poderes -el ejecutivo, el legislativo y el judicial- a ofrecer información de forma inmediata si está accesible o en diez días si se justifica.
Además, el recurso al tribunal, que también tendrá que resolverse en diez días, será gratuito, en lugar de los entre 140 y 190 dólares que cuesta el trámite en la actualidad.
Hasta ahora, el país no contaba con una regulación específica para solicitar información pública a las agencias del Gobierno y dependía de la voluntad de las agencias y de los tribunales para atender los reclamos de acceso a la información.
“Han sido muchos los gobiernos que han prometido transparencia pero nunca se han obligado a ello. Para esta administración es de suma importancia establecer, como política pública y con la fuerza de una ley, el proceso para garantizar el ejercicio adecuado del derecho constitucional de acceso a la información y documentación pública”, aseguró Rosselló en el comunicado.
