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Santander en Puerto Rico asegura sus productos financieros cumplen la ley

Los productos financieros vendidos a los clientes de Santander cumplen con todas las leyes, regulaciones y requisitos aplicables, incluyendo los establecidos por el regulador local de valores, según señaló hoy a EFE un portavoz de Santander Puerto Rico.

En este sentido, indicó que en Puerto Rico “fue práctica común en la industria de firmas de corretaje, como Santander, participar en la emisión y comercialización de la deuda de Puerto Rico”.

Además, agregó, que los factores de riesgo asociados con las inversiones “fueron divulgados completamente”.

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“El desempeño de inversiones luego de la recesión económica de la isla es tema que impacta a toda la industria de servicios financieros”, recordó a su vez el portavoz de Santander Puerto Rico,

Añadió, también, que “Santander Securities (SSLLC) está comprometido en tratar a los clientes de forma justa y en cumplimiento con nuestros requerimientos legales y regulatorios. Nuestros consultores financieros se adhieren a las prácticas más estrictas y éticas, mientras apoyan a nuestros clientes en Puerto Rico durante este momento económico difícil”.

Las manifestaciones de Santander en la isla se producen después de que un informe revelara que el banquero puertorriqueño Carlos García, antiguo directivo del Banco Santander en Puerto Rico, presuntamente desvió mil millones de dólares de un fondo para proyectos de agua y alcantarillado a transacciones financieras que llevaron a la insolvencia al Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Así lo refleja un estudio de la plataforma sindical estadounidense AFL-CIO titulado “El saqueo del fondo de infraestructura de Puerto Rico”, difundido hoy en Puerto Rico por su presidente en la isla, José Rodríguez.

El análisis también revela que García supuestamente lideró la emisión de mil millones en bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina, por su sigla en inglés), y las de pagarés del BGF de 2009 a 2011.

El informe asegura que el antiguo empleador de García, el Banco Santander “ganó millones como asegurador principal o participante en estas transacciones”.

Santander es uno los principales poseedores de bonos de Cofina.

El análisis llevado a cabo por AFL-CIO también considera que “los conflictos de intereses se extienden ahora a García en su papel” de miembro de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico.

La relación de García con el Santander y su papel en el BGF bajo la administración del exgobernador de Puerto Rico Luis Fortuño “comprometen su capacidad para poner en práctica un programa fiscal justo y que responda a las necesidades humanitarias del pueblo de Puerto Rico”, señala el estudio.

Además, AFL-CIO opinó que a García se le ha dado otra oportunidad de ayudar a resolver la crisis de la deuda “con la misma fórmula fallida que se utilizó para agravarla: desviar recursos públicos de Puerto Rico a los acreedores de Wall Street, reducir los gastos públicos vitales y dejar en manos de los intereses privados el control de los proyectos de infraestructura esencial”.

Por último, señaló que García debe renunciar a la Junta y “a Puerto Rico se le debe perdonar la deuda tóxica que él ayudó a crear”.

Coincidiendo con la difusión del informe, un grupo de personas protestó en San Juan y Boston frente a las oficinas del Santander.

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