La Junta Fiscal somete ante un tribunal petición de quiebra para Puerto Rico
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San Juan — La Junta de Control Fiscal (JCF) para Puerto Rico acudió hoy a un tribunal federal en San Juan y solicitó el establecimiento del título III de la ley federal Promesa que establece, mediante la declaración de una quiebra, un proceso para la reestructuración de la deuda de 70.000 millones de dólares.
La normativa establece que se recurra al título III solo cuando la negociación entre el Gobierno puertorriqueño y los acreedores, se haya agotado sin éxito.
El título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, un híbrido entre los capítulos 9 y 11 del Código de Quiebras de EE.UU., paraliza todas las demandas judiciales y tras las reclamaciones y objeciones deja en manos de un tribunal las decisiones sobre el pago.
Así lo confirmó hoy en un comunicado de prensa el presidente de la JSF, José Carrión, quien dijo que el asesor general del organismo, Jaime El Koury, presentó la resolución del ente federal en el tribunal, tras el pedido hecho por el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló.
De esta forma, Puerto Rico pasa a ser la primera jurisdicción estatal en la historia de Estados Unidos en pedir un rescate vía judicial.
Previamente, en conferencia de prensa, el gobernador, quien trasladó su notificación a la JSF ayer, indicó que su petición venía “con el propósito de asegurar los servicios esenciales a la ciudadanía, el pago de la nómina pública y los suplidores”.
A su vez, explicó que tras “amplias conversaciones de buena fe y la apertura de los libros financieros del Gobierno de Puerto Rico a los acreedores no ha habido progreso suficiente en las negociaciones por lo que el Título III de la Ley PROMESA permite llevar a un tribunal especial la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico”.
La moratoria que impedía que los acreedores reclamasen en los tribunales el pago de la millonaria deuda de Puerto Rico, dejó de tener efecto ayer.
“Seguimos comprometidos en mantener las negociaciones de buena fe para llegar a acuerdos con los acreedores. El mejor ejemplo de que se puede dialogar es el Acuerdo de Reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) establecido recientemente con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). No obstante, ante el déficit que hemos heredado, es mi responsabilidad garantizar los mejores intereses del pueblo puertorriqueño”, agregó.
“Estamos aquí para atender los problemas de Puerto Rico, no para mirar el pasado, y estoy convencido que nuestra Isla podrá retomar el camino del desarrollo económico con los pasos acertados del Gobierno y el empeño de cada uno de sus residentes”, agregó el mandatario.
El gobernador destacó que de manera responsable su Administración busca cumplir los acreedores con un pago a la deuda de cerca de 800 millones de dólares anuales y así está contemplado en el Plan Fiscal certificado por la JSF el pasado 13 de marzo de 2017.
Esto representa un recorte de 80 por ciento en el pago del servicio de la deuda originalmente pactado con los acreedores por pasadas administraciones.
El primer ejecutivo adelantó que hay otras entidades bajo la supervisión de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) que pudieran estar buscando un acuerdo de reestructuración consensual bajo el Título VI de la Ley Promesa.
“Mientras el Gobierno de Puerto Rico se mantiene con la intención de dialogar y negociar de buena fe con los acreedores, la reciente expiración de la moratoria impuesta por Promesa contra la aplicación de la responsabilidades de los reclamos de los acreedores dicta que el mejor curso de acción para el Gobierno es entrar en el Título III con el propósito de ajustar sus deudas a un nivel sostenible consistente con el Plan Fiscal”, reiteró el mandatario.
“Es mi deseo que los procesos del Título III del Gobierno aceleren el proceso de negociación llevando el mayor consenso posible con los acreedores y alcanzando, donde sea necesario, una resolución judicial rápida y eficiente de cualquier asunto o disputa”, concluyó Rosselló Nevares.
El gobernador repitió que con esta medida se garantiza la continuidad del pago a los empleados y suplidores del Gobierno.
