Gobernador de P.Rico presenta nuevas medidas para evitar recortes salariales
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San Juan — El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, presentó hoy a la Junta de Supervisión Fiscal, entidad establecida a través de normativa aprobada por el Congreso de EE.UU. para atender la deuda, medidas adicionales para evitar la propuesta de esa entidad de recortes salariales a los funcionarios.
El Ejecutivo puertorriqueño informó en un comunicado que la iniciativa tiene como objetivo evitar la propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal de reducir la jornada laboral de los empleados públicos, que se materializaría en una reducción del 20 % del salario de estos trabajadores.
El paso dado por Rosselló se produce hoy, fecha puesta como límite por la Junta de Supervisión Fiscal para que el Ejecutivo de la isla introduzca los cambios demandados en el Plan Fiscal que debe ser la base para los próximos presupuestos.
La Junta de Supervisión había dado al Gobierno de Ricardo Rosselló 48 horas, que se cumplieron esta mañana, para que propusiera nuevos recortes ante un Plan Fiscal que recibió y que considera inviable.
El desacuerdo se debió a diferencias sobre el crecimiento económico, ya que la Junta de Supervisión, establecida por la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), prevé un escenario mucho más negativo que el Gobierno de Rosselló.
Según los datos aportados por el Ejecutivo en el Plan Fiscal presentado en el presente año fiscal, la economía de la isla caerá un 1,6 % y en 2018 un 1,5 %, mientras que la Junta de Supervisión dice que sus proyecciones apuntan a que la economía se contraerá este año un 2,2 %.
“El Plan Fiscal de nuestra Administración sigue siendo el mismo: evitar afectar a los más vulnerables y operar un Gobierno fiscalmente responsable garantizando los servicios esenciales a la ciudadanía”, indicó Rosselló.
Por su parte, el representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal, Elías Sánchez, confirmó que los asesores financieros de ambas partes se mantienen en diálogo, tal y como lo ha solicitado el gobernador.
Rosselló se reunió hoy con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz; el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, y el secretario de Estado, Luis Rivera Marín.
Durante la reunión, el primer ejecutivo le informó al liderato legislativo que la Junta de Supervisión Fiscal ha reconocido la necesidad de revisar sus proyecciones económicas para atemperarlas a la realidad actual de Puerto Rico.
El gobernador afirmó que los ajustes en el área de salud contenidos en Plan Fiscal que presentó cumplen con su compromiso de garantizar acceso a los servicios de salud para los más vulnerables.
Asimismo, las proyecciones de recaudo fueron discutidas con el compromiso de identificar 262 millones de dólares adicionales, según lo solicitado por la Junta de Supervisión Fiscal.
El gobernador reiteró una vez más su compromiso de mantener abierto el diálogo entre los asesores financieros del Gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal con el objetivo de evitar la imposición de medidas que limiten la prestación de servicios esenciales y afecten la calidad de vida del pueblo de Puerto Rico.
“Las próximas horas son de vital importancia en defensa del Pueblo de Puerto Rico. Mi compromiso con el pueblo que nos eligió es cumplir con un Gobierno fiscalmente responsable y eficiente en la prestación de los servicios a la ciudadanía. El Plan Fiscal que hemos presentado a la Junta de Supervisión Fiscal cumple con esos propósitos. Confiamos que la prudencia y la sensatez prevalezcan en este proceso”, manifestó el primer mandatario.
Por su parte, el presidente del Senado felicitó al gobernador y a su equipo de trabajo “por mantenerse firme en la defensa de nuestro Pueblo, particularmente los más vulnerables”.
Para la Junta de Supervisión, el Plan Fiscal presentado incluía errores tanto en las proyecciones de ingresos como en las medidas para la reducción del gasto público.
La junta de Supervisión pide al Ejecutivo acabar con el déficit en dos años fiscales, lo que implica recortes en pensiones, salud y educación necesarios para cerrar una brecha de cerca de 4.500 millones de dólares.
