El Gobierno de Puerto Rico busca consenso con la Junta para el Plan Fiscal
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San Juan — El Gobierno de Puerto Rico busca consenso con la Junta de Supervisión a horas del plazo marcado por esa entidad de control para que el Ejecutivo introduzca los cambios demandados en el Plan Fiscal que debe ser la base para los próximos presupuestos.
El gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, rebajó la tensión al pulso que mantiene con la Junta de Supervisión, entidad aprobada por el Congreso estadounidense para dar solución al problema de la millonaria deuda pública, con el envío hoy de una carta a su presidente, José Carrión, en la que sugiere que técnicos de ambas partes acerquen posiciones.
La Junta de Supervisión había dado al Gobierno de Ricardo Rosselló 48 horas, que se cumplen en la mañana del sábado, para que proponga nuevos recortes ante lo que entiende como un Plan Fiscal que recibió que considera inviable.
El acercamiento por parte de Rosselló precede a un fin de semana que se espera sea la última oportunidad para alcanzar un acuerdo antes de la quinta reunión de la Junta de Supervisión el próximo lunes en Nueva York, cita en la que podría darse a conocer cuál es la decisión final de esa entidad sobre el Plan Fiscal.
El desacuerdo es, a grandes rasgos, debido a las diferencias sobre el crecimiento económico, ya que la Junta de Supervisión, establecida por la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), prevé un escenario mucho más negativo que el Gobierno.
Según los datos aportados por el Ejecutivo en el Plan Fiscal presentado en el presente año fiscal la economía de la isla caerá un 1,6 % y en 2018 un 1,5 %, mientras que la Junta de Supervisión dice que sus proyecciones apuntan a que la economía se contraerá este año un 2,2 %.
Esa diferencia porcentual, que afecta a variables fundamentales como la recaudación de impuestos, significa a la hora de elaborar un presupuesto cientos de millones de dólares y el desacuerdo entre las partes.
El gobernador señala que las demandas que la Junta de Supervisión hace en recortes para cuadrar el presupuesto se basan en una expectativa de crecimiento mucho más baja de la real.
Rosselló, que sufre la presión de una opinión pública, asegura que los recortes sugeridos supondrían un drama para los puertorriqueños, ya que implicarían el despido de 45.000 funcionarios y que 300.000 personas sin capacidad para contratar un seguro privado se quedaran sin acceso al plan público de salud.
La Junta informó el jueves al Gobierno de que no certificará un Plan Fiscal con el que se trata de corregir un déficit fiscal de 7.600 millones de dólares por no cumplir con las estipulaciones de la Ley Promesa, además de asegurar que la propuesta se basa en proyecciones económicas optimistas y proyectar un gasto público por debajo de las tendencias históricas.
Según Carrión, Puerto Rico ha sufrido una contracción económica durante una década y hay evidencia insuficiente de que habrá una transformación en la recaudación de la magnitud que sugiere el Plan Fiscal propuesto por el Ejecutivo.
Para la Junta de Supervisión, el Plan Fiscal incluye errores tanto en las proyecciones de ingresos como en las medidas para la reducción del gasto público.
La junta de Supervisión pide al Ejecutivo acabar con el déficit en dos años fiscales, lo que implica recortes en pensiones, salud y educación necesarios para cerrar una brecha de cerca de 4.500 millones de dólares.
La propuesta de Rosselló, a través de recortes, solo se acerca a los 3.300 millones de dólares, muy alejada de la cifra exigida.
A pesar de las diferencias entre las dos partes, Rosselló quiso rebajar la tensión a última hora del jueves al señalar que está dispuesto a que equipos técnicos de ambas partes se reúnan para buscar un acuerdo, lo que reiteró hoy por carta.
Los sectores puertorriqueños afectados han mostrado su indignación con las recomendaciones de la Junta de Supervisión, como el caso de la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Nivia Fernández, para quien el recorte sugerido de 450 millones de dólares hace inviable el funcionamiento del centro.
