California y Nueva York estados más perjudicados por santuario, según informe
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Los Ángeles — California, Nueva York, Illinois, Pensilvania, Maryland, Florida y Massachusetts serían los estados más perjudicados si el Gobierno cumple su promesa de cortar fondos federales a las jurisdicciones santuario, según un análisis dado a conocer hoy.
El análisis, elaborado conjuntamente por el Centro para el Progreso Estadounidense (CAP), el Centro Nacional de Leyes Migratorias (NILC) y la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), calculó que en total se podrían perder 870 millones de dólares en subsidios federales otorgados a las ciudades o estados que adoptaron políticas de “santuario”.
“A lo largo del país, más de 600 ciudades y condados, al igual que varios estados, han adoptado políticas que limitan la asistencia que las autoridades locales ofrecen a las autoridades federales de inmigración”, señaló a Efe Philip Wolgin, director asociado de CAP.
El trabajo interactivo, elaborado por Tom Wong, investigador de la Universidad de California San Diego (UCSD), detalla los recortes de fondos que pudieran sufrir los 33 estados que cuentan con jurisdicciones “santuario”.
De la lista, California sería el estado mayor perjudicado por su política ya que arriesga perder hasta 239,5 millones de dólares en subsidios, seguido directamente del estado de Nueva York que podría dejar de recibir unos 191,1 millones de dólares.
Tras estos vienen los estados de Illinois con 91,3 millones de dólares en pérdidas, Pensilvania con 65,1 millones, Maryland con 34,9 millones, Florida con 32,3 millones y Massachusetts con 30,4 millones.
Para calcular las cifras, el estudio consideró cinco fondos principales de financiación incluyendo los programas Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant (JAG), Asistencia Estatal para Delincuentes Extranjeros (SCAAP), y Subsidios Globales de Desarrollo Comunitario (CDBG).
También tomó en cuenta los subsidios para la Administración de Desarrollo Económico (EDA) y la Oficina de Servicios Policiales Orientados a la Comunidad (COPS).
El análisis utilizó la lista de jurisdicciones santuario del Centro de Recursos Legales de Inmigración, anotó Wong.
No obstante, matizó que para revocar fondos federales para las ciudades santuario, “la Administración tendría que superar obstáculos legales sustanciales”.
En esto, la abogada de NILC, Melissa Keaney, consideró que una coacción federal a través de la restricción de fondos sería inconstitucional.
“La décima enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe al Gobierno federal forzar o coaccionar a los estados para ayudar en la aplicación federal de la inmigración”, afirmó Keaney en una declaración enviada a Efe.
Por su parte, Wolgin destacó que son las autoridades locales y estatales las que “saben qué es lo mejor para la seguridad y protección de las comunidades”.
Para California, al igual que Connecticut y Rhode Island que tienen políticas estatales de santuario, el análisis incluyó el total de recursos que reciben las ciudades santuario, al igual que las ayudas federales “otorgadas al gobierno estatal o a una entidad estatal de cumplimiento de la ley”.
Para el cálculo del resto de estados, únicamente se tomó en cuenta los subsidios que se perderían por cada una de las ciudades declaradas como santuario.
De los estados incluidos en el análisis, los menos perjudicados al no recibir los fondos federales serían Dakota del Sur que dejaría de recibir unos 88.814 dólares, Wyoming unos 45.227 dólares, y Vermont que perdería unos 27.929 dólares.
Wong señaló que aunque no hay una definición única de jurisdicción santuario, el análisis incluyó cualquier lugar que “por lo menos limita la aceptación de las órdenes de detención de Inmigración y Control de Aduanas”.
Estas órdenes, aclaró el informe, “son solicitudes de retener a las personas -que de otro modo- serían liberadas, únicamente para fines de inmigración”.
Para el director ejecutivo de AILA, Benjamín Johnson, lo que trata de hacer la Administración del presidente Donald Trump va en contra de la voluntad manifestada por el legislativo federal.
“Al tratar de revocar fondos federales para jurisdicciones santuario, la Administración Trump está tratando de forzar a través de la acción ejecutiva lo que ya ha sido rechazado por el Congreso”, concluyó Johnson.
