AI exige protección para activistas en Colombia ante repunte de asesinatos

México — El Gobierno colombiano debe brindar protección efectiva de forma inmediata a los defensores de los derechos humanos después de que cuando menos 10 de ellos fueron asesinados solo en enero, casi el doble que el promedio mensual de 2016, señaló hoy Amnistía Internacional (AI).

El repunte en el número de activistas asesinados el mes pasado subraya los peligros que siguen enfrentando quienes exponen los persistentes abusos, indicó AI en un pronunciamiento divulgado en la Ciudad de México.

“El proceso de paz en Colombia es una luz brillante al final de un largo y oscuro túnel y ha generado algunos beneficios tangibles para muchos colombianos”, dijo Erika Guevara Rosas, directora de AI para las Américas, aludiendo a las conversaciones con el rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN) que hoy comienzan en Ecuador.

Sin embargo, añadió, “a menos que la matanza de activistas sea detenida, esto dejará una mancha indeleble en cualquier acuerdo de paz resultante”.

“Estos valientes activistas están siendo silenciados por poderosos interesas económicos y políticos locales y regionales, así como por diversos grupos armados, incluyendo paramilitares, por defender sus derechos o exponer la trágica realidad del país”, señaló.

De acuerdo con AI, la marcada reducción de la violencia asociada a combates que afectan a los civiles desde el inicio de las conversaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha ofrecido una visión de lo que podría ser una Colombia posconflicto.

Pero el aumento en los asesinatos de líderes comunitarios, activistas por los derechos a la tierra y ambientalistas, con alrededor de 80 el año pasado, así como los reportes de una creciente actividad paramilitar en regiones como Urabá, podrían socavar esas ganancias, añadió.

Amnistía señaló que entre los asesinatos de este año figura el de la líder comunitaria negra Emilsen Manyoma y su compañero Joe Javier Rodallega, que fueron vistos con vida por última vez el 14 de enero y cuyos cuerpos fueron hallados tres días después en Buenaventura, departamento del Valle del Cauca.

“Se deben aplicar medidas efectivas para poner fin a la matanza de defensores de los derechos humanos, y otorgar garantías para asegurar la seguridad de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en muchas áreas rurales, que siguen siendo blanco, principalmente de grupos paramilitares”, dijo Guevara Rosas.

Por otro lado, AI consideró que el acuerdo sobre justicia forjado el año pasado con las FARC, que está siendo debatido en el Congreso y que también beneficiará a miembros de las fuerzas armadas, es un paso hacia la realización del derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

No obstante, añadió, “se queda corto en el cumplimiento de la legislación internacional, en parte porque la definición de responsabilidad de comando usada en el acuerdo es demasiado estrecha y haría muy difícil llevar ante la justicia a comandantes de la guerrilla y las fuerzas armadas por crímenes cometidos por sus subordinados”.

“La paz verdadera se volverá una realidad solo cuando todos los sospechosos de responsabilidad criminal por algunos de los crímenes más horribles que se puedan imaginar sean llamados a cuentas en juicios justos”, dijo Guevara Rosas.