Derechos Humanos en México recurren a la ONU ante impunidad y la violencia que vive el país
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AGENCIA REFORMA/MÉXICO — La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos pidió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU establecer un mecanismo internacional para combatir la impunidad y la corrupción.
“Consideramos que el Consejo de Derechos Humanos tiene una enorme responsabilidad de apoyar a México para recibir cooperación internacional, de manera que se instale en el país un mecanismo internacional para combatir la impunidad y la corrupción”, urgió el representante de la CMDPDH ante los miembros del Consejo.
El representante de la organización Ulises Quero presentó como una de las bases para dicha solicitud el hecho de que, a la fecha, todavía no se adopta en México la legislación en materia de cooperación irrestricta con la Corte Penal Internacional respecto a la implementación del Estatuto de Roma.
“Ni tampoco se han tipificado los crímenes de lesa humanidad”’, subrayó.
Al contrario de lo que el Consejo recomendó a México en el Examen Periódico Universal (EPU), señaló que las reformas al Código de Justicia Militar no se ajustan a los estándares internacionales de derechos humanos.
Como un ejemplo de ello, mencionó el caso de los militares que cometen graves violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad en contra de militares que son juzgados por tribunales castrenses.
Por otra parte, con respecto al arraigo, mencionó que el Gobierno se niega a eliminar esta figura de la Constitución, y que a la fecha la legislación se sigue aplicando.
“Prácticamente, la totalidad de los casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que se han cometido en la historia reciente del país permanecen en impunidad”, añadió.
Ulises Quero advirtió, además, sobre la falta de voluntad y capacidad de las instituciones para llevar a juicio a los responsables.
Acecha el crimen a Guerrero
Comunidades de al menos 30 de los 81 municipios de Guerrero viven al acecho del crimen organizado ante la inacción de las autoridades.
Las zonas más afectadas son Acapulco y Tierra Caliente, donde algunas zonas se han vuelto intransitables.
Según las autoridades estatales, las extorsiones han provocado el cierre de escuelas de educación básica y de centros de salud, así como secuestros y familias desplazadas.
Informes de la SSP estatal señalan que, en enero y febrero, en Guerrero se registraron al menos 296 ejecuciones.
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