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Mientras El Salvador adopta Bitcoin como moneda, su joven presidente desmantela la democracia

El Salvador President Nayib Bukele
El mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, tiene una vía de reelección para 2024, a pesar de la prohibición constitucional de mandatos presidenciales consecutivos.
(Associated Press)

El Salvador se convirtió en el primer país de la Tierra en aceptar bitcoin como moneda de curso legal, un movimiento controvertido impulsado por el joven, testarudo y excepcionalmente popular presidente de ese país, Nayib Bukele.

Pero el despliegue de la criptomoneda en la nación centroamericana fue eclipsado por una preocupación más urgente: una serie de ataques fulminantes de Bukele y su partido gobernante contra la democracia, de tres décadas de antigüedad, de El Salvador.

En los últimos días, los leales a Bukele en la Corte Suprema le despejaron sistemáticamente el camino para que se presente a una reelección en 2024, a pesar de la prohibición constitucional de mandatos presidenciales consecutivos.

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Sumado a eso, sus partidarios en la Asamblea aprobaron una ley para destituir a un tercio de los jueces y fiscales del país, una aparente respuesta a los llamamientos públicos de Bukele para efectuar una “purga” del poder judicial.

Los críticos locales e internacionales denunciaron esas acciones como parte de una toma de poder más amplia que comenzó en mayo, cuando el partido de Bukele violó la constitución al derrocar al fiscal general y a varios miembros de la Corte Suprema.

Bukele, de 40 años, quien fue aclamado como un visionario por los partidarios de bitcoin en todo el mundo, ahora es considerado simultáneamente como un paria internacional.

Mientras se llevaban a cabo pequeñas protestas en San Salvador, el domingo, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, remarcó en un comunicado que el “declive de la gobernabilidad democrática de la nación daña la relación que EE.UU se esfuerza por mantener con el gobierno de El Salvador y erosiona aún más la de éste último como socio democrático y de confianza en la región”.

En una conferencia de prensa, el sábado, Jean Manes, el principal funcionario estadounidense en El Salvador, calificó al país como “una democracia en declive” y comparó a Bukele con el fallecido líder venezolano Hugo Chávez, quien, al igual que otros autócratas latinoamericanos antes y después de él, utilizó su popularidad entre los votantes para enmascarar un desmantelamiento sistemático de la división de poderes democráticos.

Al igual que Bukele, cuyo índice de aprobación ronda el 90%, Chávez tenía un amplio apoyo de los votantes cuando comenzó a inclinar los tribunales de la nación a su favor e impulsar un cambio constitucional que abolió los límites de los mandatos presidenciales. Él apretó su control sobre el poder, encarcelando a los críticos mientras el país se precipitaba hacia el desastre económico.

“Por un momento, muchos venezolanos creyeron que vivían en democracia... Pero poco a poco Chávez socavó la independencia de las instituciones democráticas de Venezuela”, afirmó Manes, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en San Salvador. “Sabemos a dónde lleva este camino, y no lo queremos para El Salvador”.

Bukele, un carismático ex ejecutivo de mercadotecnia, usó su habilidad en las redes sociales para ganar las elecciones en 2019 con una campaña que se alimentó de la ira generalizada ante la corrupción y la desigualdad económica que dominan a El Salvador desde hace décadas.

En repetidas ocasiones el mandatario ha dicho que los cambios radicales son necesarios para mejorar la vida en El Salvador, calificando el acuerdo de paz de 1992, que puso fin a la sangrienta guerra civil del país y estableció su democracia representativa, como una “farsa”.

“La democracia fue una pantomima”, aseveró durante un reciente discurso ante el Congreso, acusando a los políticos que le antecedieron de estar interesados solo en el enriquecimiento personal. “Cuando los cambios no son un maquillaje, hay que cortar los problemas desde la raíz”.

Las críticas de Bukele al pasado resuenan con muchos salvadoreños, comentó Manuel Meléndez-Sánchez, un candidato a doctorado en ciencias políticas de la Universidad de Harvard, que nació y se crió en El Salvador.

“El diagnóstico de los problemas no fue necesariamente incorrecto, pero deshacerse de las instituciones democráticas no es la respuesta y nunca lo será”, destacó.

Él y otros han especulado sobre el momento de las recientes tomas de poder de Bukele, pocos días antes de que El Salvador adopte oficialmente las bitcoin. “Hay una sensación clara de que esto […] tiene mucho que ver con distraer la atención del lanzamiento de bitcoin”, destacó.

En comparación con la mayoría de las iniciativas de Bukele, desde expandir el tamaño de las fuerzas armadas hasta repartir donaciones de alimentos durante los días más oscuros de la pandemia de COVID-19, el plan de Bitcoin es impopular. Una encuesta reciente de la Universidad de Centroamérica descubrió que el 56% de los salvadoreños no confía en esa moneda, y el 71% dice que planea no usarla.

En junio, Bukele impulsó una ley en el Congreso, que fue redactada en parte por el CEO estadounidense, de una aplicación de efectivo basada en bitcoins, diciendo que las empresas deberán aceptar la moneda digital para bienes y servicios antes del 7 de septiembre. La ley deja al dólar estadounidense como la otra moneda oficial del país.

Bukele destacó que el plan empoderará a los salvadoreños, la mayoría de los cuales no están bancarizados, al darles acceso a transacciones digitales, y será una alternativa más barata a Western Union para quienes reciben remesas de Estados Unidos.

Pero los críticos sostienen que la extrema volatilidad de bitcoin podría devastar la economía de El Salvador de la noche a la mañana y llevar a la bancarrota a comunidades que ya se encuentran entre las más pobres del hemisferio.

También hay preocupación de que propicie actividades ilegales. De acuerdo con el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el plan convertirá a El Salvador en un “paraíso del lavado de dinero”.

Según la nueva ley, se supone que los clientes pueden pagar cualquier cosa, desde un refresco hasta impuestos federales, utilizando una variedad de aplicaciones para teléfonos inteligentes creadas para pequeñas transacciones de bitcoins. La ley estableció un fondo fiduciario del gobierno de $150 millones que, según Bukele, dará a los salvadoreños la opción de convertir sus bitcoins en dólares si así lo desean.

En las últimas semanas, Bukele arremetió en las redes sociales contra quienes critican su plan de bitcoin. La policía detuvo a un destacado crítico, Mario Gómez, durante cuatro horas, la semana pasada, sin explicar por qué.

Además, el gobierno expulsó recientemente a dos periodistas extranjeros que trabajaban con la organización de noticias salvadoreña El Faro, que realizó varias investigaciones sobre Bukele, incluida una que mostró que su gobierno había ofrecido beneficios a las pandillas del país a cambio de que redujeran la violencia. El gobierno de Bukele comenzó a investigar por lavado de dinero a El Faro y varios otros medios de comunicación a los que acusa de agredirlo.

Para Ruth López, abogada que encabeza el equipo anticorrupción en Cristosal, una organización de derechos humanos, tales movimientos ponen nerviosos a los disidentes. “Una de las políticas del gobierno”, afirmó, “es precisamente sembrar miedo”.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.

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