Las operaciones de inmigración del ex sheriff Arpaio que apuntaban a los latinos le costarán al público $200 millones

PHOENIX — Se espera que el costo para los contribuyentes de una demanda por discriminación racial derivada de las patrullas de inmigración del ex sheriff Joe Arpaio en el área metropolitana de Phoenix, ocurridas hace una década, alcance los $202 millones para el verano de 2022.

Las autoridades aprobaron el lunes un presupuesto provisional del condado que proporciona $31 millones para el costo de cumplir con las órdenes judiciales en el año fiscal que iniciará el próximo 1º de julio. Nadie puede precisar cuándo comenzarán a descender los costos de la demanda, de 13 años de antigüedad.

El crecimiento en el gasto “es suficiente para hacernos llorar a cualquiera de nosotros mientras intentamos ser administradores fiscales del dinero de los contribuyentes del condado”, afirmó el supervisor Clint Hickman.

Los contribuyentes en el condado más poblado de Arizona son responsables por los honorarios de abogados y los costos de cumplir con las revisiones masivas ordenadas por la corte de la oficina del sheriff, después de que un veredicto de 2013 concluyó que los oficiales de Arpaio apuntaban contra los latinos en patrullajes de tráfico que tenían como objetivo a los inmigrantes.

Arpaio, conocido por su enfoque duro contra el delito en sus 24 años como sheriff, que incluía obligar a los presos a usar ropa interior rosa y alojarlos en tiendas de campaña en el abrumador calor del desierto, apuntaba a la inmigración ilegal y fue condenado por desacato penal por desobedecer a una orden judicial que le había exigido terminar con sus patrullas de inmigración. Su condena por un delito menor fue posteriormente indultada por el entonces presidente Trump.

Se espera que el gasto de los contribuyentes continúe hasta que la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa (MCSO, por sus siglas en inglés) haya cumplido por completo con la revisión de sus operaciones de control del tráfico y asuntos internos durante tres años consecutivos.

Aunque algunas de las cifras de la agencia están cerca o en el 100%, la oficina del sheriff aún no recibió la conformidad total.

Los abogados que llevaron el caso contra la oficina del sheriff criticaron a la agencia por realizar estudios de las detenciones de tráfico ya que el veredicto demostró que los agentes a menudo trataban a los conductores latinos o negros de manera diferente al resto, aunque los informes no llegaron a decir que aún se seguía discriminando a los latinos.

Los abogados también le pidieron a un juez que realice audiencias civiles por desacato contra el sucesor de Arpaio, el sheriff Paul Penzone, debido a una acumulación de más de 1.700 casos de asuntos internos, cada uno de los cuales demora un promedio de 500 días en completarse.

La oficina de Penzone comentó que los fondos y los empleados contratados como parte de la revisión tienen que mantenerse en sus puestos cuando la agencia reciba la conformidad total. “Efectivamente, este es el nuevo ‘estándar de vigilancia’ y la mayor parte de este financiamiento deberá permanecer en el presupuesto de la MCSO”, destacó la propia oficina en un comunicado. “La MCSO está trabajando diligentemente para cumplir plenamente con las órdenes de la corte”.

Según Raúl Piña, quien forma parte de una junta asesora comunitaria creada para mejorar la confianza en la oficina del sheriff, la financiación es necesaria para que la agencia pueda respetar los derechos constitucionales de los latinos.

“Por supuesto, estamos cansados de pagar, pero si usted es hispano y maneja vehículos, también estará cansado del hostigamiento racial al mismo tiempo, y la agencia no tiene prisa por detener eso”, agregó Piña.

Las patrullas de inmigración de Arpaio, conocidas como “redadas”, involucraron a un gran número de agentes del sheriff que convergían en un zona del área metropolitana de Phoenix, incluidos algunos vecindarios latinos, en el transcurso de varios días para detener a los infractores de tránsito y arrestar a otros transgresores.

Arpaio comandó 20 de los patrullajes a gran escala, desde enero de 2008 hasta octubre de 2011. Bajo el liderazgo de Arpaio, la agencia continuó haciendo cumplir las leyes de inmigración en operativos de tráfico más pequeños y rutinarios hasta la primavera de 2013, lo cual derivó en su condena penal.

El lunes, Arpaio afirmó que no se arrepiente de haber llevado a cabo las patrullas de inmigración y sostuvo que sus medidas enérgicas ayudaron a reducir los costos de los contribuyentes en educación y atención médica para los inmigrantes que se encontraban en EE.UU sin autorización.

En cuanto a los costos financieros de la demanda, Arpaio expresó que el gasto en equipos y empleados adicionales era necesario de igual manera para modernizar la agencia.

“Es una narrativa unilateral que [los críticos] quieren difundir”, afirmó Arpaio. “No me culpen por el dinero gastado”.

A lo largo de los años, los contribuyentes han pagado un total de $18 millones en honorarios legales a los abogados participantes en ambos lados del caso, y alrededor de $20 millones por un equipo de expertos que supervisa la oficina del sheriff.

La inmensa mayoría del gasto se destina a contratar empleados que ayuden a cumplir con los requisitos de la corte. Según la oficina de Penzone, hay 192 puestos presupuestados, aunque 42 de ellos están vacantes.

Los cambios ordenados por la corte también incluyen una nueva capacitación para los agentes sobre cómo hacer detenciones de tránsito constitucionales, el establecimiento de un sistema de advertencia para identificar comportamientos problemáticos, equipar a los oficiales con cámaras corporales e intervenciones para aquellos agentes que presenten diferencias estadísticas de sus pares en la forma en que tratan a los latinos.

Se consideró que la oficina del sheriff cumplió en un 98% un primer conjunto de requisitos para reformar sus patrullajes de tráfico, y un 79% de un segundo bloque de requisitos.

A la agencia le está yendo mejor con una reforma que ordenó el juez para sus operaciones de asuntos internos, que en la era Arpaio habían sido criticadas por tomar decisiones sesgadas destinadas a proteger a los funcionarios de la rendición de cuentas; cumplió el 100% de un primer conjunto de requisitos y el 92% de un segundo grupo.

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