Trabajadores y clientes contraen COVID-19; ¿hay que eximir a las empresas?
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Henry Ephriam, uno de los 125 trabajadores del almacén de Compton de la cadena de supermercados Ralphs que enfermaron de COVID-19, llegó al hospital aterrorizado y con dolores en el pecho.
María Pilar Ornelas tenía dificultades para respirar y una fiebre de 103.7. Fue una de los más de 180 empleados en un matadero del Valle Central que dieron positivo por coronavirus, y dice que su supervisor le exigió que fuera a trabajar de igual manera.
En Glendale, la esposa y los hijos de Ricardo Saldaña, de 77 años, afirman que el hombre murió después de que se le dijo al personal del hogar de ancianos que no usaran máscaras ni guantes. Diecisiete empleados y 22 residentes contrajeron el virus. Cinco fallecieron.
Trabajadores de almacén, envasadores de carne, residentes de hogares de ancianos, pasajeros de cruceros. Mientras las infecciones en California superan las 680.000 y las muertes se ubican por encima de las 12.400, las demandas relacionadas con COVID-19 ya comenzaron a llegar a los tribunales federales y estatales.
Las empresas temen que se les culpe por la propagación del patógeno, y están montando feroces campañas en el Congreso y los poderes públicos en busca de medidas que los protejan de demandas por infecciones, hospitalizaciones y muertes relacionadas con la pandemia.
Desde que el virus llegó, muchos empleadores están sitiados, acusados de no hacer cumplir el distanciamiento social, de no proveer los suministros de protección adecuados y de falta de transparencia cuando los trabajadores se infectan. Los clientes también se sienten en peligro cuando no se hacen cumplir las normas de seguridad.
“El alivio de litigios costosos realmente podría significar la diferencia entre tener empleadores que abran sus puertas y trabajadores que vuelvan a sus tareas, o el cierre permanente de los negocios”, escribieron la Cámara de Comercio de California y 24 grupos industriales a los líderes del Congreso el mes pasado. Entre los firmantes se incluyen minoristas, fabricantes, agroindustrias, empresas de tecnología, hoteles, restaurantes y constructores.
Hasta el momento, no hay una ola de litigios relacionados con el COVID, y es posible que nunca la haya, dado el obstáculo de probar dónde exactamente alguien se ha infectado. ¿En el trabajo? ¿En el supermercado? ¿En una acera? Además, los jurados pueden ser indulgentes si los empleadores argumentan que intentaron cumplir con las cambiantes directrices gubernamentales.
Pero el líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell (R-Kentucky) predijo “una avalancha” de litigios y “la mayor bonanza de abogados litigantes en la historia”. Y los republicanos están presionando por un amplio escudo de responsabilidad denominado Safe to Work Act, una medida a la que los grupos de consumidores se oponen firmemente.
El problema es un punto de fricción en las negociaciones estancadas entre la administración Trump y los legisladores demócratas sobre una legislación amplia para extender miles de millones de dólares en beneficios federales por desempleo y alivio para los gobiernos estatales y locales.
En California se han presentado más de 550 demandas como resultado de la pandemia, según un rastreador ampliamente citado por la firma de abogados Hunton Andrews Kurth. Hasta ahora, la mayoría involucran asuntos tales como disputas de empresas con aseguradoras, incluida una del renombrado restaurador de Napa Valley, Thomas Keller. O pequeñas empresas que denuncian a los bancos por no dar préstamos de rescate, o estudiantes que demandan a universidades en busca de reembolsos. Los poseedores de boletos para conciertos y eventos deportivos querellan para recuperar su dinero, al igual que los clientes de las aerolíneas y los parques de diversiones.
Menos de 50 involucran los tipos de reclamos por lesiones personales, muerte por negligencia o medidas de seguridad inadecuadas que aborda el escudo de responsabilidad federal propuesto.
“Según la ley actual, si las empresas toman medidas razonables para proteger a los trabajadores y clientes, están a salvo de demandas”, comentó Jacqueline Serna, directora legislativa adjunta de la asociación comercial Consumer Attorneys of California.
Pero el proyecto de ley del Congreso republicano, precisó, significaría “ninguna responsabilidad bajo ninguna ley estatal en un reclamo por lesiones personales relacionadas con el coronavirus. Suplanta a las leyes de California destinadas a proteger a los trabajadores contra negligencia grave, mala conducta intencional, molestias, discapacidad, derechos civiles, asalto, agresión, ocultamiento fraudulento; de todo”.
Las corporaciones ya han tenido cierto éxito: una docena de estados promulgaron protecciones de responsabilidad para las empresas en general. Y en al menos 20 estados, los hospitales, hogares de ancianos y proveedores de atención médica ahora son inmunes a la mayoría de las demandas relacionadas con el coronavirus.
California no adoptó ninguna medida de responsabilidad por el COVID-19. Tampoco están protegidas las empresas sanitarias. El Sindicato Internacional de Empleados de Servicios presentó una demanda, el 20 de agosto pasado, contra el Riverside Community Hospital y su propietaria, HCA Healthcare en Tennessee, en nombre de tres empleados que contrajeron COVID-19 y la hija de otro que murió a causa de la enfermedad.
Las demandas que involucran cadenas de supermercados y almacenes que emplean a miles de trabajadores esenciales se encuentran entre las más vigiladas.
En el Valle de San Joaquín, 52 trabajadores de una instalación de Safeway se enfermaron, lo cual provocó una demanda por parte de la viuda de uno de los fallecidos. En San Francisco, un trabajador que completa los pedidos en un centro de Amazon Fresh presentó una querella por la falta de salvaguardias. Y Walmart es objetivo de denuncias vinculadas con el COVID-19 en Chicago y Dallas.
Una demanda colectiva presentada el mes pasado en nombre de unos 800 trabajadores en un almacén de Ralphs en Compton revela cuán polémicos -y personales- se han vuelto los problemas de seguridad en la era del coronavirus.
El 11 de mayo pasado, Ephriam, un receptor de 37 años que maneja las mercancías entrantes, tomó una pequeña siesta después de su turno y se despertó con una fiebre de 104 grados. El día anterior, la instalación había anunciado que un solo trabajador había dado positivo por el virus, calificándolo de “un incidente aislado”, según la demanda presentada en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles.
Cuando sus síntomas empeoraron, señaló Ephriam, notificó a Ralphs acerca de unos 20 empleados con los que había trabajado de cerca, pero la compañía se comunicó con solo cinco de ellos, algo que la firma disputa. En unas semanas, más de 100 trabajadores se infectaron.
En el hospital, los médicos intentaron poner a Ephriam en un respirador. Él se negó por temor a los efectos secundarios, y fue dado de alta en cuatro días. Mientras tanto, dijo, había llevado el virus a casa: su prometida, que estaba amamantando a su bebé de siete meses, se enfermó.
En la demanda, Ephriam y otros siete demandantes dicen que Ralphs adoptó una “actitud arrogante” hacia la pandemia, al no proporcionar suficientes mascarillas, guantes o desinfectante de manos, lo cual obligaba a los empleados a trabajar de cerca, y les hacían tocar la misma almohadilla al registrarse. “Era aterrador”, resaltó. “Pero la gerencia se lo tomó como si no fuera gran cosa. No les importaba”.
Ephriam y su prometida se han recuperado en gran medida. Pero otro demandante, Crescencio Perera, también se enfermó gravemente e infectó a su familia, según la querella. La esposa, la hija, el hermano, el sobrino y el suegro de Perera contrajeron COVID-19; su suegro murió.
Incluso hasta ahora, alegan los demandantes, las computadoras compartidas carecen de cubiertas plásticas en los teclados para facilitar la limpieza, las pistolas de escáner no se desinfectan entre turnos, los controles de temperatura son irregulares y las reglas de distanciamiento social no se controlan.
En una respuesta judicial, Ralphs remarcó que ha cumplido con todas las pautas gubernamentales, y agregó que las protecciones a las que se insta en la demanda son “una larga lista de demandas amorfas y requisitos draconianos”.
La empresa destacó también que Ephriam proporcionó solo siete nombres de compañeros de trabajo y que la empresa se comunicó con todos ellos. “Ralphs publicó recordatorios sobre el distanciamiento social tan pronto como los CDC lo recomendaron”, informó la compañía. Y citó imágenes de vigilancia que muestran a Ephriam sin mascarilla antes de su diagnóstico y abrazando a dos compañeros de trabajo.
Pero Ephriam sostiene que tanto él como otros no se distanciaban ni usaban máscaras en ese momento porque Ralphs no les había aconsejado que lo hicieran, ni había revelado que el virus estaba circulando en el almacén. “No tenían nada allí que nos dijera lo que debíamos hacer o no”, dijo. El portavoz de Ralphs, John Votava, declinó hacer comentarios.
Quejas de seguridad similares son el foco de una demanda colectiva en nombre de 750 empleados de Central Valley Meat Co., el séptimo empacador de carne de res más grande del país.
A principios de abril, Ornelas -una inspectora de control de calidad, de 41 años de edad- y sus colegas escucharon que el virus había infectado a compañeros de trabajo en el matadero de Hanford, California. “Pero los supervisores nos decían, ‘Es solo un rumor’”, comentó.
Para entonces, los empacadores de carne de todo el país, que trabajaban codo con codo en líneas de montaje de ritmo rápido, se enfermaban por miles. En el condado de Los Ángeles, los contagios en una procesadora de carne de cerdo Farmer John habían despegado en marzo, un brote que eventualmente enfermaría al menos a 254 empleados.
En Central Valley Meat, no fue hasta que los trabajadores publicaron la noticia de su enfermedad en Facebook que la compañía reconoció que el virus se había propagado en la planta, según la demanda federal presentada el mes pasado.
El presidente ejecutivo Brian Coelho, cuya familia es propietaria de la empresa privada, no respondió a múltiples llamadas telefónicas y correos electrónicos. Los abogados de Central Valley Meat aún no han contestado a la denuncia.
Ornelas, que cayó enferma el 23 de abril, sigue sufriendo. “Me despierto y es simplemente horrible: dolor de cabeza, fiebre, dolores de pecho, problemas de estómago”.
La mujer se secó las lágrimas. “Yo no creía en la depresión”, dijo. “Pero ahora pienso que debería haber muerto. Quiero rendirme”.
Ornelas le llevó el virus a Pete Mabie, su compañero. En la mesa del desayuno, un cartón de leche se le cayó de las manos. Eso mismo comenzó a ocurrirle en el almacén de madera donde trabaja. Fue hospitalizado tres veces. “Tengo descargas eléctricas en mis manos y pies”, reconoció “Los médicos dicen que el virus causó daños en los nervios o un miniaccidente cerebrovascular”.
Desde abril, Ornelas volvió tres veces a su trabajo -con un salario de $14.25 la hora-, impulsada por lo que consideró una amenaza de despido. Pero cada vez se sintió demasiado enferma como para continuar. No tiene seguro médico y sus facturas de salud ascienden a cientos de dólares. Aaron Olsen, su abogado, afirmó que los programas de Central Valley Meat que ofrecen un pago adicional por asistencia perfecta y puntos de disciplina por ausencias alentaron a los enfermos a seguir yendo a trabajar, violando así las pautas para las empresas emitidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
Aunque la empresa toma la temperatura de los empleados y ha colocado letreros que instan al distanciamiento social, cuando Ornelas regresó en junio, las cortinas de plástico que se habían colgado entre los trabajadores estaban bajas. “La gente estaba hombro con hombro otra vez”, relató. “Tenían mascarillas, pero no las usaban”.
Un escudo de responsabilidad federal dificultaría el éxito de las demandas presentadas por Ephriam, Ornelas y otros trabajadores. También podría proteger a las líneas de cruceros y los hogares de adultos mayores -industrias con algunas de las tasas de infección más altas del país- contra reclamos de los clientes.
Los viajeros expuestos al virus en cruceros han presentado una serie de demandas, incluidas cuatro acciones colectivas de California contra Carnival Corp. en nombre de unos 2.400 pasajeros. La compañía fue noticia en todo el mundo en marzo pasado, después de que los funcionarios estatales, al enterarse de que el virus estaba circulando en su embarcación Grand Princess, se negaron inicialmente a permitirle atracar.
Un hombre del condado de Placer que había estado en el barco fue la primera víctima mortal por COVID-19 conocida en California, y otros 33 dieron positivo. Después de cinco días varados frente a San Francisco encerrados, a los pasajeros se les permitió desembarcar, y cientos fueron forzados a una cuarentena de 14 días en las bases militares.
Carnival “eligió poner las ganancias por sobre las personas, incluida la seguridad de sus pasajeros, la tripulación y el público en general”, según una demanda colectiva presentada en una corte federal en abril por Robert Archer, un jubilado de San Francisco, y otros 61 pasajeros que fueron hospitalizados con COVID-19 o sufrieron síntomas severos, además de “angustia, miedo, horror”.
Según la denuncia, que reclama una indemnización de $5 millones por daños, la línea de cruceros incurrió en una “negligencia grave” al permitir que unos 2.000 pasajeros abordaran en febrero y socializaran sin obstáculos, sin advertirles que unos 1.000 empleados y viajeros aún a bordo de una etapa anterior de la travesía habían estado expuestos al virus.
El portavoz de Carnival, Roger Frizzell, se negó a comentar sobre el litigio, pero en un correo electrónico señaló: “Nuestras principales prioridades son el cumplimiento de las reglas, la protección del medio ambiente y la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros huéspedes y miembros de la tripulación”. La compañía ha “creado un nuevo rol ejecutivo sénior, director de controles y oficial ética”, enfatizó.
Al igual que las líneas de cruceros, las residencias para adultos mayores son un objetivo de demandas de consumidores relacionadas con el coronavirus. En California, más de 4.900 residentes y personal de estos centros han muerto por COVID-19, aproximadamente el 40% del total de decesos en el estado. En todo el estado, 1.120 hogares de ancianos especializados y 301 centros de vida asistida informaron brotes.
En una demanda contra Glenhaven Healthcare, la familia de Saldaña asevera que esa instalación de Glendale “llegó al extremo de guardar bajo llave los equipos de protección entregados por el departamento de bomberos local... Como resultado, el virus corrió desenfrenado”.
La denuncia, presentada en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, señala que el asilo ocultaba el hecho de que un empleado expuesto al virus había pasado dos semanas interactuando con el personal y los residentes. Y agrega que un residente expuesto fue trasladado a la habitación de Saldaña sin que ello se le informara a él ni a su familia.
El hogar afirmó que su personal siguió las pautas de salud de las autoridades locales y federales. “Podemos decir definitivamente que los héroes de Glenhaven Healthcare ponen a nuestros pacientes en primer lugar todos los días”, destacó en un comunicado.
El mes pasado, los abogados de la entidad intentaron trasladar la demanda a un tribunal federal, alegando que una ley de preparación para emergencias de 2005 de EE.UU le otorga inmunidad frente a reclamos por abuso de ancianos, mala praxis y muerte por negligencia.
La denuncia no establece que Saldaña murió como resultado de alguna mala praxis, escribieron en una presentación del 31 de julio, que agrega: “La información sobre el nuevo coronavirus... y cómo prevenir su propagación estuvo... en constante evolución durante marzo y abril”.
La demanda de Glenhaven muestra lo difícil que puede ser ganar casos vinculados con el COVID-19, a pesar de la larga historia de investigaciones a la industria de los hogares de mayores sobre la atención y la dotación de personal deficientes. En el condado de Los Ángeles, cada año se registran más de 2.000 denuncias ante los funcionarios de salud pública. “No prevemos una avalancha de denuncias”, dijo Anthony Chicotel, abogado de California Advocates for Nursing Home Reform. Su grupo de vigilancia de San Francisco ha referido solo 13 casos de coronavirus para un posible litigio.
A los abogados de lesiones personales se les paga a través de honorarios de contingencia, por lo cual solo aceptan casos sólidos, añadió Chicotel. Dado que a los familiares de los residentes en gran medida se les impidió efectuar visitas, “será más difícil probar que hubo violaciones del estándar de atención”, añadió. “¿Y cuál era el estándar de atención? Era fluido”.
Aún así, observó Chicotel, el escudo de responsabilidad defendido por las empresas y en negociación en el Congreso equivaldría a una “catástrofe” para los residentes de hogares para adultos mayores. “Inmunizaría todo tipo de mala praxis”, dijo. “Liberaría a los proveedores deficientes del último nivel de responsabilidad”.
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