La NRC demandada por no liberar información de planta nuclear
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El abogado de San Diego, Michael Aguirre demandó a la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos (NRC) por retener documentos que solicitó el año pasado amparado en la Ley de Libertad de Información.
Aguirre, un exfiscal federal y exfiscal de la ciudad de San Diego, dijo que las personas en la NRC se negaron a divulgar los registros relacionados con un incidente peligroso en San Onofre acaecido en agosto, cuando un contenedor de 50 toneladas lleno de desechos radiactivos se dejó posado precariamente a 18 pies sobre el piso en el área prevista para su almacenamiento.
También afirmó que la NRC está reteniendo documentos que contienen detalles sobre cómo el propietario de la planta Southern California Edison, supuestamente violó por meses las reglas de desechos nucleares antes del incidente mencionado. Aguirrre pretende que un juez ordene a los reguladores federales que entreguen los registros.
“A la fecha, la NRC ha tenido tácticas de evasión y ha rechazado la solicitud de los registros de los demandantes sin ninguna justificación razonable”, afirma la queja presentada ante la Corte del Distrito de Estados Unidos hace días por la socia legal de Aguirre, Maria Severson.
Funcionarios de la NRC dijeron hace días que no hacían comentarios sobre litigios pendientes. En una declaración no relacionada con el caso y hecha a principios de este mes, la agencia dijo que estaba orientada a dar tanta información al público como fuera posible.
“La NRC (...) ha sido extraordinariamente abierta y transparente acerca de nuestra supervisión de las operaciones de carga del combustible empleado en la Estación de Generación Nuclear de San Onofre”, dice el comunicado.
La planta nuclear de San Onofre se cerró en 2012 y está en proceso de ser clausurada. Después del incidente de agosto, la Southern California Edison como propietaria mayoritaria de la planta suspendió el proceso de transferencia de millones de libras de combustible nuclear gastado del almacenamiento húmedo al seco.
Aguirre presentó un par de solicitudes de registros en diciembre bajo la Ley Federal de Libertad de Información para obtener documentos relacionados con el percance de agosto y la investigación de la NRC del incidente.
De acuerdo con un informe de inspección de la NRC publicado en noviembre, un contenedor pesado con desechos radiactivos se atascó a 18 pies sobre el piso de su área de almacenamiento cuando se estaba bajando a su bóveda. El aparejo de seguridad también se había aflojado.
Pasó casi una hora antes de que los equipos de trabajo pudieran desatorar de forma segura el recipiente y completar la descarga.
Fue el canister número 29 en ser cargado en un área de almacenamiento temporal que Edison construyó. Unos 40 más quedan por llenar.
Edison espera reanudar las operaciones de transferencia de combustible a finales de marzo.
Los informes de inspección de la NRC publicados anteriormente muestran que Edison violó varias regulaciones al mover los desechos del almacenamiento húmedo al seco. Se espera que los reguladores anuncien una decisión sobre posibles sanciones contra Edison en una audiencia programada para el lunes 25 de marzo en Texas.
La empresa de servicios públicos no informó el accidente de agosto dentro de las 24 horas, como lo exige la ley federal. En lugar de eso, un trabajador contratado en la planta reveló el evento en una reunión comunitaria casi una semana después.
Edison notificó formalmente a la NRC sobre el incidente seis semanas después de que sucediera.
Aguirre solicitó “los escritos derivados de la entrevista del equipo de NRC al concesionario y al personal del contratista ‘involucrados o presentes durante el incidente del error de alineación del 3 de agosto de 2018’”, señala la demanda.
El abogado presentó otra solicitud al día siguiente en busca de registros relacionados con un incidente separado en febrero de 2018, cuando los trabajadores descubrieron un perno suelto de 4 pulgadas dentro de un contenedor que se estaba preparando para cargar. La compañía detuvo sus operaciones durante 10 días después de ese descubrimiento.
La demanda alega que la NRC demoró deliberadamente en responder a las dos solicitudes de Aguirre. A fines de enero, los reguladores dijeron que los documentos serían entregados el 28 de febrero, pero a mediados de febrero solicitaron un “pago anticipado” de 1500 dólares por los costos relacionados con la producción de documentos, afirmó.
Aguirre dijo que los documentos deberían publicarse lo más rápido posible, ya que las violaciones a las reglas federales para almacenar desechos nucleares representan una amenaza importante para la salud pública.
“Hay un evidente interés público en una transmisión completa y exhaustiva de las violaciones graves que, de hecho, ocurrieron en el sitio de desechos nucleares de San Diego, con la esperanza de que tales violaciones no ocurran en el futuro”, afirma la denuncia. “La información buscada expondrá cualquier colusión entre la NRC y las entidades que se supone debe regular”.
La demanda también señala que los reguladores federales no han realizado ninguna audiencia probatoria sobre el accidente, ni han colocado a ninguno de los testigos bajo juramento, ni realizado ningún procedimiento público en el condado de San Diego.
McDonald escribe para el U-T.
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