Prohibición a envases de poliestireno en San Diego enfrenta demanda

San Diego — Un grupo de cabildeo estatal para restaurantes presentó una demanda para impedir que San Diego aplique la prohibición recientemente aprobada para envases de alimentos y bebidas de espuma de poliestireno, también llamado foam.

Mientras tanto, funcionarios de la ciudad siguen con los planes para la plena aplicación de la prohibición a partir del viernes 24 de mayo, incluida la implementación de esfuerzos de alcance bilingüe y el manejo de reclamos de empresas lo suficientemente pequeñas como para calificar para exenciones temporales a la prohibición.

Además de los contenedores de alimentos utilizados por los restaurantes, la prohibición aplica a los cartones de huevos de poliestireno, hieleras, juguetes para piscinas, flotadores de muelle y boyas de amarre. Los residentes no podrán usarlos y las tiendas minoristas no podrán venderlos.

Aunque otras 120 ciudades de California han adoptado prohibiciones al poliestireno en los últimos años, la demanda contra San Diego es la primera que la Asociación de Restaurantes de California presenta para intentar bloquear la prohibición.

La demanda dice que el tamaño relativamente grande de la economía en San Diego, que es la segunda ciudad más grande de California y la octava más grande del país, hizo del bloqueo de la legislación de la ciudad una prioridad para la asociación.

Si un juez determina que la demanda tiene mérito, la implementación de la prohibición por parte de la ciudad podría quedar suspendida.

La demanda, que se presentó en nombre de tres restaurantes locales y una compañía que fabrica envases de poliestireno, sostiene que San Diego no analizó adecuadamente los efectos de la prohibición sobre el medio ambiente.

Si bien los partidarios dicen que la prohibición mejorará el medio ambiente al mejorar la calidad del agua y obligar a las empresas a reemplazar el poliestireno con materiales que son más fáciles de reciclar, la demanda dice que los productos de reemplazo típicos podrían ser peores para el medio ambiente.

“La evidencia ante la ciudad cuando adoptó la ordenanza mostró de manera uniforme que la prohibición del poliestireno expandido, que es reciclable, no reducirá desperdicios ni basura y dará como resultado que la espuma de poliestireno sea sustituida por productos de reemplazo que tienen un impacto ambiental mucho mayor y que ocasionarán un aumento de basura y desperdicios”, dice la demanda.

Pero incluso si ese no es el caso, según la demanda, la ciudad tuvo la obligación legal de estudiar el problema y otros posibles impactos de la prohibición, como posiblemente dañar a las personas sin hogar al aumentar los costos en los comedores subvencionados.

Cuando el Concejo Municipal aprobó la prohibición el 8 de enero, los abogados de la ciudad dijeron que no se requería un análisis ambiental completo “porque se puede ver con certeza que no hay posibilidad de que la ordenanza propuesta tenga un efecto adverso significativo en el medio ambiente”.

Los documentos de la ciudad también afirman que San Diego está exento de dicho análisis porque la prohibición es “una acción de una agencia reguladora para el ‘mantenimiento, restauración, mejora y protección del medio ambiente’”.

La demanda dice que los funcionarios de San Diego optaron por no realizar un análisis exhaustivo a pesar de las fuertes indicaciones de que valdría la pena.

“La ciudad simplemente ignoró las montañas de evidencia que se le presentaron; ignoró los hallazgos de otras agencias, ignoró a los expertos académicos de prestigiosas instituciones e ignoró las docenas de informes técnicos y de expertos que se le presentaron”, dice la demanda.

El consejo aprobó la prohibición con una votación de 6-3 a, divididos por partidos políticos, con todos los demócratas en apoyo y todos los republicanos en contra. El alcalde Kevin Faulconer, un republicano, decidió dejar que la prohibición se convirtiera en ley sin su firma.

La implementación parcial de la prohibición comenzó el 23 de febrero, cuando a los vendedores de alimentos se les exigió que otorgaran popotes y cubiertos de plástico disponibles solo por solicitud y se prohibió a los minoristas vender la mayoría de las hieleras de poliestireno, juguetes para piscinas y boyas.

También el 23 de febrero, todos los materiales de poliestireno mencionados en la nueva ley fueron prohibidos en todas las instalaciones de la ciudad, incluidos parques, lagos, playas y centros recreativos.

El 24 de mayo, está previsto que la ciudad comience a vigilar la parte más controvertida de la ley: la prohibición de los cartones de huevos y los contenedores de alimentos en restaurantes locales y otras empresas.

La ciudad creó un sitio web que explica los cambios, envió correos electrónicos a las empresas afectadas y envió volantes bilingües a más de 8500 empresas.

Además, funcionarios de la ciudad comenzaron a procesar reclamos de empresas con ingresos brutos anuales menores a 500 mil dólares que buscan la exención de las prohibiciones. Las exenciones se pueden otorgar hasta por dos años según la legislación local.

El portavoz de la ciudad, Paul Brencick, dijo el miércoles que recibieron dos solicitudes de exención hasta el martes y que ya se había concedido una.

La prohibición dividió fuertemente a la comunidad de restaurantes locales.

Casi todas las cadenas de restaurantes nacionales y regionales dejaron de usar el poliestireno en respuesta al cabildeo de grupos ambientales y la reacción de los clientes preocupados de que el material no es biodegradable.

Pero muchas tiendas de tacos, pizzerías, tiendas de conveniencia y otras pequeñas empresas continúan usando productos de poliestireno para ahorrar dinero.

“La ciudad ignoró todos los informes científicos e implementó una prohibición que injustamente ha hecho que sea aún más difícil hacer negocios aquí”, dijo Javier Rodríguez, propietario de Antojitos Colombianos en Logan Heights, uno de los demandantes. “¿Por qué la ciudad no puede tomar tiempo y hacer un estudio ambiental como lo exige la ley antes de apresurarse a adoptar una prohibición que es particularmente injusta para restaurantes como el mío?”

Mikey Knab, del restaurante mexicano Ponce’s en Kensington, dijo el miércoles que los dueños de restaurantes locales deberían concentrarse en el impacto más amplio de la prohibición.

“No vale la pena pasar el costo de usar este tipo de cosas a toda la comunidad, que no tuvo la opción de elegir poliestireno para los contenedores de alimentos”, dijo Knab.

La prohibición de la ciudad exige multas de 200 dólares por una primera infracción, 350 dólares por una segunda infracción dentro del mismo período de 12 meses y 500 dólares por una tercera infracción durante ese período.

Los otros dos restaurantes locales nombrados como demandantes son Orlando’s Taco Shop en Logan Heights y Mariscos El Golosito en Sherman Heights.

Un grupo de fabricantes de poliestireno ofreció a San Diego en noviembre casi 2 millones de dólares para impulsar su incipiente programa de reciclaje de poliestireno, pero la oferta estaba supeditada a que la ciudad no siguiera adelante con la prohibición.

Uno de esos fabricantes, Dart Container Corp., también es un demandante en el caso.

Otras prohibiciones al poliestireno fueron aprobadas previamente por tres ciudades locales: Encinitas, Solana Beach e Imperial Beach.

Garrick escribe para el U-T.