Propuesta de ley busca proteger a trabajadores de hospitales que son blanco de violencia

La supervisora de enfermería Mary Prehoden estaba en el octavo piso del hospital Scripps Mercy cuando escuchó a un hombre gritando obscenidades. Como supervisora, su trabajo era investigar. Cuando entró a la habitación del paciente, vio venir volando una silla de 25 libras directo a ella. Logró esquivar la silla pero no el puñetazo que le dio el paciente al lanzársele, dándole en un costado de la cabeza, mandándola al suelo y quitándole los lentes.

“Terminamos en el suelo de la habitación, cara a cara”, dijo Prehoden. “Me agarró del cabello, me mordió, me dio un puñetazo, me dio una patada. No pude abrir los ojos porque estaba tratando de sacarme el ojo derecho. Se necesitaron al menos nueve personas para detenerlo y yo poderme liberar de él”. Hoy, dijo, tiene una cicatriz en el pecho y una sensación constante de desconfianza.

El ataque del verano pasado ocurrió en la sala de oncología del hospital de Hillcrest. Si se hubiera llevado a cabo fuera del centro médico, su atacante hubiera tenido que cumplir seguramente una sentencia larga en la cárcel.

“Un bombero, un paramédico, un técnico de emergencias, un salvavidas, un notificador profesional, los trabajadores que recogen perros vagabundos... si están en horario de trabajo y son atacados, eso es un delito automático”, dijo Prehoden, quien ha trabajado como enfermera por 39 años. “Las personas que trabajan en instalaciones de atención médica, todos nosotros, no estamos protegidos por la misma ley. Necesitamos que nos traten de la misma manera en lo que se refiere a la ley”.

Otros están de acuerdo. El 31 de enero, el asambleísta Freddie Rodríguez, demócrata por Pomona, presentó el Proyecto de Ley de la Asamblea 329. La legislación exige hasta un año de cárcel y hasta 2000 dólares en multas para cualquiera que ataque o golpee a un trabajador del área médica dentro de un hospital. La ley actual extiende esas sanciones sólo a médicos y enfermeras que trabajan fuera de los hospitales en situaciones de emergencia.

Aunque el proyecto de ley aun no ha tenido su primer análisis estatal independiente, Scripps Health ya planea declarar en nombre de la legislación en Sacramento a medida que avanza el proceso de audiencia. Chris Van Gorder, director ejecutivo de Scripps, dijo que el incidente de Prehoden es solo un ejemplo de una creciente ola de violencia en los hospitales que requiere acción. “Vemos una escalada de violencia”, dijo Van Gorder. “Creo que debemos aumentar las sanciones para proteger a nuestra gente”. Como oficial de policía retirado herido en el cumplimiento de su deber y luego de trabajar temporalmente como oficial de seguridad en un hospital, sabe que este no es un problema nuevo. Él mismo fue apuñalado en el brazo por un paciente en la década de 1970. Y no es la primera vez que la Legislatura intenta hacer algo.

En el 2015, un proyecto de ley similar, también presentado por Rodríguez, fue vetado por el entonces gobernador Jerry Brown. El mensaje de veto del gobernador, que expresó un “gran respeto” por los trabajadores de la salud, tomó un tono extremadamente escéptico, declarando: “Si hubiera evidencia de que seis meses adicionales en la cárcel del condado mejorarían la seguridad de estos trabajadores o servirían como elemento disuasorio, firmaría este proyecto de ley. Dudo que haga cualesquiera de las dos cosas”.

Pero Brown ya no está en el cargo. El primer acto en el poder del gobernador Gavin Newsom fue ampliar la cobertura de atención médica, impulsando un segundo intento. Van Gorder dijo estar convencido de que aprobar el AB 329 brindará a los hospitales nuevas herramientas significativas a pesar del escepticismo del exgobernador. Según él, los hospitales podrían publicar avisos en sus muros informando a los pacientes que atacar es un delito que se castiga con un tiempo considerable de cárcel. Bajo la ley actual, tales publicaciones no están permitidas. “Espero esto sea un elemento disuasivo”, dijo Van Gorder. “También creo que manda un mensaje a nuestra gente: si eres un profesional de la salud, estamos preparados para hacer todo lo posible para protegerte”.

Van Gorder mencionó también haber decidido que algunos agentes de seguridad de Scripps estén armados con Tasers, armas no letales capaces de someter a los atacantes con una poderosa descarga eléctrica. Comentó que esa medida ha sido precedida por un extenso entrenamiento de desintensificación para empleados que atienden a pacientes.

Hoy en día, existe un protocolo nuevo en donde los empleados de primera línea marcan las habitaciones de los pacientes evaluados para ser potencialmente violentos con signos de paz, lo que indica de manera discreta a todos los que ingresan que se justifica tener precaución adicional.

Una encuesta de hospitales locales mostró que Scripps no es el primero en armar a sus guardias de seguridad. Sharp Grossmont Hospital y UC San Diego Medical Center ya utilizan Tasers, y los hospitales de Palomar Health en el norte del condado pueden optar por llevar consigo spray de pimienta si están certificados. Tri-City Medical Center en Oceanside y Prime Healthcare, que opera los hospitales Paradise Valley y Alvarado, no respondieron.

Grossmont, con el departamento de emergencias más ocupado de la región, ha estado a la vanguardia de los cambios de seguridad, implementando un programa similar de capacitación de desintensificación hace aproximadamente cuatro años cuando también introdujo Tasers y el uso de varitas de detección de metales para la mayoría de los pacientes de emergencia y sus familias.

El presidente ejecutivo Scott Evans dijo que la actualización de seguridad multifacética no sólo ha impedido que entren armas (como cuchillos y pistolas) al hospital, sino que también ha hecho que el personal sea más proactivo en prevenir violencia. En el 2015, según Sharp Healthcare, Grossmont registró 67 lesiones combativas en comparación con sólo 21 en los años 2016 y 2017. Evans señaló que la violencia no siempre viene de los pacientes hacia los trabajadores del hospital. Las familias también tiran golpes. “A veces la dinámica familiar estalla contra el personal”, dijo Evans.

En todo el sistema Scripps durante el año pasado, comentó Van Gorder, 23 asaltos de pacientes hacia el personal del hospital fueron lo suficientemente graves como para causar que el lesionado faltara a trabajar: prueba de fuego para determinar si deben ser reportados a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del estado (CalOSHA). Sharp reportó 70 incidentes de este tipo a CalOSHA en el 2018. Palomar, que emite información a CalOSHA sobre todas las lesiones que registra, independientemente de si fueron lo suficientemente graves como para causar que un trabajador falte al trabajo, registró 225 lesiones de trabajadores el año pasado. Kaiser Permanente San Diego, que no ha armado a sus trabajadores, no ha registrado ningún asalto.

Cada año la Oficina de Estadísticas Laborales de los EU (BLS) examina todos los lugares de trabajo con más de 10 trabajadores para medir tasas generales de lesiones de los trabajadores. En el 2017, el año más reciente para el que se dispone de datos, la encuesta BLS reporta 10.7 lesiones intencionales por cada 10 000 trabajadores de hospital cometidos por pacientes. De acuerdo con los registros de la BLS, ese número fue de 7.5 heridos por cada 10 000 trabajadores en el 2007, lo que sugiere que la violencia del paciente a cargo de un cuidador está en aumento.

El AB 329 está en el Comité de Seguridad Pública de la Asamblea; aún no ha sido programada su primera audiencia.

Sisson escribe para el U-T.