Ante la crítica generalizada, Hueso retira el proyecto de ley para reescribir la ley de registros públicos del estado

Luego de enfrentar una ola de críticas de funcionarios electos, organizaciones de noticias, grupos observadores del gobierno y otros, el senador estatal Ben Hueso retiró el martes un proyecto de ley que presentó el mes pasado y que dijo optimizaría el proceso para acceder a los registros públicos.

Entre otras cosas, la legislación habría requerido que las personas que solicitan registros de las agencias públicas se reúnan y consulten con los funcionarios del gobierno antes de presentar una demanda para alegar que el gobierno retuvo los documentos de manera indebida.

“Desde el principio, mi objetivo para este proyecto de ley fue siempre hacer que el proceso de obtención de registros públicos sea más eficiente y conveniente para los contribuyentes”, dijo Hueso, demócrata de San Diego, en un comunicado. “La Ley de Registros Públicos es un componente esencial del fuerte compromiso de California con el gobierno abierto y la transparencia”.

El proyecto de ley fue presentado el mes pasado como el Proyecto de Ley Senatorial 615 a solicitud de la fiscal de la ciudad de San Diego, Mara Elliott, quien dijo que una explosión en las solicitudes de registros públicos estaba restringiendo la ciudad.

“Los números son asombrosos”, dijo Elliott en un artículo de opinión publicado este mes por The San Diego Union-Tribune. “Desde 2013, las solicitudes de la Ley de Registro Público manejadas por la ciudad de San Diego aumentaron de 749 a 4824 anualmente. Eso es un aumento de 644 por ciento y sigue aumentando”.

Elliott también dijo que una norma para reunirse y dialogar ayudaría a los gobiernos a administrar mejor las solicitudes de registros en los casos en que las ciudades u otras agencias públicas no entreguen de inmediato todos los documentos solicitados o cuando no los produzcan de manera inadvertida. Citó un caso reciente que le costó a la 158 mil dólares en honorarios de abogados.

Pero otros no estaban convencidos de que el proyecto de ley aceleraría el acceso a los registros del gobierno, como argumentaron tanto Hueso como Elliott.

A los pocos días de la introducción de la legislación, los críticos comenzaron a quejarse de que, en lugar de simplificar el proceso para obtener registros públicos, el proyecto de ley de Hueso dificultaría más su obtención.

Los miembros del Consejo Municipal de San Diego debatieron la legislación el lunes al considerar su agenda legislativa anual del estado. A ellos no les gustó la propuesta de ley ni tampoco que no se les informara al respecto por adelantado.

“Sé que los residentes de San Diego son fuertes partidarios del gobierno abierto”, dijo la concejala Vivian Moreno. “La SB 615 debilita el acceso del público a los documentos del gobierno, y es nuestra responsabilidad como funcionarios públicos hacer que el trabajo de la gente sea público y accesible”.

El Concejo Municipal de San Diego votó por unanimidad para incluir la oposición al proyecto de ley de Hueso en su plataforma legislativa estatal y federal.

En una declaración el martes, Elliott dijo que los funcionarios electos tienen la obligación de abordar problemas difíciles y avanzar en soluciones serias a los desafíos serios que enfrenta la ciudad y sus contribuyentes.

Pero “escuchar va de la mano con el liderazgo, y estoy comprometida a trabajar con las partes interesadas para facilitar que la gente común tenga acceso a los registros públicos al tiempo que reducimos las demandas costosas e innecesarias”, dice la declaración.

Elliott agradeció a Hueso por “tener el coraje de enfrentar un tema difícil”, así como a los partidarios y oponentes de la legislación fallida.

McDonald escribe para el U-T.