Distritos escolares reafirman: los estudiantes indocumentados están seguros en los planteles

En tanto que la administración de Trump intenta reducir la inmigración indocumentada, los distritos escolares de California están adoptando las políticas estatales que afirman el derecho del estudiante a una educación pública gratuita, independientemente de su estado migratorio.

Las políticas son obligatorias bajo una nueva ley estatal que agrega el estatus migratorio a una lista de categorías protegidas, prohíbe la vigilancia y el control migratorio de rutina en las escuelas y describe los pasos que las escuelas deben seguir si los funcionarios de inmigración piden acceso a los estudiantes.

La mayoría de los distritos escolares del condado de San Diego ya siguen prácticas similares y la ley AB 699 establece el 1 de julio como fecha límite para que todos los distritos adopten las políticas.

“Ahora vivimos en esta cultura del miedo”, dijo el vicepresidente de la Junta Escolar de San Marcos, Randy Walton. “Y la inmigración es la principal noticia en los noticieros todos los días. No queremos que estos niños pequeños vivan con miedo de que alguien venga y les haga preguntas o cuestione a sus familiares. Nuestro objetivo como distrito escolar es educar a niños. No estamos en el negocio de hacer cumplir las leyes de inmigración de ningún tipo”.

Aunque el actual precedente de la Suprema Corte y la política federal aseguran a los inmigrantes indocumentados el derecho a una educación y prohíben los allanamientos en los planteles, la nueva ley establece estándares sobre cómo las escuelas de California deben cumplir con esas reglas, dijo el autor del proyecto, Patrick O’Donnell, demócrata de Long Beach.

“Esto constituye una política amplia para California, y establece un precedente en todo el estado, en caso de que (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE) decida ingresar a su plantel”, señaló. “Somos un estado tan grande, con tantas escuelas, que queremos una política uniforme para el estado”.

En las últimas semanas muchos distritos escolares del condado de San Diego aprobaron resoluciones de sus juntas para cumplir con la nueva legislación. Los funcionarios escolares contactados para esta nota dijeron que la ley refleja las políticas que ya tienen establecidas para proteger la privacidad de los estudiantes y su derecho a la educación.

Algunos también dijeron que han fortalecido esas protecciones en el último año o dos, a la luz de las intensas redadas de inmigración. Los distritos escolares unificados de San Marcos y San Diego emitieron resoluciones anteriores en las que prometían mantener a las escuelas seguras para todos los estudiantes.

La ley se ajusta a la política federal existente sobre la aplicación de la ley de inmigración en las escuelas. En 2011, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un memorando que designaba a las escuelas e iglesias como lugares sensibles, prohibidos para la mayoría de los allanamientos de inmigración y la decisión de la Suprema Corte de 1982 Plyler v. Doe concluyó que los estados no pueden negarles a los estudiantes educación pública basándose en su estado migratorio.

La nueva ley de California ordena a las escuelas que adopten normas que prohíban el acoso o la intimidación de estudiantes inmigrantes y exige que los maestros u otro personal escolar intervengan para detener dichos conflictos.

También prohíbe que las escuelas recopilen información o documentos sobre el estado migratorio de los estudiantes y sus familias. Y requiere que los superintendentes y directores informen a sus juntas escolares si autoridades solicitan información o acceso a sitios escolares.

En el caso de que un estudiante necesite cuidado de emergencia, la ley ordena a los empleados de la escuela agotar todas las opciones en la lista de contactos de emergencia de los estudiantes antes de comunicarse con Servicios de Protección Infantil. Y requiere que las escuelas notifiquen a los padres y tutores sobre el derecho de sus hijos a una educación pública gratuita, independientemente de su estado migratorio.

O’Donnell, exmaestro de secundaria y preparatoria y presidente del Comité de Educación de la Asamblea, dijo que elaboró la ley desde su perspectiva como legislador, educador y padre.

“Este proyecto de ley surge de mi deseo de proteger a los estudiantes indocumentados y como respuesta al entorno político de hoy”, expresó. “Cuando Trump se convirtió en presidente, hizo promesas, y vemos que está tratando de cumplir esas promesas de realizar deportaciones masivas. Tengo dos hijas que están en escuelas públicas, y no quiero que ICE corra por sus planteles. Las escuelas deberían ser un entorno seguro”.

Aunque la mayoría de los distritos contactados para esta nota estaban adoptando variaciones en el modelo de las políticas proporcionadas por el estado, los funcionarios del Distrito Unificado de San Diego revisaron sus documentos existentes y concluyeron que ya cumplían con los requisitos de la nueva ley.

“Ya teníamos una política muy estricta en nuestros procedimientos”, apuntó el portavoz del distrito, Andrew Sharp. “Anteriormente habíamos hecho un par de rondas de comunicación a todo nuestro personal con nuestra clara convicción de que los estudiantes tienen derecho a una educación, independientemente de su estado migratorio. Compartimos las decisiones legales relacionadas con esa postura. Y también hemos informado al personal varias veces que tenemos una serie de derechos que esperamos se otorguen a todos nuestros estudiantes”.

Poco después de las elecciones, en diciembre de 2016, el distrito aprobó una resolución consolidando esa posición. Citando que “los temores de algunos estudiantes del distrito después de las elecciones presidenciales, de que sus amigos, familiares o seres queridos pudieran correr peligro de ser lastimados”, hizo que se declarara el apoyo a “los derechos de las familias inmigrantes a vivir sin miedo como miembros plenos e iguales de una comunidad cívica”.

La superintendente Cindy Marten y el jefe de la policía escolar Mike Márquez, junto con otros líderes cívicos, también se reunieron con funcionarios del ICE y la Patrulla Fronteriza para confirmar que los planteles escolares siguen fuera de los límites de las redadas de inmigración.

En septiembre del año pasado, el Distrito Escolar Unificado de San Diego detalló los requisitos específicos para el personal de la escuela. Los empleados de la escuela no pueden preguntar a los estudiantes acerca de su estado migratorio o requerir documentación como tarjetas de residencia, números de Seguro Social o documentos de ciudadanía para la inscripción. Los miembros del personal deben enviar las solicitudes de ICE al consejo legal del distrito y no deben permitir que los agentes entren en el plantel sin autorización.

“Los agentes de ICE no deben ingresar al plantel a menos que lo apruebe la policía escolar”, decía la nota.

Las escuelas de San Marcos también emitieron una resolución en diciembre de 2016 declarando que todos los estudiantes de diversos “antecedentes culturales, lingüísticos y económicos” deben estar a salvo de la discriminación y libres de la aplicación de la ley de inmigración mientras están en la escuela. Recientemente, la junta escolar también aprobó una política que formaliza los requisitos de la ley estatal.

Otros distritos como Escondido Union, Poway, Carlsbad y Valley Center/Pauma, también aprobaron recientemente resoluciones de la junta que adoptan las protecciones obligatorias del estado para estudiantes inmigrantes. La resolución de Escondido contenía cuatro páginas de instrucciones minuciosamente detalladas sobre cómo manejar y documentar las acciones de la ley de inmigración, incluyendo qué hacer si un oficial de ICE ingresa a un plantel sin una orden judicial.

Si bien los peores temores de las familias de inmigrantes y sus defensores no se han materializado, O’Donnell dijo que su proyecto de ley tenía la intención de evitar la posibilidad de redadas de inmigración en las escuelas. Después de las promesas de Trump de intensificar la inmigración, circularon rumores, tanto en Los Ángeles como en el condado de San Diego, de que agentes de ICE patrullaban las áreas alrededor de las escuelas, aunque O’Donnell dijo que no tiene conocimiento de estudiantes californianos que hayan sido detenidos en escuelas.

A pesar de la naturaleza polarizada del debate nacional sobre inmigración, el proyecto de ley de O’Donnell recibió un amplio apoyo bipartidista. Pasó la Asamblea por una votación de 60-13, con cinco de los miembros de la Asamblea de San Diego, incluidos los republicanos Rocky Chávez y Brian Maienschein, votando a favor. La republicana Marie Waldron no votó. En el Senado estatal, el proyecto de ley pasó 31-6, con los senadores estatales de San Diego divididos en líneas partidarias.

Los educadores locales, sin embargo, dijeron que proteger a los estudiantes no es un tema partidista.

“Nuestra misión es educar a los niños”, señaló el presidente de la junta del Distrito Escolar Unificado de Escondido, Doug Paulson. “Todo este asunto de la inmigración tiene una gran carga emocional, carga política y no queremos involucrarnos en él. Adoptamos estas políticas para asegurarnos de no proporcionar información a las autoridades sin una orden judicial. Tenemos que proteger la privacidad de los estudiantes, y eso aplica para todas las dependencias”.

Brennan escribe para el U-T.