Aceleran procesos de inmigración en la región de San Diego
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Este año las cortes de inmigración en los condados de San Diego e Imperial han acelerado los procesamientos, y los abogados de inmigración temen que el despeje del rezago conduzca a las deportaciones de aquellos que tienen bases legales para quedarse.
En contraste con lo que parece haber sido una creciente acumulación de casos en los últimos años, los jueces de las tres cortes resolvieron más casos entre febrero y julio de este año que el año pasado. Los casos en corte del centro de San Diego aumentaron en un 38 por ciento, en la corte del Centro de Detención de Otay Mesa aumentaron un 51 por ciento, y en la corte de la Instalación Regional de Detención en Imperial aumentaron en un 119 por ciento, según datos obtenidos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR por sus siglas en inglés).
En todo el país, los jueces de inmigración resolvieron un 14.5 por ciento más de casos entre febrero y julio de este año que el año pasado, según la oficina.
Por mucho tiempo algunos han criticado el sistema judicial calificándolo de obstruido e ineficiente. El número de casos pendientes en todo el país supera los 600 mil, de acuerdo con la EOIR.
Los abogados dicen que debido a un reciente memorándum que restringió la capacidad de los jueces de posponer los casos, el esfuerzo por superar el rezago va demasiado rápido.
“Es bueno contratar a jueces para eliminar el rezago”, dijo Edward Orendain, un abogado de Chula Vista, “pero necesitamos equilibrar eso con la protección del debido proceso”.
Desde que el presidente Donald Trump dio prioridad al envío de jueces a la frontera, varias nuevas contrataciones del Departamento de Justicia han sido asignadas a las tres cortes del área de San Diego, aumentando el número de jueces asignados de ocho a 13. Dos de esos jueces se destinaron a la corte en el condado de Imperial, que anteriormente estaba compuesta por jueces con sede en San Diego que escuchaban casos a través de videoconferencias.
El departamento también envió temporalmente a jueces de las cortes de otras partes del país para escuchar los casos en los centros de detención a lo largo de la frontera. La EOIR se negó a especificar cuántos jueces han sido trasladados a las tres cortes en asignación temporal.
El número de órdenes de deportación emitidas aumentó con el procesamiento más rápido. Orendain dijo que esto no solo se debe a que los casos se están moviendo más rápidamente. Las órdenes de deportación han incrementado, expresó, debido a que los abogados de Inmigración y Aduanas ya no pueden usar la discreción de la fiscalía para cerrar un caso y permitir que alguien se quede aquí. Antes de la orden ejecutiva de enero de Trump, dijo, esa era una manera de mantener a sus clientes en Estados Unidos si no tenían antecedentes criminales.
Orendain comentó que el procesamiento más rápido también puede dificultar todavía más el encontrar abogados para representar a los que están en el sistema.
Estudios han demostrado que las personas detenidas en inmigración son mucho menos propensas a tener abogados que las que no están detenidas, y tener un abogado es un factor importante para ganar un caso de inmigración debido a la complejidad de la ley de inmigración.
Desde que la administración Trump ha priorizado los casos de detención, esos se están moviendo rápidamente, y en algunos casos demasiado rápido como para que los abogados voluntarios puedan a llegar a ellos.
Elizabeth López, una abogada de inmigración que enfoca su trabajo en la Instalación Regional de Detención Imperial, dijo que tiene una lista de espera de clientes potenciales. Incluso antes de los cambios en la corte, López estaba preocupada porque no muchos abogados están dispuestos a hacer el difícil viaje a Calexico para trabajar con clientes detenidos allí. Ella no ha notado que vengan más abogados desde el aumento en el procesamiento.
“Estoy preocupada de que no voy a llegar a tiempo a sus casos”, dijo López. “No puedo hacer más”.
Un memorando emitido a los jueces de inmigración a fines de julio hizo más difícil obtener una continuación en un caso, expuso López. Si los solicitantes de asilo no tienen abogados antes de su turno en la corte, explicó, ellos tienen que averiguar el papeleo del asilo por su cuenta -una tarea casi imposible para aquellos con habilidades limitadas en inglés- o enfrentar la deportación.
López y Orendain están preocupados por un repunte en las deportaciones voluntarias, cuando los no ciudadanos aceptan abandonar sus casos y regresar a sus países de origen, eso ha ocurrido junto con el aumento general del procesamiento.
Las deportaciones voluntarias aumentaron en más de 200 por ciento en cada uno de los centros de detención. A nivel nacional incrementaron alrededor del 58 por ciento, y en la corte del centro de San Diego están arriba un 18 por ciento.
“La gente estaba desalentada”, expuso López. “Muchos de ellos se estaban dando por vencidos porque no querían quedarse en la instalación. Esto es lo que queremos decir cuando decimos que el sistema es inviable”.
Uno de sus clientes somalíes que ha estado detenido desde principios de febrero está dispuesto a abandonar su caso y volver a casa, dijo, porque sabe que no podrá obtener todas las pruebas de su caso de asilo para la fecha de su próxima cita en la corte. Obtener documentos de Somalia puede ser difícil, explicó, porque no hay sistema de correo allí y alguien tiene que llevar los documentos a Kenia o Etiopía para ser enviados. Encontrar una persona que haga eso tan solo haciendo llamadas de teléfono desde un centro de detención no es fácil, aclaró.
Matthew Holt, abogado de Mission Valley, dijo que también está preocupado por conseguir a tiempo documentos para sus clientes.
“Los no ciudadanos tienen mucho menos tiempo para preparar sus casos en lo que podría ser una decisión de vida o muerte”, señaló Holt. “Creo que tenemos algunos de los mejores jueces del país en San Diego. Pero creo que ellos esperan procesar los casos tan rápido que a veces es difícil salvaguardar el debido proceso”.
Los calendarios de los nuevos jueces no están tan llenos todavía como los de sus colegas, dijo, así que a veces él tiene algunas semanas para prepararse para la próxima fecha en la corte cuando solía tener meses.
El presupuesto de Trump para el año fiscal 2018 propone la contratación de 75 jueces de inmigración más.
Morrissey escribe para el U-T.
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