Comunidad y autoridades piden a minorías denunciar crímenes de odio

Denver (CO) — Comunidad, autoridades y dirigentes de Colorado pidieron a latinos, afroamericanos y minorías en general denunciar los crímenes de odio y se unieron para buscar estrategias ante el creciente número de casos que afecta al estado.

Por lo menos 230 crímenes de odio, en su mayoría contra afroamericanos (29) y latinos (20), pero también contra judíos, LGBT, minorías religiosas y blancos, se presentaron durante 2015 y 2016, según el Buró de Investigaciones de Colorado (CBI),

Sin embargo, las autoridades, grupos minoritarios y comunidad en general, que se reunieron esta semana para analizar el tema, señalaron que al no ser obligatorio denunciar estos casos, muchos quedan sin reportar.

Según cifras de junio pasado del Buró Federal de Estadísticas Judiciales (BJS), más de la mitad de los crímenes de odio nunca son reportados, por lo que el número real de incidentes en Colorado sería mucho mayor.

Entre las discusiones se baraja la necesidad de nuevas leyes de crímenes de odio, la implementación de un sistema para denunciarlos y nuevas medidas de ayuda para las víctimas y los testigos.

En el debate ha participado el fiscal federal interino de Colorado, Bob Troyer, la fiscal de distrito de Denver, Beth McCann, y representantes de otras agencias judiciales y policiales, así como dirigentes de organizaciones comunitarias.

“Victimizar a una persona sólo por pertenecer a un grupo en particular, como raza u orientación sexual, es decir, acosar, lastimar, intimidar o dañar propiedad de esa persona, es una actividad criminal que no será tolerada”, declaró e Efe McCann.

Animó a las víctimas “a reportar esos crímenes a las fuerzas del orden para que se haga justicia”.

Colorado ya tiene varios estatutos sobre crímenes de odio y en mayo pasado, el gobernador John Hickenlooper firmó una ley que incluye entre estos crímenes los cometidos contra la comunidad LGBT y contra personas incapacitadas.

También existen gestiones tanto a nivel local como estatal para imponer sentencias más duras para quienes sean convictos de crímenes de odio, ya que en la actualidad esas sentencias oscilan entre los 6 y los 18 meses de cárcel, con multas de entre 750 a 5.000 dólares.

Además, por lo general los fiscales se enfocan en otros elementos del crimen cometido y no sólo o principalmente en el aspecto de odio, por lo que la motivación del criminal se utiliza para aumentar la sentencia que deberá cumplir, pero no para determinar esa sentencia.

McCann dijo que resulta difícil determinar si un incidente es o no un crimen basado en los prejuicios o creencias del criminal contra un cierto grupo.

En algunos casos, depende de lo que la víctima haya sentido o vivido en el momento, En otros, depende de lo que la fiscalía o la justicia decidan.

Entre tanto, la abogada Neeti Pawar, de la Asociación de Abogados del Sureste Asiático en Denver, enfatizó que “el odio sigue subiendo y por esa tendencia también suben la violencia y los crímenes cometidos por odio”.

Señaló que se requieren “canales de comunicación y de confianza” que eliminen “la desconexión” entre el gobierno y los residentes.

“La gente muchas veces no sabe lo que realmente está pasando en su propio vecindario. Y los legisladores y la policía tampoco lo saben. Las estadísticas son erróneamente bajas y las leyes no se implementan adecuadamente como para reflejar el verdadero impacto que los crímenes de odio tienen en nuestras comunidades”, expresó.

La alternativa es que en cada denuncia de un crimen de odio “toda la comunidad trabaje junta, sin importar si la víctima es musulmana, sikh, árabe, afroamericana, LGBTQ, o judía”.

“El odio hacia cualquier de esos grupos es odio hacia todos nosotros”, afirmó.

Según el FBI, el 30 % de las víctimas de esos ilícitos son afroamericanos, seguidos por homosexuales (11 %) y musulmanes (10 %).