Juez niega privacidad de juicio para indocumentado que está en mira de Trump

Los Ángeles — Un juez del Tribunal Superior de California en Sacramento negó hoy la posibilidad de cerrar el acceso al público y a la prensa al juicio contra Luis Enrique Monroy-Bracamontes, un indocumentado acusado de asesinar a dos agentes del área en el 2014.

La defensa de Bracamontes, convertido en bandera insignia de Donald Trump para denunciar los crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados, argumenta desde el año pasado que la publicidad previa al juicio estaba poniendo en peligro el derecho de su cliente a un juicio justo; sin embargo, el juez Steve White, rechazó hoy la moción sosteniendo que los procedimientos deben permanecer abiertos.

El crimen, que sacudió el norte de California, ocurrió en octubre 24 del 2014, cuando un oficial intentó detener el auto en el que viajaba el inmigrante con su esposa, Janelle Monroy, quienes respondieron a balazos y desataron una persecución por varias horas traspasando varios condados.

Durante el enfrentamiento murió el alguacil de Sacramento, Danny Oliver, y el alguacil de Placer, Michael Davis Jr..

En su primer discurso frente al Congreso, el presidente Donald Trump invitó a los familiares de los dos agentes para poner el caso como un ejemplo del daño que causan los inmigrantes indocumentados y la instauración de las ciudades santuarios.

Según los récords federales, Bracamontes fue arrestado por posesión de drogas y deportado en 1997 y en el 2001 el inmigrante fue detenido nuevamente y expulsado a México.

El caso del indocumentado dio el nombre al proyecto de ley federal Davis-Oliver (HR 2431) que fue aprobado en mayo por el Comité Judicial del Congreso y que ayudaría a la Administración Trump en su plan para terminar con las ciudades santuario.

Ahora, la nueva estrategia de los abogados de Bracamontes sería la de lograr trasladar el juicio fuera de Sacramento, pero también la de someter una moción de no culpabilidad por razones de locura.

El inmigrante mexicano ha querido declararse culpable en varias ocasiones, ha pedido que lo ejecuten, ha amenazado a sus abogados e incluso soltó improperios en contra del juez.

El tribunal tendrá que dar en los próximos días su decisión sobre el traslado del juicio y de ser hallado culpable, Bracamontes enfrentaría la pena de muerte.