Pacientes de salud mental pasan cada vez más tiempo en cárceles de Colorado

Denver (CO) — Los pacientes con problemas de salud mental pasan cada vez más tiempo en las cárceles de Colorado y ese período de reclusión no hospitalaria sigue extendiéndose incluso para aquellos que no han sido acusados de crímenes, revelan estadísticas publicadas hoy por un grupo caritativo local.

Cada año un millón de personas de Colorado padecen de situaciones de desórdenes mentales o de adicciones a sustancias, sin que la mayoría de ellas reciba tratamiento adecuado, según la organización no lucrativa Mental Health Colorado.

Por eso, cuando la situación se transforma en una emergencia y a persona se convierte en un peligro para sí misma o para otros, la policía interviene y mantienen al paciente encarcelado hasta que se encuentre lugar en un hospital de salud mental o en un centro de desintoxicación.

Según la información provista, en 2016 el encarcelamiento promedio en Colorado de personas con problemas de salud mental era de casi dos días, por debajo del límite legal de 72 horas. Pero en la actualidad llega a 27 días, y se anticipa que para fines de este año llegará a los 50 días.

Esa situación sería el resultado del rápido crecimiento de la población de Colorado (más de medio millón en los últimos cinco años) sin que el sistema de salud mental local haya crecido proporcionalmente (sólo 543 camas en hospitales públicos y unas 1.300 en privados, la mitad de las necesarias para casos de emergencia).

Pero, según Rose Lawley, ajena al estudio pero con tres décadas de experiencia como terapeuta en México y en Estados Unidos, existe otro factor para explicar la situación carcelaria de personas con problemas de salud mental: la población ya no tiene los prejuicios que antes tenía.

“La gente ahora busca servicios para ellos y para sus familiares o amigos. Se ha progresado en la participación en servicios de salud mental. Hay mucha más información de la que había hace sólo diez años. Ya no es un problema hablar de salud mental porque la gente ya no es tan prejuiciosa”, comentó Lawley a Efe.

Por eso, para reducir el encarcelamiento prolongado de personas no criminales con problemas mentales, el pasado 18 de mayo el gobernador John Hickenlooper firmó la ley HB17-207, que crea un “sistema de respuestas a crisis de conductas” para que “ya no se usen las cárceles como una opción para situaciones de salud mental de emergencia”.

La ley, que entrará en vigor en agosto próximo, recibirá 9,5 millones de dólares de fondos del impuesto a la marihuana para su implementación.

Pero, según Lawley, “mientras la situación económica impida que las personas accedan a los servicios que necesitan”, las cárceles y las salas de emergencia seguirán alojando a personas con crisis de salud mental.