Crecen protestas contra recortes a “santuarios” y autoridades ratifican apoyo

Los Ángeles — Varios sindicatos y organizaciones de California protestaron hoy en diferentes ciudades del estado contra la orden ejecutiva del presidente Trump, que restringe ayuda federal a las ciudades y condados que se declaren “santuario para indocumentados”.

En paralelo a las protestas, algunas autoridades locales ratificaron su intención de no colaborar directamente en la aplicación de las leyes de inmigración para estimular a que los indocumentados denuncien los delitos que se cometen en sus comunidades.

En San Francisco, durante una protesta convocada por el Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU), los participantes señalaron que la orden administrativa del presidente Trump es “perjudicial para las comunidades más necesitadas”.

El sindicato anunció la presentación de una moción legal de apoyo a la demanda, establecida el pasado 31 de enero por la ciudad y el condado de San Francisco, contra la medida que recorta fondos federales a las localidades que no colaboren con las autoridades federales de inmigración.

Un evento similar en Santa Clara, que además de SEIU contó con la presencia de representantes de otros sindicatos como la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales (AFSCME), el Sindicato Internacional de Trabajadores Unidos de Alimentos y Comercio (UFCW) y Unite Here, entre otros, anunció una moción similar de apoyo a una demanda del condado de Santa Clara.

“La orden ejecutiva de Trump es una retaliación contra los residentes de Santa Clara y de otras jurisdicciones del país en violación de la constitución de los Estados Unidos”, dijo hoy Riko Méndez, jefe electo de SEIU 521.

De su parte, la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) anunció una protesta al final del día frente la sede principal del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles (LASD), para manifestarse contra la decisión del alguacil Jim McDonnell de oponerse al proyecto de ley SB54, que pretende convertir a California en “estado santuario”.

“En unos cuantos años todos estarán pensando en este momento como uno de los momentos más vergonzosos en la historia del país y van a preguntar en qué lado estuvo el sheriff”, declaró Pablo Alvarado, director ejecutivo de NDLON.

La medida conocida como “Ley de Valores de California”, presentada por el presidente encargado del Senado, el hispano Kevin de León, prohíbe la colaboración de todas las autoridades locales y estatales con las agencias federales de inmigración.

El alguacil McDonnell anunció su oposición a la iniciativa argumentando que permitiría que “delincuentes peligrosos queden libres” y llevaría a las autoridades a tener que hacer más redadas en las comunidades.

El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Charlie Beck, informó ayer que las denuncias por asaltos sexuales “en la comunidad hispana han disminuido un 25 %”, y lo atribuyó no a una reducción de los delitos sino al temor de los indocumentados para denunciarlos ante las autoridades.

En una reunión con la comunidad de Boyle Heights, de mayoría hispana, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, reafirmó que la ciudad es un santuario de protección para los indocumentados.

Garcetti indicó que ayer mismo firmó una orden ejecutiva para que ningún empleado o funcionario de la ciudad coopere con el Gobierno federal “en identificar, detener o deportar” a inmigrantes indocumentados.

Un análisis del Instituto de Política Pública de California calculó que en el 2014 en el Estado Dorado vivían entre 2,3 y 2,6 millones de indocumentados y que la mano de obra indocumentada representaba el 9 % del total de trabajadores del estado.