Esperan nueva embestida en Baja del Mar

TIJUANA/AFN — TIJUANA BC 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (AFN).- Unas 60 familias del desarrollo costero Baja del Mar, se preparan para un probable nuevo intento de desalojo, mientras trabajan en la contraofensiva legal para encarcelar a quien desea despojarlos de la propiedad, y a quien han acusado de cometer fraude procesal a fin de lograr su objetivo.

Mientras eso sucede y logran meter en prisión a Julio Antonio Ochoa Zepeda, la situación que han enfrentado durante al menos los últimos tres años es de incertidumbre y zozobra. “Imagínese. Un día llegaron a cambiar la chapa de mi casa diciendo que era propiedad de ese señor, afortunadamente ahí estaba mi esposa”, dijo el médico otorrinolaringólogo Roberto Farías, que vive ahí desde 1977.

“Lo que va a suceder es que va a pasar unos días o semanas y van a volver a hacer algo estas gentes, no se van a quedar así nada más”, dice preocupado el médico, quien diariamente viaje desde su casa en Rosarito hasta su consultorio en Tijuana.

Farías compró su propiedad en 1977 a un abogado llamado Roberto Vallín, y aproximadamente una década después llegó Julio Antonio Ochoa Zepeda, reclamando los derechos de la propiedad bajo el argumento de que Vallín le debía dinero. El conflicto se resolvió aparentemente de manera definitiva “y estuvimos tranquilos” pero hoy, Ochoa Zepeda ha vuelto a la carga.

Farías es uno de las aproximadamente 60 familias demandadas y afirma haber ganado el juicio en todas las instancias, luego de haber comprobado que sus documentos están en regla, sin embargo la gran sorpresa que se llevaron hace un par de semanas, fue el intento de desalojo por orden de un juez de Rosarito, que a su vez atendía un ordenamiento de un juez federal de Tijuana.

“Fue con un juez federal en Tijuana que malamente le recibió la demanda sin tener antecedentes, porque el juez de Rosarito siempre nos dio la razón y las sentencias eran a nuestro favor, pero el juez de Tijuana aceptó la demanda y obliga a juez de Rosarito a que nos desaloje y nos estamos defendiendo”, explicó Farías. Por esa razón decidieron acusar a Julio Antonio Ochoa no solo de fraude, sino de fraude procesal.

La mayoría de los demandados son norteamericanos en edad de jubilación, quienes se hallan bastante inquietos y preocupados por el futuro de los patrimonios que habitan mediante la vía del fideicomiso.

En los próximos días los colonos esperan tener un comité directivo, como parte del esfuerzo de organización para defender su patrimonio y actuar con rapidez ante cualquier nueva acechanza e intento de despojo.