Corte en EEUU: Juez no puede borrar antecedentes penales

NUEVA YORK/AP — Una corte federal de apelaciones dijo que no sería mala idea borrar los antecedentes penales de algunas personas que han sido rehabilitadas exitosamente, y recomendó que el Congreso examine la posibilidad.

No obstante, el Tribunal Federal de Apelaciones del Segundo Circuito revocó una decisión de un juez federal de Brooklyn para que se hiciera justo eso en favor de una trabajadora sanitaria que perdió trabajos constantemente después de que sus empleadores revisaron sus antecedentes penales y descubrieron un delito ocurrido en 1997 que la llevó a ser declarada culpable en 2001 por un fraude al sector de la salud. Ella cumplió una sentencia de cinco años en libertad condicional.

El panel de tres jueces de la corte de apelaciones de Manhattan señaló que el juez, John Gleeson, no tenía autoridad para borrar sus antecedentes penales en mayo de 2015 después de que ella argumentó que la condena le estaba impidiendo obtener o conservar un empleo como asistente de salud domiciliar.

En un fallo escrito por el juez Raymond Lohier del segundo circuito, el tribunal de apelaciones dice que su hallazgo de que Gleeson no tenía autoridad para borrar el antecedente penal “no dice nada sobre la capacidad del Congreso para proporcionar jurisdicción en casos similares en el futuro”.

La corte del segundo circuito indicó que el Congreso había hecho eso en otros contextos y “podría sopesar hacerlo nuevamente para ciertos delincuentes”, como la trabajadora sanitaria en cuestión en el caso de Brooklyn. Calificó la situación difícil de la mujer de Nueva York como desafortunada.

Gleeson había dicho que la mujer —quien está enlistada sólo como persona anónima en documentos de la corte— fue declarada culpable de “conducta delictiva menor”. Escribió que ella está entre 65 millones de estadounidenses con un antecedente penal que están sufriendo como resultado de ello.

“Su caso pone de relieve la necesidad de echar un nuevo vistazo a las políticas que dejan fuera a la gente de oportunidades sociales, económicas y educativas que necesitan desesperadamente para poder reinsertarse exitosamente en la sociedad”, señaló Gleeson.

La mujer nació y se crio en Puerto Príncipe, Haití, antes de llegar a Nueva York en 1983 a la edad de 24 años. Se convirtió en ciudadana estadounidense en 1989. Gleeson señaló que el delito ocurrió cuando la mujer estaba criando cuatro hijos sola con un ingreso mensual neto de 783 dólares.

Bernard Udell, un abogado de la mujer, dijo que él y su cliente están decepcionados y sopesan apelar ante el pleno del Tribunal Federal de Apelaciones del Segundo Circuito.

“Nosotros pensamos que teníamos una oportunidad”, comentó. “Sabíamos que había una posibilidad de que fuera revertido. Veremos cuál será nuestro siguiente movimiento”.