Niegan asilo a mexicanos que alegan que por parecer estadounidenses ricos están expuestos a la tortura

CALIFORNIA/EFE — Una corte federal de Los Ángeles negó ayer asilo a dos mexicanos que alegaban que en México estarían expuestos a tortura por pertenecer a un grupo social de “imputados estadounidenses ricos”.

La decisión fue tomada ayer por el Noveno Circuito de Apelaciones en California, después de revisar el caso de Juan Carlos Ramírez Muñoz y María Beatriz Francia Álvarez, alegando que no son elegibles para protección bajo la Convención Contra la Tortura.

Así, ni siquiera lucir como estadounidenses ricos constituyó un argumento válido para que los dos mexicanos puedan obtener refugio en el país y evitar su deportación.

En su petición, Ramírez y Álvarez aseguraron que los mexicanos que regresan a su país procedentes de Estados Unidos y tienen la apariencia física y los gestos de sus residentes muy a menudo son blancos de los criminales.

No obstante, el panel de tres jueces concluyó que los inmigrantes no demostraron que estas personas pertenezcan a un grupo o clase específica amenazada.

El fallo asegura que las pruebas presentadas por los peticionarios apuntan a los preocupantes hechos de violencia y secuestro en México, pero no se muestra específicamente que los criminales están apuntando a personas que lucen como estadounidenses o incluso individuos ricos.

Para Fernando Romo, abogado experto en inmigración, el caso y el fallo es un ejemplo de la complejidad de los casos donde se busca asilo político, refugio o amparo bajo la Convención Contra la Tortura.

“Cuando no existen las pruebas suficientes de las amenazas, se buscan argumentos que no son tan fáciles de probar, algo difícil de entender para los inmigrantes”, explicó.

La pelea legal de la pareja mexicana inició en el 2003 cuando un juez de inmigración les negó su solicitud de asilo.

Para el 2012, a Ramírez y Álvarez ya se les había negado cuatro veces la reapertura de su caso; sin embargo, la pareja que tiene dos hijos nacidos en territorio estadounidense, alegó que no se había considerado que pertenecían a un grupo perseguido, “imputados estadounidenses ricos”.

“El Noveno Circuito está diciendo que ellos (Ramírez y Álvarez) no son un grupo perseguido establecido, como las víctimas de violencia doméstica, los indígenas, la comunidad homosexual, etc”, indicó Romo.

Esta no sería la primera vez que una pareja de migrantes alega que corre riesgos al regresar a su país por el hecho de haber vivido en Estados Unidos.

En 2010, la corte de apelaciones también negó la solicitud de Bruno Delgado Ortiz y Verónica Vázquez Iñiguez, dos migrantes que alegaban que sus vidas corrían riesgo por ser “mexicanos que regresan de Estados Unidos” y que las autoridades de su país no hacían nada por protegerlos.

En este caso la corte argumentó que la clasificación no era un grupo de riesgo.

A pesar de que Efe intentó contactar a Kari E. Hong, abogada de Ramírez y Álvarez, no obtuvo respuesta inmediata.