Juez niega la solicitud del sindicato de policías de Los Ángeles de bloquear el mandato de vacunación

El miércoles, un juez denegó la solicitud del sindicato de policías de Los Ángeles de que bloqueara el mandato de vacunación contra COVID-19 de la ciudad para los agentes policiacos.

Habiendo rechazado la petición de la Liga de Protección de la Policía sobre una orden de restricción temporal, Mitchell L. Beckloff, juez de la Corte Superior de California, aún debe fallar sobre una solicitud relacionada de una orden judicial preliminar, que detendría el mandato de los oficiales mientras una demanda que el sindicato presentó contra la ciudad, sobre la implementación del requisito de la inoculación, sigue adelante. Una audiencia sobre la orden judicial está programada para el próximo mes.

El juez no explicó el razonamiento de su decisión en los registros judiciales disponibles en línea durante el jueves.

Según el mandato, todos los empleados de la ciudad, incluidos los oficiales de policía, deben estar completamente vacunados antes del 18 de diciembre, a menos que se les otorgue una exención médica o religiosa, y acuerden en el período previo a la fecha límite para someterse a pruebas regulares de coronavirus si no han sido inoculados. El sindicato pactó los términos del acuerdo con los funcionarios de la ciudad, pero luego demandó por su implementación, alegando que la ciudad negoció de mala fe, concluyó las negociaciones de manera anticipada y pasó de manera inapropiada los costos de las pruebas a los agentes.

Los funcionarios de la ciudad han negado los reclamos, indicando que el mandato se adhiere a las leyes laborales sobre negociación colectiva. La ciudad, argumentan, no tuvo más remedio que seguir adelante con el requisito de la vacunación y las pruebas dada la emergencia en curso que plantea el COVID-19, así como la necesidad de proteger tanto a los empleados de la ciudad como a las personas con las que entran en contacto.

La semana pasada, los comandantes de la policía de Los Ángeles comenzaron a entregar personalmente avisos a los oficiales no inoculados y a los empleados de la policía civil informándoles que, según el mandato, deben comenzar a pagar de inmediato por las pruebas requeridas hasta que se vacunen o reciban una exención médica o religiosa.

La ciudad está considerando solicitudes de exención de más de 2,000 empleados del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD por sus siglas en inglés). Esos empleados recibieron avisos junto con más de 1,000 personas que no estaban vacunadas ni buscaban una exención. Los agentes señalaron esta semana que alrededor del 78% del personal del departamento está al menos parcialmente inoculado.

Hasta el martes, solo tres empleados del LAPD se habían negado a firmar los avisos para reconocer los términos del mandato, lo que llevó a que fueran asignados a sus hogares en espera de procedimientos disciplinarios.

En su argumento a favor de una orden de restricción, la Liga de Protección de la Policía de Los Ángeles afirmó que los oficiales sufrirían un “daño irreparable” si no se detuviera el mandato, y que las afirmaciones de la ciudad de una emergencia carecían de fundamento.

El sindicato afirmó que “no existe una amenaza inminente para la salud y seguridad públicas, o la seguridad en el lugar de trabajo, al permitir que los agentes del orden público no vacunados, que utilizan cubrebocas, continúen interactuando con el público y otros empleados de la Ciudad, como lo han hecho durante casi 1 año y medio de la pandemia de COVID-19”.

Más de 3,200 de los 12,150 miembros del personal del LAPD se han contagiado del coronavirus, y han fallecido 11 de ellos. Decenas están en casa enfermos y en cuarentena esta semana, mientras que uno se encuentra en estado grave en el hospital. Los críticos de la policía han capturado rutinariamente videos de agentes sin cubrebocas en el campo y en las comisarías.

El sindicato también repitió las acusaciones de que la empresa que la ciudad contrató para administrar las pruebas que deben realizarse los oficiales no vacunados, que es copropiedad del comisionado de Pensiones de Bomberos y Policía, Pedram Salimpour, fue elegida de manera inapropiada y representaba “conflictos de intereses en el mejor de los casos”. Tanto la ciudad como Salimpour han negado cualquier irregularidad.

Los reclamos de un conflicto de intereses fueron una “pista falsa”, escribieron los abogados de la ciudad en documentos judiciales.

También indicaron que la solicitud del sindicato de una orden de restricción era incorrecta por motivos técnicos porque no se había buscado primero una resolución a través de la Junta de Relaciones con los Empleados de la ciudad, y no se había notificado adecuadamente a la ciudad de su demanda legal.

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