Mientras Villanueva critica el mandato de vacunación, el Departamento del Sheriff se queda atrás frente al LAPD en dosis aplicadas

Durante semanas, el sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, criticó el mandato de inmunización del condado para los empleados, diciendo que no obligará a sus oficiales a vacunarse.

Es una postura decididamente diferente a la adoptada por Michel Moore, jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), quien acordó hacer cumplir las reglas de vacunación establecidas por los funcionarios de la ciudad.

Y eso se nota en sus cifras de vacunación. Alrededor del 53% de los 16.070 empleados del Departamento del Sheriff (LASD), tanto juramentados como civiles, han recibido al menos una dosis de una vacuna, en comparación con el 74% de los 12.143 empleados del LAPD, según las cifras publicadas por cada agencia.

Villanueva afirmó tajantemente que el mandato desencadenaría un éxodo masivo. El martes dijo a los periodistas que alrededor de cien empleados más se jubilaron en el último año que el anterior, y que 238 trabajadores más se están transfiriendo a otras agencias o cambiando de carrera. Esas cifras incluyen salidas ocurridas antes de que se estableciera la orden del condado.

Sin embargo, no proporcionó evidencia específica de que los empleados hayan renunciado o se hayan jubilado anticipadamente debido a la exigencia de la vacuna, más allá de indicar: “La gente no está contenta con la orden de inmunizarse. Este repunte lo atribuimos al mandato de vacunación”.

Villanueva, quien reconoció que está vacunado, alentó a los miembros del departamento a inocularse, pero no cree que la gente deba ser despedida por negarse, ya que la cuestión debería ser una elección personal.

El martes, les indicó a los periodistas que “el riesgo colectivo no justifica este tipo de intrusión”. Quince miembros del Departamento del Sheriff han muerto de COVID-19, detalló.

Los expertos en políticas públicas afirman que, en todo el país, los mandatos fueron efectivos para vacunar a los empleados, incluso entre los grupos que se han resistido, además que la actitud “laxa” del sheriff está contribuyendo a los bajos números. “Algunas de las declaraciones son en realidad, en muchos aspectos, para llamar la atención y tratar de enmarcar esto en torno a las libertades personales, cuando en realidad su organización es un componente importante para la vida y el compromiso de la comunidad. Eso muestra que estas no son elecciones personales, sino opciones que impactan a otras personas”, destacó Richard Carpiano, profesor de políticas públicas en UC Riverside. “Realmente está alimentando mucho el sentimiento antivacunas”.

La postura del sheriff es parte de su estrategia más amplia de asumir posiciones cada vez más conservadoras que son ampliamente vistas como un esfuerzo por forjar una nueva base política a medida que se presenta a la reelección.

El lunes, Villanueva apareció en Fox News y le dijo al presentador Tucker Carlson que el mandato está provocando que los agentes abandonen el departamento y que, por ello, los homicidios aumentarán y los tiempos de respuesta aumentarán. “Sus prioridades están exactamente en el lugar correcto”, respondió Carlson, conocido por sus fuertes inclinaciones conservadoras y sus comentarios polémicos. Más tarde agregó: “Pero hombre ¿por qué no se postuló para gobernador?”.

En un comunicado, el martes, la supervisora del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, pidió a Villanueva que hiciera cumplir el mandato. “El asesino número uno de los agentes del orden en todo el país el año pasado ha sido el COVID”, afirmó. “En lugar de implementar el mandato de vacunas del condado de Los Ángeles (como todos los demás departamentos del condado lo han hecho, y con éxito), está exponiendo a un riesgo innecesario tanto a sus agentes como al público con el que se encuentran cara a cara todos los días. Lo que necesitamos del sheriff en este momento es liderazgo, por una vez”.

La supervisora Kathryn Barger expresó en un oficio que Villanueva “no dialoga para encontrar una solución”. “Estoy comprometida a apoyar y escuchar los fundamentos de nuestro sheriff para llegar al fondo de las dificultades y obstáculos que enfrentan para que podamos llegar a una resolución”, remarcó.

Los funcionarios del condado rechazaron las afirmaciones de Villanueva de que el mandato está provocando un éxodo masivo. Según Jesús Ruiz, un portavoz del condado de Los Ángeles, los funcionarios no notaron aumento en las jubilaciones o renuncias entre el personal juramentado desde que entró en vigor la política.

“No ha habido un alza en la deserción”, remarcó, y añadió que los funcionarios compararon los datos del año pasado con los de este mes cuando se implementó la política. “El nivel de deserción del LASD durante el año pasado fue ligeramente más bajo que la tasa general del condado”. Nueve empleados del sheriff se jubilaron en octubre, “lo cual no se considera un número alto”, remarcó.

Los funcionarios están enviando avisos a los empleados que aún no han cumplido con la política de vacunación. Estos tienen 45 días para hacerlo previo a que se puedan hacer acreedores a una suspensión de cinco días, y un mes después de eso antes de enfrentar el despido, pormenorizó Ruiz.

Hasta la semana pasada, 1.843 empleados del Departamento del Sheriff buscaban una exención médica o religiosa a la vacuna y 2.327 no estaban inoculados. Otros 3.444 no habían informado sobre su estado de inoculación, según un portavoz del condado.

La obstinación de Villanueva contrasta con la posición defendida por el jefe de la policía de Los Ángeles, Moore. Este último, quien no es elegido como Villanueva sino designado por los líderes de la ciudad, ha dicho durante meses que seguiría las reglas de vacunación establecidas por la ciudad después de las negociaciones con el sindicato de la policía y otras unidades de negociación colectiva.

El martes, afirmó ante la Comisión de Policía civil que el LAPD se estaba preparando para comenzar a hacer cumplir las reglas de la ciudad, aun si eso significaba marginar a cientos de oficiales, incluso mediante la creación de planes de contingencia para completar patrullas críticas y otros turnos.

Moore agregó que tuvo una reunión con los comandantes del departamento el martes por la mañana donde describió cómo entregarían personalmente los avisos de vacunación a cada oficial o empleado civil que permanezca sin inmunizarse o que se haya negado a proporcionar su estatus a la ciudad.

Esos avisos se entregarán en gran medida en los próximos dos días, señaló Moore, aunque es posible que algunos oficiales que están de licencia por un período más largo o lesionados no los reciban tan rápido.

Los avisos dictarán que los oficiales informen su estado de vacunación si aún no lo han hecho y que comenzarán a someterse y pagar las pruebas de COVID-19 regulares dentro de las 48 horas y hasta que tengan sus dosis aplicadas, lo cual debe ser en diciembre, o se les otorgue una exención médica o religiosa.

Los oficiales que no cumplan con los requisitos de informes y pruebas serán puestos fuera de servicio en espera de procedimientos disciplinarios y posible despido, mientras que a los empleados civiles se les retendrá su pago pendiente de revisión disciplinaria.

No estaba claro el martes cuántos oficiales del LAPD podrían ser destituidos de sus funciones, pero el número establecido para recibir un aviso representaba un porcentaje considerable de la fuerza, que hasta esta semana era de 9.473 oficiales juramentados y 2.670 empleados civiles.

De ellos, más de 400 empleados del LAPD, la mayoría de los oficiales juramentados, no habían informado a la ciudad sobre su estado de vacunación hasta el martes, y un poco más de 2.000 están intentando exenciones. Moore señaló que era imposible predecir cuántos agentes continuarían reteniendo su estado o rechazarían el nuevo régimen de pruebas después de recibir los avisos, pero esperaba que el número fuera pequeño. “Tengo la esperanza de que todos estos empleados se vacunen o celebren un acuerdo para aquellos que tengan la intención de presentar una exención”, comentó.

Aún así, en caso de que una gran cantidad de oficiales sean puestos fuera de servicio, Moore adelantó que ya están trabajando en las “contingencias”, incluidos planes para posiblemente cancelar las licencias, extender las horas de trabajo y modificar las asignaciones de los agentes que permanecen en servicio.

“Supervisaremos los resultados del servicio de estos avisos [y] tendremos contingencias para garantizar la dotación de personal necesaria en puestos críticos”, remarcó Moore.

Hasta la fecha, más de 3.200 trabajadores del LAPD han contraído COVID-19 y al menos 11 fallecieron. Una docena de oficiales contrajeron COVID-19 en la última semana. Dos permanecían hospitalizados hasta el martes y 80 empleados permanecían en recuperación domiciliaria.

Algunos oficiales querellaron a la ciudad por el mandato, y el sindicato de policías presentó una demanda por su implementación, incluido el requisito de que los oficiales no vacunados deban pagar sus propias pruebas antes de inocularse o de que se les otorgue la exención.

El redactor de The Times Luke Money contribuyó con este informe.

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