California inició cientos de investigaciones sobre el fraude de desempleo que involucra a prisioneros

SACRAMENTO — Un grupo de tareas de California, formado hace cinco meses para investigar solicitudes fraudulentas de desempleo que involucran a personas encarceladas, informó el lunes que hasta ahora se concretaron 68 arrestos y otras 1.641 investigaciones permanecen activas.

El reporte del grupo estatal se conoció después de que los fiscales locales advirtieran que se presentaron potencialmente decenas de miles de reclamos fraudulentos, que involucran a personas en prisiones y cárceles, y que podrían totalizar los $2.000 millones de dólares.

El gobernador Gavin Newsom pidió en noviembre pasado a los funcionarios estatales que formaran un grupo de tareas con fiscales federales y fiscales de distrito de distintos condados, que ya habían comenzado a investigar la presentación de reclamos indebidos solicitados a nombre de individuos encarcelados, incluidos algunos condenados a muerte.

Este lunes, la administración de Newsom dio a conocer una actualización sobre sus investigaciones, poco después de que la secretaria de Estado, Shirley N. Weber, informara que había suficientes firmas como para que la iniciativa de destitución del gobernador llegara a la boleta electoral.

“Esta asociación coordinada y dirigida entre el gobierno y las fuerzas del orden ha tenido mucho éxito hasta ahora en la detección e interrupción de los fraudes relacionados con el COVID-19”, señaló Mark Ghilarducci, director de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador, en un comunicado.

Algunos legisladores estatales siguen siendo críticos con Newsom y aseguran que el estado no actuó lo suficientemente rápido para detener el fraude en las prisiones. “Su respuesta a la escandalosa cantidad de estafas fue tan decepcionante que los mismos fiscales de distrito con los que ahora trabaja sabiamente comenzaron a tomar medidas enérgicas contra el fraude sin él”, señaló el lunes el asambleísta Jim Patterson (R-Fresno).

Antes de que el gobernador formara el grupo de tareas, nueve fiscales de distrito y un fiscal federal afirmaron, en noviembre pasado, que había indicios de la potencial presentación de decenas de miles de solicitudes fraudulentas a nombre de individuos en prisión, que no son elegibles para obtener beneficios de desempleo.

Algunos de los nombres que fueron utilizados incluyen al recluso de San Quentin Scott Peterson, quien fue condenado por matar a su esposa y su hijo por nacer, pero negó haber solicitado el seguro de desempleo.

Según los investigadores, algunos reclamos se presentaron a nombre de los convictos sin su conocimiento, pero han surgido varios casos en los que los reclusos coordinaron su accionar con amigos y familiares para presentar las solicitudes de desempleo fraudulentas.

Hasta fines del año pasado, la agencia estatal de prisiones se negó a compartir la información personal de los prisioneros, incluidos los números de seguro social, con el Departamento de Desarrollo del Empleo (EDD, por sus siglas en inglés) del estado para permitir que esta entidad los vinculara con las solicitudes de desempleo, pero los abogados determinaron más tarde que los datos podían compartirse.

El lunes, el Comité Laboral del Senado estatal aprobó un proyecto de ley de la senadora Shannon Grove (R-Bakersfield) que exige que la agencia penitenciaria comparta información con el EDD.

Según los funcionarios estatales, las fuerzas del orden en los grupos de tareas regionales entregaron 382 órdenes judiciales. Fueron presentados 94 cargos y se concretó el arresto de 68 personas que estaban fuera del sistema penitenciario.

En el sur de California, las agencias del orden afirmaron el inicio de 68 investigaciones desde agosto pasado, que involucraron 100 órdenes de registro y 23 personas acusadas, nueve de las cuales fueron arrestadas fuera de prisiones.

Ann Marie Schubert, fiscal de distrito del condado de Sacramento, señaló el lunes que la cantidad total pagada a los delincuentes podría llegar a los $20 mil millones, aunque el EDD informó que identificó cerca de $11 mil millones en el fraude, que incluye a personas que no están en prisión. “La magnitud del fraude contra el EDD en California es astronómica”, resaltó Schubert en un comunicado, emitido por la administración de Newsom. “Si bien hay mucho por hacer, se logró un progreso significativo no solo en identificar a quienes cometieron estos delitos, sino también para prevenir nuevos fraudes contra el EDD”.

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